IUC lamenta que el decreto de medidas urgentes en materia urbanística sea un “instrumento para la especulación”

Maquinaria en las coladas del barrio de La Laguna.

La Palma Ahora

Los Llanos de Aridane —

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Izquierda Unida Canaria (IUC) en La Palma lamenta que el decreto de medidas urgentes en materia urbanística para “la construcción o reconstrucción de viviendas habituales, aprobado la semana pasada por el Gobierno de Canarias, se convierta en un instrumento para la especulación”, informa en nota de prensa la formación de izquierda.

IUC rechaza que “no se haya tenido e en cuenta la opinión de los afectados, ni de sus representantes, bien sean asociaciones de vecinos o plataformas para la elaboración de la norma, como tampoco del conjunto de la ciudadanía, al tramitarse como decreto ley”.

“Consideramos que el decreto no plantea una solución de conjunto para la reconstrucción de las viviendas afectadas, sino una individual. El Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de los municipios afectados renuncian a la planificación urbanística de la reconstrucción”, dice.

“Al permitirse la construcción de nuevas viviendas en cualquier tipo de suelo (urbano, rústico de asentamiento, rústico común, rústico de protección agraria, rústico de protección paisajística), el precio del suelo rústico, sometido desde hace años a un encarecimiento del valor del metro cuadrado por la posibilidad de construir en él viviendas de uso turístico, se verá notablemente encarecido. De esta forma, solo una minoría podrá acceder a la compra de terrenos, en caso de no tenerlos ya, para construir una nueva vivienda”.

Además, añade, “se da la circunstancia de que no permite que los afectados que tuvieran parcelas en otros municipios de la isla con anterioridad a la erupción puedan construir su vivienda allí, manteniendo los mismos parámetros de edificación que tenían originalmente”.

Por otro lado, prosigue, “no entendemos cómo no tiene en cuenta el riesgo volcánico como factor a introducir en la nueva planificación territorial y urbanística de las zonas afectadas”.

“La norma incluye unos plazos de difícil cumplimiento para los ayuntamientos, como son la resolución de la solicitud en dos meses, y para los afectados, un plazo máximo de 18 meses para presentar una solicitud”, explica.

“En definitiva, no parece que vaya a resolver el grave problema de acceso a una vivienda para los afectados que perdieron su vivienda habitual como consecuencia del volcán. Sí que parece que permitirá un aumento del precio del suelo, en todas sus categorías, lo que servirá para que una minoría pueda hacer negocio con la tragedia de una parte de los vecinos y vecinas del Valle de Aridane ante la total inacción de los poderes públicos”, concluye.

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