NC alerta de que la nueva ley audiovisual “secuestra” la Televisión Canaria al servicio del Gobierno de CC y PP

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha denunciado este jueves que el proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de Canarias pretende convertir la televisión y radio pública autonómica en “la maquinaria de propaganda del Gobierno” y “secuestrarla” para ponerla a su servicio.

Así lo ha declarado en la sede del partido en Las Palmas de Gran Canaria la presidenta del grupo parlamentario de NC-BC en el Parlamento de Canarias y portavoz de NC-BC en la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria (RTVC), Carmen Hernández, durante una rueda de prensa en la que ha dado a conocer, junto al secretario general de NC-BC, Luis Campos, los detalles de la enmienda a la totalidad que va a presentar el grupo contra este proyecto de ley.

Según ha explicado Hernández, el último informe del Consejo Consultivo de Canarias ha sido “duro” con esta propuesta al cuestionar que genera inseguridad jurídica, que hay falta de transparencia, compromete la independencia editorial al vincular el gobierno y la Dirección General con los mandatos, infringe el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea y existe una vulneración indirecta de derechos recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y vulnera la doctrina constitucional sobre el control parlamentario, entre otros.

La diputada ha advertido de que esta propuesta de ley no respeta su propia exposición de motivos porque incumple el reglamento de la UE en el que se basa así como el artículo 20.3 de Constitución española referido al control parlamentario de los medios de comunicación.

La presidenta de NC-BC en el Parlamento canario ha especificado que presentarán la enmienda a la totalidad -tienen de plazo hasta el 12 de enero- por tres motivos: el “grave retroceso democrático”, porque elimina el control interno y externo; la “institucionalización” del bloqueo político, y el riesgo que supone para la independencia editorial.

En cuanto a los sistemas de control, ha explicado que la nueva ley pretende reducir la mayoría necesaria para aprobar asuntos que afecten a RTVC, pasando de tres quintos a mayoría absoluta en el Parlamento, lo que elimina la necesidad de acuerdo con los grupos minoritarios.

De este modo el Gobierno “se apropia” a de la Junta de Control de RTVC, ha indicado Hernández al señalar que el proyecto de ley no da plazos para la constitución de este órgano, para cuya constitución no pone plazo.

Además, “mientras no se constituya la Junta de Control, será el director general el que tendrá plenos poderes para decidir sobre todo el modelo de gestión”, ha agregado al considerar que “el gobierno no tiene ninguna intención de constituir una nueva junta de control” y que “incluso han buscado un mecanismo para sustituir al director general por si les sale rana”.

El segundo motivo de la enmienda de NC-BC es que el Gobierno no resuelve el bloqueo para nombrar a la Junta de Control que defiende en la motivación de la ley y que, al contrario, “lo perpetúa” y “no le da una solución” porque “han renunciado al consenso” al no consultar con otros grupos parlamentarios para redactar este proyecto de ley.

En cuanto a su tercera razón, NC advierte que el Consejo Consultivo de Canarias “habla de clara injerencia política” y que “cuando la Dirección General tiene plenos poderes y no hay contrapesos, no hay controles ni internos ni externos, entonces no se puede garantizar la independencia editorial”.

También ha denunciado que esta ley permita la externalización de los servicios informativos, del personal y del presupuesto, y que permite que hasta un 20 % de este pueda recaer en una sola empresa o persona física.

Desde NC-BC proponen que se limite a un máximo de tres meses el plazo para constituir la Junta de Control y que esta pase de siete a entre 11 y 13 miembros para permitir la representación de todos los grupos parlamentarios.

También que se creen los consejos informativos, cuya constitución “tampoco garantiza esta ley”; que la elaboración de los servicios informativos sea pública y no se reduzca el tiempo que se le dedica a este contenido, y que se limite a un 10 % el porcentaje del presupuesto que puede recaer en una sola empresa o persona jurídica.

El secretario general de NC-BC ha indicado que este proyecto “nace de entrada absolutamente viciado” porque afecta a la “pluralidad” así como a la profesionalidad de los trabajadores de RTVC que, ha recordado, no pertenece al Gobierno sino a la ciudadanía.

“La democracia se sustenta en muchísimos valores, pero uno absolutamente esencial es el de la pluralidad informativa”, ha indicado.

Motivos por los que han considerado que el Parlamento debería devolver el proyecto de ley al Ejecutivo para que lo revise y presente un nuevo texto consensuado.