Canarias pide cogestionar el ingreso mínimo para aplicar complementos de la renta canaria

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha asegurado este martes que ha pedido al Estado la cogestión del ingreso mínimo vital porque eso, ha alegado, permitiría aplicar varios complementos previstos de la renta canaria.

Durante su comparecencia en el pleno del Parlamento de Canarias, a instancias del Grupo Nacionalista, para abordar las cifras de pobreza infantil en el archipiélago, Delgado ha recordado que hay negociaciones con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones “para ver la manera de ayudar en esa cogestión”.

Ha indicado que si 12.828 personas que perciben la renta canaria cobraran el ingreso mínimo, se podría dedicar esa cantidad al pago de complementos al trabajo, la vivienda, o al itinerario de acompañamiento e inserción laboral.

La consejera ha informado asimismo de que ha solicitado al Gobierno de España un aumento de las partidas destinadas a Canarias del fondo estatal de lucha contra la pobreza y que el Ministerio “lo está estudiando”, y aunque se prorrogarán los presupuestos generales de 2023 ha dicho que existen “múltiples acciones” para llevarlo a cabo.

Candelaria Delgado ha indicado que a pesar de la mejora con respecto al anterior informe AROPE sobre pobreza y exclusión social, el de 2015, Canarias no ha vuelto a los niveles previos a “la gran recesión”, mientras que hubo un empeoramiento de los datos de las familias con menores a cargo, mientras que a nivel estatal mejoraron.

En vista de que más de un tercio de la población canaria está en riesgo de pobreza y exclusión social, y que en la franja de edad hasta los 18 años esa tasa se eleva al 47,8%, ha señalado que “la situación no es buena, hay que reconocerlo”.

También ha concluido que los llamados “escudos sociales” aplicados en la pasada legislatura “no han sido suficientes”, con lo cual se necesitan articular otras medidas desde un enfoque multidimensional e integral que implique a diferentes departamentos del Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos.

En tal sentido, ha explicado que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias ha incluido en el Fondo Social Europeo un programa de lucha contra la pobreza infantil dirigido a menores tutelados y en situación de desprotección con riesgo de aplicación de medidas de amparo.

Dotado con 8 millones de euros, el plan incluye una serie de programas sobre la prevención de riesgos psicosociales y de situaciones de desamparo, de promoción de la paternidad positiva o de acompañamiento en el acogimiento familiar.

Delgado ha enfatizado que Canarias cuenta con la ley de servicios sociales y con la entrada en vigor de la renta canaria de ciudadanía, que son “la base” de la labor que queda por desarrollar para erradicar los altos índices y la cronicidad de la pobreza en las islas, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

Tanto los grupos que apoyan al Gobierno regional, CC, PP, ASG y AHI, como los de la oposición han saludado las medidas anunciadas por la consejera, aunque la diputada socialista Elena Máñez ha pedido que estas “no sean aisladas” y, sobre todo, que se plasmen en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Natalia Santana (Nueva Canarias) las ha juzgado insuficientes y ha reivindicado las políticas sociales de la anterior legislatura.

La nota discordante la ha puesto la diputada de Vox Marta Gómez, quien ha vuelto a reclamar que “mientras haya un solo canario” en situación de pobreza no debe haber ayudas para las personas migrantes irregulares, que tienen cubiertas sus necesidades de “alojamiento, comida, ropa y móvil”.

“Primero el canario, segundo el canario y por último, el canario”, ha proclamado Gómez, a quien la diputada nacionalista Vidina Espino ha replicado: “Primero, niños y niñas, segundo, niños y niñas, y tercero, niños y niñas, vengan de donde tengan y tengan el color de piel que tengan”.

Espino ha juzgado “insoportable” el dato de familias canarias con menores a cargo en riesgo de pobreza y exclusión, el 43,7% del total, y ha indicado que rebajar estos índices “debe ser una prioridad absoluta” del ejecutivo regional.

Lo cual, ha dicho, pasa por generar empleo “digno y de calidad”, por una mejor educación y cuidado de la salud física y mental de los menores, así como garantizar su derecho a una vivienda.

La diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha planteado la instauración de una prestación universal de crianza, que ya existe en 20 de los 27 estados miembro de la UE, y a nivel regional, la aprobación de un plan específico contra la pobreza infantil.