La Asociación Canaria de Neuropsiquiatría dice que el Plan de Salud Mental presentado por el Gobierno da “migajas”

El plan de Salud Mental 2018-2023 presentado por el Gobierno canario es más bien una estrategia, a juicio de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, que este sábado ha reclamado una acción decidida y no “migajas para acallar reivindicaciones” en materia de salud mental.

Esta asociación ha hecho público un escrito en el que presenta 16 medidas para un plan de acción en salud mental, y en el que critica el que ha presentado el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, porque, entre otras cuestiones, dice, se trata de un conjunto de medidas sin plazos de ejecución.

Además, la propuesta de la administración autonómica carece de una estimación de los profesionales por categorías que serán necesarios para llevar a cabo la propuesta, indica la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, que también critica el retraso en elaborar el plan, que se presenta “a última hora” y para su ejecución se proponen seis años y no los cuatro previstos.

Asimismo, critica que “ante las presiones de ficha financiera improvisa un incremento del 26% para la atención a la salud mental para ejecutar en este tiempo, lo que parece una tomadura de pelo a los ciudadanos y a los profesionales”.

La asociación destaca que salud mental “no requiere unas migajas para acallar las reivindicaciones; requiere una acción decidida del Gobierno canario ante la situación que padece nuestro pueblo con tasas de suicidio por encima de la media nacional en los últimos años y alto consumo de psico fármacos y altos niveles sociales de vulnerabilidad”.

Afirma que el plan presentado “pretende abrir camino para la concertación con la medicina privada que está contenido como un principio, será por el raquítico presupuesto que al parecer van a asignar, si las fuerzas políticas en el Parlamento no lo corrigen, mientras los derechos humanos no se recoge como un principio”.

Agrega que tampoco “se establece una metodología para la priorización de los problemas. Ni tampoco democratiza la toma de decisiones en el SCS”.

Y en este proceso, afirma, “se han saltado las consultas a los órganos del SCS como la Comisión Asesora de Salud Mental o los Consejos Insulares de Rehabilitación Psicosocial, la intersectorialidad, esencial en el ámbito de la salud mental”.

La Asociación Canaria de Neuropsiquiatría exige un plan de acción inmediato que incluya dieciséis elementos, uno de los cuales es una ficha financiera anual para ser factible la ejecución de objetivos y acciones, o bien fijar el incremento de porcentaje anual de presupuesto para la salud mental entre el 5% y el 10% del presupuesto de sanidad.

La segunda propuesta es que haya prioridades anuales de cada acción con sus criterios de impacto para cada año de vigencia del plan, mientras que la tercera es completar la red de Infanto-Juvenil de acuerdo al Programa de Salud Atención Infanto-Juvenil de 2006.

El cuarto elemento es la retirada del decreto del Consejo Insular de Rehabilitación Psicosocial y Acción Comunitaria (CIRPAC) que prepara el Gobierno y que sea debatido en los consejos, y el quinto es incluir en los órganos de funcionamiento del SCS a las coordinadoras insulares de salud mental con presencia obligatoria de las gerencias hospitalarias y reconocer estos órganos como decisorios de las políticas insulares.

La sexta propuesta es incluir los cálculos de las ratios de los profesionales, así como el número de plazas clínicas y de rehabilitación, y la séptima crear una gerencia única en salud mental en cada área de salud con participación de asociaciones de ciudadanos y profesionales interpares.

La octava es un pronunciamiento contra el tratamiento ambulatorio involuntario, mientras que la novena es establecer como objetivo central del plan la defensa de los derechos humanos de los pacientes, y la décima abolir toda referencia a la gestión privada de los recursos sanitarios públicos en la atención psiquiátrica.

Otros elementos de su propuesta son promover una red única de atención en salud mental con inclusión de la atención a las drogodependencias, reducir las tasas de suicidio en Canarias con la movilización de recursos de seguimiento de población de alto riesgo, y promover programas de cuidados en situación de riesgo en los traumas en la infancia, a parados de larga duración y a las mujeres por violencia de género.

También pide promover en las políticas públicas de vivienda y empleo el acceso de las personas con TMG, constituir una comisión permanente para planificar y ejecutar las estrategias, y hacer una relectura de los decretos de prestaciones y servicios.