Los desmaquillantes Deliplus que provocaron el 'caso Generales'
Los generales destinados en Canarias se han tomado la condena a la esposa del general de División Francisco Martín Alonso como una cuestión de honor. No pasan por la humillación de que un inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía haya conseguido detener a la mujer y que, producto del delito contra la seguridad vial que cometió, terminara condenada a cuatro meses de prisión y la pérdida del carné de conducir durante un año. Ni pasan porque una fiscal lograra que la imputada aceptara una condena de conformidad ante su propio abogado.
El generalato canario intentó reconducir la ofensa por las buenas, con una carta enviada el pasado 2 de julio por el general de División de la Zona de Canarias Miguel Martínez García, responsable máximo de la Guardia Civil, a la jefa superior de Policía. “Estimada amiga Purina”, escribió Martínez de su puño y letra bajo los membretes oficiales del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil, “estoy seguro de que tomarás las medidas apropiadas con el personal implicado, así como para que, en lo sucesivo, no se repitan actuaciones tan negativas para las relaciones de nuestros dos Cuerpos”.
Pero a la vista de que la respuesta de la Policía y de la Delegación del Gobierno ha sido ponerlo todo en conocimiento de la Dirección General, en Madrid, el generalato ha optado por el plan B, consistente en hacerse con los servicios del abogado Eligio Hernández, que ha recibido dos encargos. El primero, tratar de anular por cualquier método a su alcance (sólo le queda el recurso de amparo ante el Constitucional) la sentencia condenatoria que la mujer aceptó en el Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria, y en segundo lugar, querellarse contra el policía que detuvo y denunció a la infractora condenada. Hernández confirma el primer encargo pero niega el segundo alegando que él “nunca” se querellaría contra un agente del orden. Sin embargo, la querella contra el inspector jefe, firmada por un administrativista de Madrid, se parece muchísimo al recurso que el letrado herreño interpuso sin éxito contra la condena.
Todo por unas toallitas desmaquillantes y otros productos cosméticos de la marca blanca de Mercadona, Deliplus. La mujer del general declaró ante el juzgado que todo ocurrió aquel día 25 de junio cuando salió de su trabajo en el colegio Heidelberg para buscar el barrio de El Batán, donde hay un supermercado de aquella bandera comercial. Alguien debió dar unas explicaciones horrorosas a la conductora, porque llegó conduciendo el coche de su marido, un Audi A6 azul marino, al menos hasta Tafira Baja, concretamente hasta la rotonda que se encuentra en lo que tradicionalmente se llamó la vuelta del Medio Pañuelo.
De manera absolutamente sorprendente, la mujer tomó un carril casi imposible de tomar: se encuentra flanqueado por dos enormes discos de dirección prohibida, y acotado por una hilera de pivotes verdiblancos que señalan la reducción de la vía hasta ese único carril, en sentido Las Palmas-Tafira, que desemboca en esa rotonda.
Sin embargo, el general de la Guardia Civil sostiene en su carta a la jefa superior de Policía que “los agentes conocían la defectuosa señalización de la zona”, lo que unido a la consideración de “error inintencionado” que cometió la esposa de su colega, le llevan a concluir que “el asunto debía haber terminado ahí o con la formulación de una denuncia administrativa”.
Tras tomar ese carril, la esposa del general llegó circulando en dirección prohibida hasta un poco antes de la antigua fábrica de tabacos de La Favorita, cruzándose por el camino con varios automovilistas que hacían sonar sus bocinas para llamar la atención sobre la actitud kamikaze de la conductora. Según la declaración prestada por ésta en comisaría y en el juzgado, ella respondía a esos bocinazos con otros bocinazos, creyendo que los equivocados eran los demás.
Hasta que, en una curva cercana, la conductora se topó de frente con dos coches que circulaban casi en paralelo, en plena maniobra de adelantamiento. Un conductor previno al otro y terminaron todos haciendo maniobras de escapatoria para evitar una colisión que pudo ser fatal. La mujer negó ante la fiscal y la juez que circulara a 80 ó 90 kilómetros por hora, como aseguraban los dos testigos, velocidad suficiente para producir una tragedia si a ello se suma la de los coches contrarios. Sí reconoció que, de haber impactado, “podrían haberse matado”.
El inspector Belda, que realizó un giro violento con su coche para evitar la colisión, reaccionó de inmediato movilizando el coche de la conductora y llamando al 1-1-2 para que acudiera la Policía Local o la Guardia Civil. Pero curiosamente quien primero aparece es un teniente coronel del Ejército, que trata de calmar los ánimos del policía reduciendo el incidente a una infracción de tráfico y, a su vez, tratando de alejar del escenario a la infractora y a su coche. Es un subordinado del general Martín Alonso, al que había telefoneado su esposa con su móvil una vez reaccionó tras quedar aturdida tras el incidente.
Los dos motoristas de la Guardia Civil que instruyeron el atestado e hicieron la prueba de alcoholemia a la conductora tardaron 45 minutos en llegar, un lapso enorme si se tiene en cuenta la cercanía del acuartelamiento y la importancia corporativa del suceso. Los agentes trataron de hacerse cargo de la instrucción, pero Belda se opuso y pidió a los suyos que detuvieran a la infractora. El teniente coronel del Ejército llegó a dar órdenes a los agentes de Tráfico, según testigos presenciales, en el sentido de que se despejara aquella situación de inmediato, siempre en favor de la gestión por parte del instituto armado.
La prueba de alcoholemia dio negativo, pero nadie hizo a la conductora una prueba de tóxicos, por si pudiera estar bajo los efectos de algún tratamiento médico. Ella lo ha negado siempre, y la Guardia Civil alegó que no portaba el material reactivo adecuado para hacer una prueba de saliva. El resto fue puro trámite judicial: personada la detenida tres días después en un juicio rápido, la fiscal emitió un informe de comisión de delito y ofreció a la imputada una condena de conformidad con reducción de un tercio de la condena prevista en el Código Penal. La conductora aceptó en presencia de su abogado: cuatro meses de cárcel con suspensión condicional por ausencia de antecedentes, y doce sin carné.
Todo está ahora en manos del juez Tomás Martín, titular de Instrucción 3, que tiene ante sí la decisión de admitir a trámite la querella de la conductora contra el inspector Belda por detención ilegal o, dada la gran cantidad de documentación recabada, deducir testimonio para investigar si alguna autoridad ha cometido algún delito. O ambas cosas a la vez.
