La fuga de dos diputados de Coalición Canaria y la ausencia de uno del PP frustran la primera junta de control de RTVC

La fuga de dos diputados de Coalición Canaria y la ausencia por enfermedad de uno del Partido Popular que no delegó su voto fueron determinantes para que la primera junta de control de Radio Televisión Canaria no alcanzara los 36 votos necesarios para ser elegida por el Parlamento de Canarias en la segunda votación, celebrada este miércoles en la sede de Teobaldo Power. El PSOE, que verificó el día anterior, en la primera votación, que Coalición Canaria no iba a respaldar la elección de Francisco Moreno como director general (es el actual administrador único) decidió abstenerse nuevamente.

El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, intentó sin éxito desde la semana anterior que el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, levantara al grupo parlamentario nacionalista la orden de abstenerse para que ambas formaciones, el PSOE y CC, las mayoritarias en la Cámara, votaran favorablemente tanto a la junta de control como a la elección de director general.

De este modo, la votación de este miércoles (33 síes, 10 noes y 26 abstenciones), sin que se alcanzaran los 36 votos favorables de la mayoría absoluta, impidió la elección y hace decaer el procedimiento por completo. A Coalición Canaria, el PP, Ciudadanos y la Agrupación Socialista Gomera -única fuerza del cuatripartito que mantuvo el voto positivo- le faltaron justo los tres votos que representan las dos fugas que hubo en las filas nacionalistas y la ausencia del parlamentario herreño del PP Juan Manuel García Casañas, que no compareció alegando enfermedad, pero tampoco delegó su voto. Por lo que respecta a las fugas de CC, se barajan tres nombres. Uno de ellos se da por seguro: Juan Manuel García Ramos, presidente del Partido Nacionalista Canario, que jamás ha ocultado sus diferencias con uno de los candidatos de Coalición Canaria a la junta de control, Francisco Pomares. Los otros dos nombres que circulaban este miércoles en la Cámara sobre posibles fugados eran el de Lucas Bravo de Laguna, independiente en las listas de CC, y David de la Hoz, dirigente nacionalista en Lanzarote bastante crítico con algunas de las políticas que ejecuta la dirección de su partido, en particular la mediática.

Fue la presencia de Francisco Pomares en la lista de candidatos a integrantes de la junta de control la que, a la postre, ha hecho saltar por los aires su elección. Inicialmente fueron los grupos parlamentarios de Sí Podemos y de Nueva Canarias los que le pusieron la proa tras descubrirse la denuncia pública de dos productoras de televisión vinculadas al periódico Diario de Avisos de que el periodista había presuntamente falsificado unos certificados presentados a la Universidad de La Laguna en 2014 para acceder a una plaza de profesor. En esos documentos se certificaba que Pomares había sido directivo de una de esas productoras y activo guionista de varios de sus formatos televisivos y cinematográficos, lo que según la versión de los que aparecían firmando las certificaciones era completamente falso.

El escándalo ha ido creciendo en intensidad a pesar de que la Universidad de La Laguna decidió que la autenticidad o no de esos certificados no influyó en la elección de Pomares como profesor de Periodismo y de que el interesado hiciera pública una pericial de parte en la que se garantizaba que una de las firmas que aparecían en uno de los documentos era auténticamente de su propietario. Las productoras han puesto el asunto en manos de los juzgados de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife.

Tras el rechazo de Sí Podemos y Nueva Canarias a Pomares el asunto se enquistó en el Parlamento. Frente a un recurso de la formación de izquierdas para que se permitiera votar la lista de la junta de control miembro a miembro, para rechazar al periodista, la Mesa de la Cámara resolvió aceptar el dictamen contrario de los servicios jurídicos sin la presencia de la vicepresidenta primera, Esther González, de Nueva Canarias, lo que ha provocado más tensiones y algún que otro escrito de recriminarte. Los servicios jurídicos de la Cámara se han mantenido en sus trece y el asunto también amenaza con llegar a los tribunales.

A última hora de la tarde del miércoles en la Mesa del Parlamento había serias dudas acerca de qué va a pasar a partir de ahora. Porque, en primer lugar, habrán de ser los grupos parlamentarios los que tomen la iniciativa, si realmente desean volver a intentar, en las actuales circunstancias, designar junta de control de RTVC. La ambigüedad de la ley que rige para el ente público no aclara del todo si el decaimiento de la iniciativa impide que los grupos parlamentarios puedan volver a presentar a las mismas personas como candidatas a ese órgano, y si, en tal caso, deben o no volverse a someter a una prueba de idoneidad ante la Comisión de Control de RTVC.

La sombra de una nueva reforma legislativa planea de nuevo sobre esa polémica norma, aprobada deprisa y corriendo en los estertores de la pasada legislatura para salvar a la radio y la televisión pública de un apagón, lo que en el argot televisivo se llama irse a negro.