El Gobierno echa balones fuera sobre el desvío a La Gomera de los 10 millones del plan de seguridad en carreteras
El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), ha respondido este martes con evasivas en el Parlamento regional al ser cuestionado por la supresión de tres partidas del presupuesto de 2018, entre ellas dos reservadas para un plan de seguridad en carreteras con los cabildos cuantificado en 10 millones de euros, para adjudicar esos fondos en exclusiva y por la vía de la modificación de crédito a uno de ellos, el de La Gomera.
Un desvío que ha sido interpretado por el PSOE como una muestra del “clientelismo e insularismo” del Ejecutivo de Fernando Clavijo, ya que la isla colombina está gobernada por la Agrupación Socialista Gomera (ASG) de Casimiro Curbelo, un partido que, merced al sistema electoral más desproporcionado del mundo y con tan solo 5.000 votos, obtuvo en las últimas elecciones los tres diputados que se han erigido en el único apoyo externo de CC (18 escaños) en la Cámara regional.
En una primera y sucinta contestación a la pregunta formulada por la diputada socialista Patricia Hernández, Pablo Rodríguez ha recordado que las competencias en materia de seguridad vial están en manos del Estado, a través de la Dirección General de Tráfico, y de los cabildos, en lo relacionado con el mantenimiento y la conservación de las vías.
Obvió el consejero en su respuesta inicial que el Gobierno había anunciado en noviembre de 2017 a bombo y platillo y antes de la aprobación del presupuesto un plan con los cabildos para mejorar la seguridad en las carreteras regionales e insulares. Este anuncio se materializó en dos partidas en las cuentas por un valor total de 10 millones de euros, las mismas que ha acabado eliminando (junto a otra de 1,25 millones de euros destinada a expropiaciones) para transferir fondos al Cabildo de La Gomera.
En una segunda intervención y ante la insistencia de Hernández, que le ha acusado de manejar el presupuesto “a su antojo”, Rodríguez ha sostenido que este incumplimiento, que no ha reconocido explícitamente, no es comparable al retraso en la firma del convenio de carreteras con el Estado, uno de los mayores puntos de fricción en las maltrechas relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez.
El consejero de Obras Públicas y Transportes se ha escudado en que las Islas nunca han tenido un plan regional para mejorar la seguridad vial y se ha sacudido responsabilidades al afirmar que fueron los representantes de los cabildos quienes, en una reunión mantenida el pasado mes de febrero, les trasladaron la necesidad de que el plan tuviera carácter plurianual. La solución fue suprimirlo.
Rodríguez también ha defendido que solo recibió propuestas concretas de los cabildos de La Gomera, El Hierro, Tenerife y Fuerteventura. “Unos hicieron los deberes y otros no”, manifestó el también vicepresidente, que finalizó su discurso con una promesa, la de destinar 100 millones de euros del acuerdo extrajudicial de 700 millones por los incumplimientos en el anterior convenio de carreteras para firmar ese plan con los cabildos que ha eliminado este ejercicio.
Para Patricia Hernández, el desvío de esos 11,25 millones de euros a La Gomera es “una prueba evidente de que (el consejero) no defiende los intereses generales, sino los de su partido” y que, para ello, son incluso capaces de incumplir lo aprobado en la propia ley de presupuestos.
La diputada socialista recurrió a la ironía para preguntarse si los cabildos no querían esos 10 millones de euros, si se habían solucionado ya los problemas de seguridad en las carreteras regionales o insulares o si a Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife y compañero de partido de Rodríguez, “le había entrado afonía” y, por ello, no había alzado la voz contra la eliminación de la partida de las cuentas regionales.
