Apuntes para la historia del movimiento de enseñanza en Canarias (I)

Las coordinadoras de enseñanza y los “representantes provisionales”

El 8 de enero de 1976, el periódico El Día publicaba el anuncio de aprobación de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Formación del Profesorado de EGB de La Laguna, autorizada el 24 de diciembre de 1975 por el gobernador civil. Tras aquella fórmula legal se escondía una necesidad mucho más profunda: disponer de un espacio para organizarnos cuando el franquismo daba sus últimos coletazos y comenzaba la transición democrática.

Culminaba así un año de reuniones clandestinas en las aulas de la Universidad de La Laguna y en pisos particulares, a los que accedíamos con prudencia ante la vigilancia constante de la Brigada de Investigación Social. La primera Junta Directiva estuvo presidida por Manuel Fernández Reyes, con Josefina Pérez González como vicepresidenta, Manuel Marrero Morales como secretario y Corpus Montero Larrión como tesorero. Fueron vocales Antonio Cabrera Expósito, Jesús-A. Coello Núñez, Wladimiro Raya Herrera, Carlos Bravo Sánchez, Francisco Aguilar Topham, María Blanca Gabaldón López y Humberto Ascanio Montesinos. En sus primeros meses, la Asociación alcanzó los 455 miembros.

Aquel movimiento venía gestándose desde el curso anterior, con las Primeras Jornadas de Educación, que reunieron mesas redondas y conferencias sobre Canarias. Queríamos comprender nuestra realidad a través de autores como Viéitez, Bergasa, J. Alemán y Carballo Cotanda, mientras leíamos a Bertolt Brecht, Marta Harnecker, Freire, Lenin, Marx, Marcuse y los escritores del boom latinoamericano y canario. Aquellos encuentros sociopolíticos y culturales tuvieron continuidad y desembocaron en la I Escuela de Verano de Canarias, celebrada del 5 al 11 de julio de 1978, incluidos sábado y domingo, sin subvención alguna, en la Escuela de Magisterio de La Laguna.

La coordinadora que impulsó las Escuelas de Verano nació con carácter nacional canario. En ella confluyeron fundamentalmente dos corrientes: la izquierda, con militantes y simpatizantes del PCE y otros partidos, y el nacionalismo, donde coincidían cristianos autogestionarios y sectores heterodoxos de izquierda. Nos separaban a veces largos debates, pero compartíamos objetivos. El ministro de la UCD Íñigo Cavero llegó a calificar las Escuelas de Verano de «sarampión pasajero». El tiempo demostraría lo contrario.

La Asociación fue también la cobertura legal para potenciar el Movimiento de Maestros, que actuaba paralelamente a las coordinadoras de «penenes» (PNNs) de la Universidad y de Enseñanzas Medias. Durante varios años, el profesorado no universitario compartió sede y multicopista con el Colegio de Doctores y Licenciados, en la calle de San Agustín de La Laguna.

En 1976, la organización y la presión del profesorado obligaron a abrir una primera vía de representación democrática. El ministro de Educación Carlos Robles Piquer convocó, durante el tercer trimestre del curso 1975-1976, elecciones a representantes provinciales del profesorado de EGB. En Las Palmas se acordó presentar a Manuel Meneses Fernández; en Santa Cruz de Tenerife, la asamblea eligió a Manuel Marrero Morales.

Todavía no se habían celebrado el referéndum constitucional ni las primeras elecciones generales y municipales. Por eso, aquella votación constituyó un ensayo democrático de enorme importancia: más de 100.000 maestros y maestras participaban en el primer proceso electoral de estas características dentro de su colectivo tras cuarenta años de dictadura. Con mesas electorales y actas de los resultados ante notario, con todas las garantías.

La candidatura unificada de Santa Cruz de Tenerife contó con José Francisco Martín Martín, Ángel Martín Falcón Domínguez y Rosario Oviedo Blanco, que apoyaron a Manuel Marrero Morales. Con modestos carteles multicopiados recorrimos Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, defendiendo un “cauce representativo, democrático e independiente”: que todas las voces fueran escuchadas, que cada maestro tuviera un voto y que las decisiones dependieran exclusivamente de los acuerdos colectivos del profesorado, sin subordinación a la Administración, los partidos políticos u otras organizaciones. Conviene recordar que los interinos ni siquiera tenían reconocido el derecho al voto en los claustros.

Los resultados publicados por La Tarde fueron contundentes: de los 1.860 votos emitidos, obtuvimos 1.245; Francisco Humberto Cabrera Alonso, del S.E.M., consiguió 440, y Florentino Sánchez Cid, 89. Hubo 52 votos nulos, 33 en blanco y uno para José Francisco Martín Martín. Como dato revelador de aquella época, los partidos políticos seguían prohibidos, salvo Falange Española, cuyo jefe provincial en Santa Cruz de Tenerife era precisamente el representante de la candidatura que quedó en segundo lugar.

De entre las cincuenta personas elegidas como representantes provinciales solo dos eran mujeres: Ofelia Díaz Muñoz (León) y Blanca Baños Gómez (Logroño). Había también representación de Ceuta y de Melilla; pero ya no había del Sahara Occidental pues se había entregado a Marruecos y a Mauritania en los Acuerdos de Madrid (14 de noviembre de 1975). De entre los cincuenta representantes, 33 éramos candidatos de las Coordinadoras y del movimiento asambleario, 15 eran del Sindicato vertical SEM (controlado por el régimen) y además, 4 que procedían de dicho Sindicato se adhirieron a los planteamientos de la representación de las Coordinadoras, pasando a ser 37 frente a 15. El Ministerio buscaba interlocutores válidos en cada provincia, pero buena parte del profesorado entendió aquellos cargos como provisionales, a la espera de una representación sindical o colegiada definitiva. Seguía abierto el debate sobre la forma de organización más adecuada.

El curso 1976-1977 fue trepidante: reuniones semanales de representantes de centros, asambleas semanales o quincenales y encuentros mensuales de coordinación en Madrid. Se preparaba una gran movilización. Aunque nuestros sueldos rondaban las 12.000 pesetas, la reivindicación económica no ocupaba el centro de la plataforma. Defendíamos la participación democrática, la estabilidad laboral de interinos y contratados, la igualdad salarial por igual trabajo, el rechazo al decreto de regulación de plantillas, la escolarización total y gratuita de los cuatro a los dieciséis años y una jubilación voluntaria a los sesenta años o con treinta de servicio, y obligatoria a los sesenta y cinco, siempre con el cien por cien de los haberes en activo.

Reclamábamos también formación permanente adaptada a las peculiaridades de Canarias, participación docente en los programas de enseñanza y en las disposiciones legales, decisiones de los centros compartidas por todo el profesorado, mayor atención a la infancia y un máximo de 28 alumnos por aula. El programa quedaba abierto a las sugerencias y peticiones mayoritarias del colectivo.

En octubre de 1976, el ministro Aurelio Menéndez convocó la primera y última negociación con los «representantes provisionales», celebrada en la sede del INCIE, en Madrid, donde nos encerramos desde el primer día. Allí estaba el germen de los Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza, que se agruparían inicialmente en la Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza, hoy STEs-Intersindical.

Pertenecí a su Secretariado Confederal durante los primeros veinticinco años. Como también lo hicieron en distintos momentos durante esos años Jorge Mendoza, Federico Roldán, Bernardino Ruiz, Pepe Navarro, Fernando Pérez, Esther García, Ricardo García… entre otros. Ahora, cuando el 4 de noviembre se conmemoran en Madrid los cincuenta años de aquel nacimiento, conviene recordar que los sindicatos de enseñanza no surgieron por concesión de nadie: fueron fruto de la organización, la participación democrática y la lucha colectiva de miles de maestros y maestras. Y, además, manteníanos y cumplíamos una máxima: nadie puede estar liberado más de 3 cursos.

Recuperar esta historia es reconocer a quienes, en condiciones difíciles, contribuyeron a conquistar derechos laborales y educativos y a construir una escuela más democrática. También es recordar que la independencia, la participación y la defensa de la enseñanza pública no fueron palabras vacías, sino compromisos que dieron sentido a todo un movimiento.