Un informe municipal ignorado y un quebranto de once millones: el sumidero del contrato de saneamiento de Emalsa

El 24 de mayo de 2011, dos días después de que el Partido Popular (PP) lograra la mayoría absoluta y recuperara el bastón de mando que le había arrebatado en el anterior mandato el PSOE en Las Palmas de Gran Canaria, un jurista municipal, adscrito a la Unidad Técnica de Medio Ambiente y Aguas, firmaba un informe en el que alertaba de la ilegalidad del contrato de saneamiento, de mantenimiento de la red de alcantarillado, suscrito en febrero de 2008. La adjudicataria había sido Sercanarias, filial de Saur y Sacyr Valoriza, las dos empresas privadas que compartían con el Ayuntamiento la titularidad de Emalsa, la compañía de aguas de la ciudad más poblada de las Islas. La parte privada tenía un 66% de las acciones. La pública, el 34% restante. 

Casi una década después, los servicios jurídicos del Consistorio han reconocido que el gobierno municipal hizo “caso omiso” a ese informe a pesar de su contundencia y de los “incumplimientos contractuales” de la subcontrata, extremo que también admite en el escrito de acusación elevado en el marco del procedimiento penal tramitado en el Juzgado de Instrucción 6 de la capital grancanaria por las irregularidades detectadas en la gestión de le empresa de aguas. Es el único atisbo de autoinculpación en las 83 páginas de un escrito que carga las tintas contra los socios privados, a los que acusa del “evidente perjuicio” a las cuentas de la sociedad mixta, que cuantifica en once millones de euros, doce menos que los contabilizados por la Fiscalía en su calificación.

El de saneamiento es, según el Ministerio Público, el contrato que ocasionó el mayor quebranto a Emalsa en la época investigada (2008-2012), con un total de 11,1 millones de euros de sobrecoste, de los que 7,4 corresponden al capítulo de personal. Sercanarias se hizo con este servicio en febrero de 2008 a través de una adjudicación temporal (de dos años) por las que Emalsa se comprometía a poner a su disposición todos los medios necesarios para su realización, desde los vehículos hasta el mantenimiento de las oficinas. La adjudicataria solo debía soportar el coste de personal de los trabajadores subrogados de la anterior prestataria, Urbaser. El valor del contrato pactado fue de aproximadamente dos millones de euros y la ganancia para Sercanarias, de medio millón.

La adjudicación no estuvo exenta de polémica. Los cuatro representantes del socio público, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entonces regido por el socialista Jerónimo Saavedra, votaron en contra en el Consejo de Administración de Emalsa a la propuesta de los socios privados para la contratación directa de Sercanarias y plantearon la conveniencia de someterla a concurso público. Los ocho votos de la parte privada dieron luz verde a la adjudicación directa y abortaron cualquier posibilidad de concurrencia. Ni siquiera se redactó el pliego de especificaciones técnicas al que obligaba la normativa de aplicación.

Un año después, el contrato aumentó en medio millón de euros a través de una adenda. En su momento se justificó por la necesidad de la adjudicataria de asumir ciertos costes que en el contrato primigenio asumía Emalsa, como el vestuario, los equipos de protección individual, el combustible o la reparación de vehículos. Las sucesivas modificaciones incrementaron la contraprestación económica de los 1,9 a los 2,8 millones y convirtieron el contrato provisional en definitivo. Durante esta época, según advierten los escritos de acusación de la Fiscalía y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Sercanarias incumplió además con el objeto de la adjudicación. Así, de los aproximadamente 700 kilómetros de alcantarillado que tenía la obligación de mantener y sanear cada año, solo ejecutó un promedio de 130 kilómetros, situando el nivel de inejecución en alrededor del 90% de lo estipulado en el contrato.

Una prestación principal, no accesoria

El informe municipal que el Ayuntamiento ignoró advertía de que la legislación en materia de contratación en las administraciones públicas prohíbe la subcontratación de prestaciones principales y solo permite la de accesorias. El encuadramiento en estas categorías vendría definido, según la doctrina de aplicación,  “por la necesidad o no (de la prestación) para la puesta en funcionamiento del servicio”. El asesor de la corporación local concluía su informe afirmando que los trabajos de mantenimiento de la red de alcantarillado “distan mucho de ser merecedores de la acepción de accesorios” y, por tanto, no podían ser subcontratadas.

La única opción de que una tercera empresa asumiera la prestación básica del saneamiento es la cesión o el traspaso del servicio, una situación en la que “desaparece el primitivo concesionario (Emalsa) y aparece un tercero que se subroga en sus derechos y obligaciones”. Una circunstancia que “tampoco se da en el caso que nos ocupa”, zanjaba el informe.

El escrito de acusación del Ayuntamiento contrapone este informe del técnico municipal al que sirvió de sustento a los socios privados para defender la adjudicación directa a su filial, elaborado por el despacho de abogados Gómez Acebo y Pombo. Un documento que, en opinión de los servicios jurídicos municipales, incurre en “flagrantes errores”, además de tener un soporte “muy cuestionable”, puesto que el bufete que lo firma está conectado a Sercanarias, que es “quien paga (cerca de 38.500 euros) y quien se beneficia de su contenido”.

La directora general de la Asesoría Jurídica del Consistorio capitalino, que es quien suscribe el escrito de calificación, remarca que entre marzo y abril se discutió en el seno  de Emalsa la subcontratación del servicio de saneamiento y que quien defendió el dictamen de Gómez, Acebo y Pombo en este órgano fue José Miguel Bravo de Laguna, que en aquel momento ostentaba una triple condición: apoderado de ese despacho de abogados y secretario de los Consejos de Administración tanto de la empresa mixta de aguas como de Sercanarias. Ese es, según el Ayuntamiento, “el nudo gordiano” de la contratación “más importante” de la filial de los socios privados de la empresa de aguas.

Un contrato vencido y en precario

Ese contrato de mantenimiento de la red de alcantarillado con Sercanarias se mantiene en la actualidad en precario, con el contrato vencido desde hace años, a pesar de que el actual alcalde, el socialista Augusto Hidalgo, se comprometió a finiquitarlo nada más asumir el bastón de mando municipal. En septiembre de 2016, el pleno municipal aprobó, con el rechazo de la oposición, un expediente de modificación de crédito para pagar 14,5 millones de euros por el contrato de saneamiento. Esta decisión se producía después de que una sentencia dictaminara en febrero de ese mismo año la obligación de abonar 6,6 millones de euros a la subcontrata por las facturas que el Ayuntamiento dejó de percibir entre enero de 2013 y abril de 2014 por decisión del entonces regidor Juan José Cardona (PP).

Esa resolución judicial reconocía el derecho de Sercanarias a cobrar las cuantías fijas anuales acordadas en la adjudicación a pesar de los incumplimientos puestos de manifiesto por el interventor designado por la corporación local para fiscalizar las cuentas de la empresa de aguas. El actual grupo de gobierno decidió no recurrir la sentencia y asumir por la vía extrajudicial los otros 8,7 millones de euros que la prestataria del servicio reclamaba por los impagos hasta diciembre de 2015.