Primer pleno del estado municipal en 7 años
Es una obligación legal pero desde hace siete años el Ayuntamiento de Santa Cruz ha eludido convocar el pleno sobre el estado del municipio que debe celebrarse cada ejercicio excepto en los que haya una elección.
El último tuvo lugar en 2006 y el entonces alcalde, Miguel Zerolo, aprovechó para dar por concluida una supuesta crisis económica por la que aseguraba había atravesado la capital tinerfeña. Aquellas palabras tuvieron poco de proféticas o mucho de maldición, porque justo a partir de aquel momento se ha vivido la peor recesión recordada en décadas, hasta el punto de que en 2009 se declaró la ciudad en situación de emergencia social.
En todo el mandato anterior que abarcó desde 2007 a 2011, Zerolo no cumplió con la obligación de celebrar este pleno ni en una sola ocasión, pese a que fue insistentemente solicitado por la oposición integrada por el grupo municipal socialista y Ciudadanos de Santa Cruz.
Hasta sus entonces socios de gobierno, el Partido Popular (PP) también intentaron convencerle sobre la conveniencia de que tuviera lugar este pleno. Pero fue imposible.
Ahora el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha optado voluntariamente por retomar el hilo perdido en 2006 y en la mañana del viernes desde las nueve horas los concejales podrán someter a debate los cerca de dos años que Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista Canario-PSOE llevan gobernando juntos.
Irregularidades del padrón
Los asuntos candentes serán sin duda la situación por la que atraviesa el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz que no acaba de ser aprobado de forma definitiva. Y en ese mismo punto entra el fuera de ordenación que generó crispación en el tramo final del último mandato pero que todavía sigue siendo objeto de discusiones.
La privatización de Emmasa, anulada por los tribunales a través de una sentencia que nadie sabe cómo cumplir y las sanciones por las subcontratas ilegales, será otro de los puntos principales del debate, al igual que la situación que atraviesan los servicios sociales municipales. Otros asuntos heredados del pasado son, por ejemplo, la restitución de la legalidad en todo el ámbito de Las Teresitas con obras paralizadas, las causas penales del mamotreto y del caso que lleva el nombre de la playa y un sinfín de fallos en lo contencioso administrativo que no se acaban de cumplir.
Y otro tanto ocurrirá con el Parque Marítimo que vuelve a ser objeto de polémica por los intentos del grupo de gobierno de privatizar once negocios y convertirlo en uno de los principales núcleos de ocio de la ciudad. Precisamente, el coste económico y político que representa para la actual mayoría las causas judiciales abiertas y las perdidas les hace vulnerables a las críticas de la oposición.
Como cuestiones nuevas se pondrán sobre la mesa las irregularidades detectadas en el padrón municipal y las consecuencias, tanto políticas como económicas, que de ellas se derivan.
Más de 80 propuestas de la oposición
Los dos concejales de Sí se puede, Pedro Arcila y Asunción Frías, presentarán nada menos que 82 propuestas de resolución cuyo objetivo, según indican, “es formular un nuevo modelo de ciudad más solidario y participativo”. Para ello propondrán reducir el presupuesto dedicado a fiestas, los gastos superfluos, la unificación de organismos autónomos y una bajada de los sueldos de los políticos en hasta un 40%. En materia de urbanismo se quieren impulsar los planes especiales de los conjuntos históricos.
