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Investigan a un hombre de Mazo por colocar cepos-trampa en su terreno para perros

En la imagen, uno de los cepos metálicos.

La Palma Ahora

Villa de Mazo —

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Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en la isla de La Palma han instruido diligencias en las que investigan a un hombre de 55 años, vecino del municipio de la Villa de Mazo, por la colocación de cepos metálicos en una explotación agrícola de su propiedad. Informa el Instituto Armado en nota de prensa.

“El pasado día 20 del mes de junio, cuando dos cazadores que se encontraban legalmente entrenando a sus perros de raza podenco canario por la zona de Barranco Hondo, perteneciente a la Villa de Mazo, tres de ellos quedaron atrapados en sendos cepos, por lo cual sufrieron heridas en las patas”, explican.

“Tras conseguir liberar a los perros, grabaron imágenes de las trampas y de los animales y presentaron denuncia ante la Guardia Civil de Santa Cruz de La Palma”, indican. 

“Cuando los agentes del Seprona tuvieron conocimiento de los hechos a través de la citada denuncia, se presentaron en el lugar para comprobar los mismos y proceder así, a realizar la correspondiente inspección ocular. Sin embargo, la persona denunciada, propietaria del terreno donde se encontraban los cepos, se negó a facilitar la entrada a los agentes, por lo que la misma se llevó a cabo tras el correspondiente mandamiento judicial”, subrayan.

“Una vez reunidas las pruebas necesarias, los agentes del Seprona instruyeron diligencias en las que investigan al propietario del terreno donde se encontraban los citados cepos por un presunto delito contra la fauna, debido al empleo de artes e instrumentos no selectivos ni autorizados, así como por un delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad por negarse a facilitar la citada inspección”, recalcan.

“Por su eficacia destructiva, la tenencia, utilización y comercialización de cepos-trampa, se encuentran prohibidas según lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en la Ley 7/1998 de Caza de Canarias”, recuerdan.

Las diligencias instruidas ha sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Santa Cruz de La Palma y las denuncias administrativas se han remitido a las distintas autoridades gubernativas con competencia sancionadora.

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