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Un informe del Gobierno canario alerta del “posible incremento del precio del billete” cuando se aplique el 75% de descuento por residente

Firma del acuerdo entre el Partido Popular y Nueva Canarias para el apoyo a los PGE 2018

Esaú Hernández

Santa Cruz de Tenerife —

A pesar de la euforia con la que ahora ha acogido el incremento del descuento de residente al 75%, el Gobierno de Canarias alertó hace tan sólo ocho meses que esta medida podría provocar una subida del precio de los billetes.

El Informe sobre Medidas para el abaratamiento del precio del transporte aéreo Canarias-PenínsulaInforme sobre Medidas para el abaratamiento del precio del transporte aéreo Canarias-Península se presentó en septiembre del año pasado y no es que se escondiera, precisamente… Rueda de prensa, comunicados, una amplia difusión en medios de comunicación y medios de propaganda, presentaciones a los empresarios.

El informe fue encargado por el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, a Germán Blanco, “un experto” que casi todos se olvidaron de presentar: tesorero del Cluster Canario del Transporte y la Logística, el lobby que cuatro meses antes había conseguido retomar el Salón Atlántico de la Logística y el Transporte (SALT) tras dos años de parón “gracias a la implicación directa del vicepresidente”.

Rodríguez no quiso dar paso “al autor” del informe en la rueda de prensa sin adelantar él mismo la conclusión: Tras estudiar los pros y contras del incremento del descuento por residente al 75% o de solicitar a la UE que declaración de los vuelos con la Península de Obligación Servicio Público (OSP), como ya son los interinsulares, “la opción más eficiente para lograr el objetivo final, que repercuta directamente en el ciudadano ese descuento, que repercuta directamente en el ciudadano el abaratamiento del coste del billete, que directamente el ciudadano vea que no va a la compañía sino va a su propio bolsillo ese descuento es la bonificación de tasas aéreas”, aseguró el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes. Ese fue el titular elegido, acompañado de que el billete Canarias-Península podría abaratarse así hasta un 64% en las tarifas más baratas y un 12% en las más caras. Aclara el informe que las tasas representan de media un 23% del coste del billete. Frente a eso está un, supuestamente seguro e invariable, incremento del 25% en descuento por residente pero… Ahí está la trampa. Según el informe, pese a que, entre 2004 y 2007, la bonificación subió un 52%, los pasajeros sólo pagaron un 36% menos. El informe concluye que es complicado “evitar que parte de esta subida en la subvención se vea compensada por un incremento de tarifas”, a diferencia de las tasas aéreas, donde, como figuran separadas en el coste del billete, lo complicado es que las compañías puedan colar una subida de precios. En la rueda de prensa, el autor del informe añadió que “se intuye que un 20% del coste de la bonificación se destina a cubrir un posible incremento de los precios”. Aunque el incremento en la subvención sea una cifra cerrada, del 50% al 75%, el informe advierte de que “es difícil determinar en cuánto se reducirá el precio de los billetes”.

Pero lo publicado hace ocho meses es difícil de recordar por un electorado si, en vez de ir a la hemeroteca, los medios de comunicación se prestan a reproducir tal y como les llega, la propaganda de los dos partidos nacionalistas canarios presentes en el Congreso de los Diputados y que no sólo ya están en campaña electoral, sino que tienen que justificar, una vez más, el apoyo a los otros Presupuestos Generales del Estado marcadamente antisociales del Partido Popular y que afectan negativamente a muchas más personas, también en Canarias, a quienes supuestamente beneficia el 75% del descuento por residente.

A todos los periódicos en papel canarios no les ha resultado tan difícil como al informe del Gobierno de Canarias determinar en cuánto se reducirá el precio de los billetes y aseguran sin tapujos que los vuelos costarán “la mitad y para siempre” atreviéndose incluso a aseverar que los vuelos de ida y vuelta a la península costarán 30 euros. Sólo hay que volver un poco más para atrás a esa hemeroteca para encontrar titulares similares cuando Nueva Canarias y Coalición Canaria también votaron a favor de los anteriores presupuestos antisociales del Partido Popular, entre otras cosas, a cambio de un descuento por residente del 75% en los vuelos interinsulares. Tras la reunión del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Pablo Rodríguez, con las compañías aéreas, se publicó que los billetes interinsulares iban a costar cinco euros por trayecto.

Hoy, el billete más barato que se puede encontrar cuesta como mínimo el doble y llega a costar hasta cuatro veces más, precios que además están, en su mayoría, por encima de los últimos precios de mercado aprobados por el Ministerio de Fomento. Por ejemplo, el precio de mercado aprobado por Aviación Civil de un vuelo entre Tenerife Norte y Gran Canaria ha sido en los últimos años de 59 euros, lo que quiere decir que, tras aplicarle 75% de descuento por residente, debería quedarse por debajo de los 15 euros, pero la mayoría de los billetes que se pueden encontrar están por encima de esa cantidad.

Es llamativo que el autor del informe del Gobierno de Canarias, el tesorero de uno de los lobbys canarios del transporte, del que son socias empresas como Naviera Armas o la propia Binter, aclara que, de aplicar el modelo de los vuelos interinsulares a la península, “la Obligación de Servicio Público [OSP] no es sinónimo de un descenso del precio”, ya que “se pierde el atractivo de la ruta y las compañías pueden desistir en su realización”. Además, añadió Blanco en la presentación, que “establecer un precio máximo intervenido fuera del libre mercado puede no verse reflejado en un descuento del coste final”. El mes pasado, la Comisión Europea coincidió con las conclusiones del informe del Gobierno de Canarias que ponían en duda que se pudiera aplicar la OSP en el corredor Canarias-Península porque “existe el riesgo de que la ruta deje de ser atractiva” para seis compañías que ya “garantizan la frecuencia y calidad del servicio”.

Y, todo eso, sin olvidar el fraude

Hace poco más un año, el pasado 24 de marzo de 2017, el director general de Aviación Civil del Ministerio de Fomento pospuso, mediante una resolución, la entrada en vigor de un decreto de 2014 para luchar contra el fraude de las compañías aéreas obligando a las compañías a justificar “por escrito” los precios de mercado como una “comprobación previa” que estaría “vinculada a la aprobación del contrato” por el que las compañías con Obligación de Servicio Público reciben, directamente del Estado, los millones de euros correspondientes al porcentaje de billetes subvencionados por el descuento por residente. Es decir, hasta ahora, y todavía, esas comprobaciones que han sido pospuestas mediante esta resolución, no se siguen sin hacer. La justificación que esgrime el director general de Aviación Civil para posponer esta medida es que los gobiernos balear y canario no han querido argumentando que podría suponer “un perjuicio económico”, especialmente y según la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, Yasmina García, a “aquellos sectores más vulnerables” como los que “frecuentemente efectúan viajes en grupo, tales como escolares, equipos deportivos, grupos culturales o jubilados, se vean afectados por el fraude de las compañías”, que utilizan estos viajes en grupos para declarar costes superiores. Pero lo cierto es que Aviación Civil reconoce que “no dispone del resultado de análisis conjunto del sistema de subvenciones con los gobiernos” de Canarias y Baleares, además de que los supuestos “problemas técnicos y de implementación puestos nuevamente de manifiesto por las compañías aéreas” obligan a posponer esta medida de control.

Sólo dos semanas después de esta resolución, llegó la condena firme a Globalia (AirEuropa) que consignó más de 30 millones de euros en los juzgados por fraude en subvenciones. Se sumaban a los 7,5 millones de euros de condena a Islas Airways en 2015 que confirmó el Tribunal Supremo el pasado mes de abril además de que la Fiscalía solicita una pena de cuatro años de cárcel contra su dueño, el presidente del CD Tenerife Miguel Concepción, por estafa agravada.

Puestos de manifiesto los problemas para controlar el fraude en la reducción del coste de los billetes mediante la OSP y el sistema de Subvenciones, el informe del Gobierno canario apostaba por subvencionar al 100% las tasas aéreas, una apuesta que medios de comunicación atribuyeron directamente la presidente del Gobierno Fernando Clavijo. Sin embargo, ocho meses después, Clavijo valoró el 75% éxito conjunto de CC y NC en la negociación con el PP para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Una contradicción que se ha visto reflejada, ya no en ocho meses, sino en apenas dos días, pues el presidente canario pasó de decir un martes en sede parlamentaria que “la mayor competencia hace que bajen las plazas y corremos el riesgo de que esos descuentos suban los precios artificialmente y generen un problema no a los canarios, sino a los turistas peninsulares que quieren venir y se les encarece el precio”, tal y como concluyó el informe encargado por el Gobierno canario, a decir un jueves que “es necesario propiciar que el aumento del descuento de los billetes aéreos con la Península para los residentes canarios hasta el 75% que permita rebajar las tarifas también para los no residentes gracias al incremento de la competencia y de las conexiones que puede generar”.

El tiempo dirá si el descuento por residente del 75% es un bluf (según la RAE, “montaje propagandístico destinado a crear un prestigio que posteriormente se revela falso”) destinado a sostener en campaña electoral la foto que demuestra que CC y NC han vuelto a ayudar, otro año más, al Gobierno del PP a aprobar otros presupuestos antisociales que afectan directamente (y tal y como diría la directora general de Transportes del Gobierno canario) “a los sectores más vulnerables” que suman muchas más personas de las que puedan verse supuestamente beneficiadas por el nuevo descuento por residente.

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