España condena el genocidio, pero su economía lo financia

La masacre en Gaza ha dejado más de 61.000 palestinos muertos desde octubre de 2023, en su mayoría mujeres y niños, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). Diversos organismos de Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, han señalado que las acciones de Israel constituyen un genocidio, con un patrón sistemático de destrucción de infraestructuras civiles, expulsión de la población y negación de ayuda humanitaria.

En este contexto, el gobierno español anunció el 8 de septiembre de 2025 un paquete de medidas para expresar su condena: embargo de armas, prohibición de tránsito de barcos y aeronaves militares israelíes, restricción de asistencia consular a ciudadanos en asentamientos ilegales, veto a la importación de productos procedentes de colonias, aumento de la ayuda humanitaria y refuerzo del apoyo a la UNRWA, además de un compromiso con la Autoridad Palestina.

Estas medidas marcan una posición política clara en defensa del derecho internacional, pero muestran a la vez los límites de la acción estatal cuando se confrontan con la realidad del sistema financiero global. Mientras el gobierno anuncia sanciones y condenas, gigantes financieros como BlackRock, PIMCO y Vanguard, con fuerte presencia en España, continúan alimentando con su capital el engranaje económico y militar israelí. BlackRock gestiona activos en España por valor de 69.000 millones de euros, con participaciones estratégicas en BBVA, Banco Santander e Iberdrola; PIMCO mantiene cerca de mil millones de dólares en bonos israelíes; Vanguard más de 500 millones. No se trata solo de papeles de deuda: son fondos que refuerzan directamente la capacidad militar de Israel. BlackRock es accionista de Lockheed Martin, fabricante de los cazas F-35 que bombardean Gaza; Vanguard financia a Elbit Systems, proveedora de drones y sistemas de vigilancia desplegados contra la población palestina; PIMCO está vinculada a Boeing y Northrop Grumman, responsables de munición y aviones utilizados en la ofensiva. Cada misil que destruye una escuela, cada dron que vigila a los desplazados, cada bomba que arrasa un hospital, lleva detrás una cadena de capitales que circula también por la economía española.

El poder de estas gestoras no se limita a su papel en la guerra. BlackRock es ya uno de los grandes propietarios invisibles en el mercado inmobiliario español. Ha adquirido carteras de viviendas, residencias de estudiantes y edificios completos en ciudades como Madrid y Barcelona. Sus operaciones impulsan la especulación y contribuyen a la subida de los precios, agravando la crisis de acceso a la vivienda. Es la misma lógica de concentración y desposesión: mientras en Gaza destruyen hogares con bombas, en España los vacían de derechos al convertirlos en activos financieros. La contradicción es evidente: un Estado que se declara solidario con Palestina y contra la violencia no puede ignorar que, a través de los mecanismos del capital financiero, parte de la riqueza generada en su territorio contribuye a sostener la maquinaria de ocupación y exterminio.

No basta con declaraciones diplomáticas ni con sanciones parciales. España debe actuar con coherencia, exigiendo desinversiones en empresas vinculadas al suministro de armamento y condicionando la actividad de fondos internacionales a criterios de derechos humanos, como ha reclamado reiteradamente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Se trata de garantizar que ni el dinero público ni el ahorro privado de la ciudadanía terminen participando en la financiación de un genocidio. La política exterior y la política económica no pueden caminar en direcciones opuestas.

Ante esta realidad, la presión social adquiere una importancia decisiva. La historia demuestra que las grandes transformaciones no nacen solo de decisiones gubernamentales, sino de la movilización popular. Si los sindicatos de clase en España convocaran una huelga general contra la financiación de la masacre, el gesto tendría un alcance político enorme. Sería una demostración de que la sociedad no está dispuesta a tolerar que los fondos que gestionan nuestros bancos y empresas participen en crímenes de guerra. Sería también una manera de evidenciar la hipocresía de un sistema que se indigna con palabras mientras sigue alimentando con dinero los mecanismos de destrucción. Una huelga general no sería solo un acto de solidaridad internacional, sino también de defensa de las condiciones de vida en España, porque enfrentarse al poder de BlackRock, PIMCO y Vanguard implica también plantar cara a la especulación sobre la vivienda y la precarización económica que estas mismas gestoras imponen aquí.

La coherencia exige valentía. España no puede permitirse limitarse a condenar el genocidio en foros diplomáticos mientras tolera que se financie desde dentro de sus fronteras. La responsabilidad es doble: con la población palestina que resiste bajo las bombas y con la ciudadanía española que sufre las consecuencias de un modelo económico dominado por fondos que priorizan la rentabilidad sobre la vida. Romper esa cadena es una tarea urgente y posible, siempre que sociedad y Estado actúen con la misma convicción.

No basta con condenar el genocidio: hay que dejar de financiarlo.