La Audiencia Nacional paraliza las exhumaciones a petición de la Fiscalía
La Fiscalía se ha apuntado este viernes un tanto en su enfrentamiento con el juez Baltasar Garzón al conseguir que la Audiencia Nacional paralice la exhumación de los restos de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo hasta que decida si el magistrado es o no competente para investigar los hechos.
La decisión de la sala de lo penal -que según fuentes jurídicas consultadas en el tribunal viene a anticipar a la que se tomará sobre la competencia- no ha sido unánime, ya que cinco de los quince magistrados que han participado en el pleno se han mostrado a favor de rechazar la petición del fiscal y emitirán un voto particular discrepante.
Tras deliberar durante dos horas, la sala ha requerido a Garzón para que para que paralice “todas las actuaciones acordadas en el sumario 53/08 -abierto tras admitir a trámite las denuncias de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica- a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación”.
Y por si el juez entendiera que la apertura de fosas es imprescindible en este momento, el tribunal añade: “En particular, requerirle para que se paralicen las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres en tanto no se resuelva por esta sala de lo penal la cuestión de incompetencia planteada por el Ministerio Fiscal”.
El tribunal ha justificado su acuerdo en el “estricto cumplimiento” del párrafo segundo del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que “mientras no recaiga decisión (sobre la competencia), cada uno de los Jueces instructores seguirá practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia”.
Este precepto, no obstante, establece el procedimiento a seguir “cuando dos o más jueces de instrucción se reputen competentes para actuar en un asunto”, circunstancia que no se da en este caso, ya que ningún otro magistrado ha reclamado la causa a Garzón.
Además, la sala ha decidido estimar la petición de la Fiscalía sin consultar al resto de las partes personadas en la causa -las asociaciones denunciantes-.
En definitiva, el tribunal ha considerado que las exhumaciones “no son ni urgentes ni necesarias”, según han informado fuentes jurídicas, que han añadido que se ha actuado así porque, si finalmente se decide que Garzón no es competente para investigar los hechos, todas las actuaciones practicadas en la causa serían declaradas nulas.
En su petición, la Fiscalía había alegado, en este mismo sentido, que las diligencias ordenadas por Garzón podían causar “perjuicios irreversibles de difícil reparación” si la Audiencia Nacional decide que no es competente.
Aunque Garzón, en el auto del pasado 16 de octubre en el que asumió la competencia, ya autorizó la apertura de 19 fosas, el Ministerio Público sólo ha pedido la paralización de las exhumaciones después de que otro juez -Santiago Pedraz, que sustituye a su compañero, de baja médica- permitiera ayer su práctica en otros seis lugares.
Además de en un columbario de la basílica del Valle de los Caídos (Madrid), Pedraz autorizó exhumaciones en Villanueva de la Vera (Cáceres), el cementerio general de Valencia, los cementerios mallorquines de Porreres y Calviá y el de Aguilar de la Frontera (Córdoba).
Antes, Garzón había ordenado la apertura de fosas en Córdoba; Toledo (Parrillas), Burgos (Adrada de Haza, Valdenoceda y San Juan del Monte); León (La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo), Huelva (La Palma del Condado, Bonares y Niebla) Fuerte San Cristóbal (Navarra) y La Serna (Madrid).
El magistrado también había dado autorización para abrir la fosa situada entre Víznar y Alfacar, en Granada, en la que se supone que están los restos del poeta Federico García Lorca.
Por otra parte, la sala de lo penal del Tribunal Supremo ha archivado este viernes una denuncia por un delito de prevaricación interpuesta contra Garzón por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, que cuestiona la competencia del juez de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos.
El Alto Tribunal, en un auto en el que no entra en el fondo del asunto, no admite a trámite la denuncia debido a que quien la interpuso, el secretario general de Manos Limpias y ex dirigente del partido de extrema derecha Fuerza Nueva Miguel Bernard, no se ha personado en el proceso como querellante.
