Marcha de 12 kilómetros por la sanidad pública
Varias decenas de personas han participado en la mañana de este viernes en la marcha blanca en defensa de la sanidad pública organizada por la Junta de Personal del Área de Salud de La Palma. Pocos, pero con una enorme conciencia social a la hora de denunciar las abusivas talas que se está realizando a los pilares básicos del Estado de Derecho. Los manifestantes contra los recortes han recorrido 12 kilómetros en pro de los servicios básicos y en demanda de una política presupuestaria más solidaria.
La marcha blanca se ha iniciado a las 09.00 horas en el Hospital General y, tras efectuar una parada en el Centro de Salud de San Pedro, en Breña Alta, ha recalado a las doce del mediodía en la sede de la Dirección del Área de Salud de la Isla situada en Santa Cruz de La Palma.
El periplo reivindicativo se ha desarrollado por uno de los arcenes de la carretera general de La Cumbre, aunque “en algunos puntos hemos cogido un atajo”, dijo uno de los participantes. A lo largo del recorrido han repartido octavillas donde se informa que “la crisis generada por otros la pagamos todos”, además de indicar la lista de derechos que, hasta ahora, “se han perdido” y los nuevos recortes que se prevén.
Al final, ante las puertas de la sede central del citado departamento de la Consejería de Sanidad, un portavoz ha leído un manifiesto de la Junta de Personal del Área de Salud en el que, en representación de los 1.300 trabajadores del reseñado sector asistencial público en la Isla, muestra “nuevamente” su preocupación por el futuro de la sanidad palmera“. Expone que, si bien la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, el pasado 10 de diciembre, señaló que los recortes para 2013 en este ámbito en La Palma serán de 300.000 euros, nosotros creemos que serán mayores, como ha sucedido este año”.
Consideran que “la única manera de hacer estos recortes será en los capítulos de contratación de personal y compra de material, lo que repercute y repercutirá en la calidad asistencial al paciente”.
También han denunciado “las medidas que se prevén”, entre las que citaron “la amortización de plazas” y “la privatización de servicios, como ya ocurre en otras comunidades”.
