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La capital es el municipio de la Isla con más vertidos al mar sin autorizar

El municipio de La Palma que cuenta con más puntos de vertidos sin autorizar es Santa Cruz de La Palma con cinco, seguido muy de cerca por Breña Baja con cuatro, que además no cuenta con ninguno autorizado, según se recoge en el censo de vertidos desde tierra al mar elaborado por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias.

El vertido más común en La Palma es el de agua residual urbana, representando el 76%, seguido de los vertidos de agua residual industrial, que suponen un 12%.

Los tipos de vertido que se han detectado en La Palma, atendiendo a las características del efluente, han sido agua salada (piscinas), agua residual urbana, agua residual industrial, agua residual urbana, industrial y salmuera.

El número total de conducciones de vertido censadas en La Palma es de 17, de las cuales cuatro son emisarios submarinos, 11 conducciones de desagüe y dos son instalaciones en DPMT.

El número de puntos de vertido autorizados es de tres. Sólo cuentan con puntos de vertido autorizados los municipios de Breña Alta, Santa Cruz de La Palma y Villa de Mazo, uno en cada municipio.

Se ha detectado que tres de los puntos inventariados en este censo vierten a zonas clasificadas como playa.

Entre los vertidos no autorizados, en el municipio de Tazacorte se marcan como puntos activos el emisario submarino y el aliviadero del Puerto; en San Andrés y Sauces se encuentran el emisario submarino de Puerto Espíndola y el vertido en el Barranco del Agua; Breña Baja registra el nuevo aliviadero de la estación de depuradora, el emisario submarino y el tanque de tormenta de Los Cancajos; en Santa Cruz de La Palma aparecen referenciados la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), el aliviadero de la EBAR, el emisario submarino de Maldonado, el nuevo aliviadero de la zona donde se localizaba el antiguo del Bar Canarias y una conducción de desagüe del Club Náutico.

El censo definitivo de Canarias recoge 393 puntos de vertido desde tierra al mar: 204 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 189 en la provincia de Las Palmas.

Un 87,02% se encuentra en funcionamiento, mientras que un 11,45% no está en funcionamiento, pero la conducción continúa existiendo y el vertido es susceptible de producirse si no se adoptan las medidas adecuadas para su condena o retirada.

Del total de puntos censados, 116 cuentan con autorización vigente, mientras que 277 no disponen de la misma, encontrándose en distintas situaciones desde el punto de vista administrativo: 39 se encuentran en fase de tramitación de la autorización; 17 son vertidos que en su momento contaron con autorización, pero ha vencido sin que haya sido prorrogada en plazo y los restantes 221 vertidos (56,23%) se corresponden con aquellos que nunca han solicitado la autorización o fue solicitada y denegada o la tuvieron y fue caducada por incumplimiento de la misma.

Por tipologías, el vertido más común es el de aguas residuales urbanas (56,74%), seguido del de aguas procedentes de piscinas (16,03%) y las salmueras procedentes de instalaciones de desalación de aguas salobres o marinas (13,23%).

En relación con la continuidad del vertido, el 54,45% se realizan de manera habitual, mientras que un 42,75% lo hacen en condiciones de excedencia o emergencia, es decir, con una frecuencia puntual y, en muchos casos, asociados a fenómenos climatológicos, ya que están constituidos, principalmente, por los aliviaderos, que únicamente pueden entrar en funcionamiento en momentos de lluvia.

“Conocer la situación real de los vertidos en Canarias ha sido uno de las prioridades de esta Consejería. Ahora que contamos con un mapa detallado, nuestros esfuerzos se centrarán en seguir ejerciendo las labores de inspección y sanción, que son las que corresponden al Gobierno de Canarias, y en asesorar a ayuntamientos y cabildos, que son las administraciones competentes en esta materia, en el proceso de tramitación de las debidas autorizaciones de vertidos”, señala la consejera.

En este sentido, cabe recordar que el pasado mes de diciembre la Consejería presentó a ayuntamientos, cabildos y particulares de Tenerife, La Gomera y El Hierro una guía explicativa elaborada por el Servicio de Contaminación de las Aguas para facilitar la tramitación de las solicitudes de autorización de vertidos y ha encomendado al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) el asesoramiento a los titulares para asegurar la correcta presentación de la documentación y solventar cualquier duda sobre la tramitación. En sucesivas reuniones a celebrar los días 11, 18 y 22 de enero se dará a conocer la guía a las administraciones de Gran Canaria y Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

Cada autorización de vertido desde tierra al mar contiene el correspondiente tratamiento de depuración y ha de ir acompañada de un Plan de Vigilancia y Control (PVC). Este tratamiento y los distintos grados de depuración dependen de factores como la aglomeración urbana o la mayor o menos sensibilidad del medio.

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