La sanidad no se vende: se defiende (y Torrejón volvió a demostrar por qué)

La información del último mes del Hospital de Torrejón de Ardoz no es un hecho puntual ni un incidente aislado: es la consecuencia directa de un modelo sanitario diseñado para desviar recursos públicos hacia empresas privadas. Un modelo que el Partido Popular impulsa desde hace décadas y que trata la salud como un negocio, no como un derecho. Lo que estamos viendo en Torrejón es la prueba de una gestión basada en intereses económicos y decisiones políticas que anteponen la rentabilidad empresarial al bienestar de la ciudadanía. Es decir, un modelo que es un fracaso para la ciudadanía, pero no para las grandes empresas que hacen negocio a costa de la salud.

Detrás de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz está Ribera Salud, la empresa que protagonizó la expansión del llamado modelo Alzira en el País Valencià y que ahora opera en Madrid bajo las mismas premisas que aquí ya se demostraron más que nefastas para los pacientes. Ribera Salud fue el emblema de la privatización sanitaria del PP valenciano durante veinte años.

El modelo Alzira, propagado como ejemplo de “eficiencia empresarial”, fue en realidad un sistema diseñado para asegurar beneficios privados garantizados con fondos públicos. Un modelo que incluía pagos más que generosos, rescates multimillonarios sufragados por la Generalitat y un conjunto de mecanismos que permitían a la concesionaria derivar gastos, externalizar servicios y priorizar la rentabilidad por encima de la calidad asistencial. En Torrejón se han observado las mismas dinámicas estructurales: plantillas ajustadas al límite, rotación excesiva del personal, dificultades para cubrir especialidades y un deterioro asistencial que emerge con especial crudeza en momentos de tensión del sistema.

El PP le puso una alfombra roja a Ribera Salud para que gestionara hospitales públicos con criterios empresariales. ¿El resultado? Plantillas insuficientes, condiciones laborales inferiores a las del sistema público, externalización de servicios básicos, derivación de casos complejos a hospitales públicos, mientras se rentabilizaban los procedimientos más sencillos, y una pérdida sistemática de control público sobre un derecho esencial. El negocio era perfecto: ingresos públicos garantizados y riesgos transferidos al sector público. Cuando algo fallaba, era la Generalitat quien costeaba los daños. Todavía recuerdo cómo en mi hospital público de referencia me informaron de que, si quería tener garantizada la epidural durante el parto, debía elegir dar a luz en el Hospital de la Ribera. En ese centro, se cobraba a la Generalitat un extra por cada intervención o atención realizada a pacientes de otras zonas, mientras que por los pacientes de su propia área recibían una cantidad fija, independientemente del tratamiento. Esto hacía que resultara más rentable atraer pacientes de fuera mientras se ofrecía una atención mínima a los de su zona.

Frente a este panorama, desde gobierno del Botànic se emprendió la reversión de Alzira, Dénia, Manises y Torrevieja. El gobierno de PSOE, Compromís y Podemos-EUPV trabajó hasta su salido en julio de 2023 por la reversión porque lo que se encontró fue el retrato fiel del modelo privatizador: infraestructuras sin mantenimiento adecuado, déficit de personal, servicios fragmentados, equipamientos envejecidos y cláusulas contractuales diseñadas para blindar los beneficios del concesionario. La reversión puso fin a un experimento cuyo coste real, económico y social, lo habían asumido los pacientes, los profesionales y la Generalitat. Ribera Salud se opuso firmemente a la reversión del modelo sanitario y trató de impedirla por todos los medios, reacia a poner fin a un negocio que consideraba altamente rentable. En ese contexto, la tensión con el Consell fue evidente, especialmente con la entonces consellera de Sanidad, Carmen Montón, y con la vicepresidenta Mónica Oltra.

El presidente de Ribera Salud en aquel momento, Alberto de Rosa, ha aparecido mencionado en diversas informaciones como posible impulsor de la denuncia que afectó a Oltra y que finalmente motivaron su dimisión. Tanto el juez de instrucción como la Fiscalía han concluido que no existe ningún indicio de delito en los hechos denunciados.

Hoy, en el País Valencià solo queda el hospital de Elx bajo la gestión de Ribera Salud. Y lo que ocurre allí es un espejo de Torrejón de Ardoz: quejas constantes de profesionales y pacientes, listas de espera fuera de control, servicios tensionados, denuncias sindicales y una degradación progresiva de la atención. Es decir: el mismo patrón de deterioro que ya llevó a la reversión de Alzira, Torrevieja, Denia y Manises.

Hoy, Torrejón, evidencia lo que ya sabemos: que la lógica del negocio nunca es compatible con la lógica de la justicia social. Allí donde las empresas priorizan cuentas de resultados, se recortan plantillas, se reorganizan turnos sin atender criterios clínicos, se sustituyen servicios por otros más baratos, se retrasan inversiones y se deriva actividad según conveniencia económica. Allí donde el servicio público se mercantiliza, la ciudadanía deja de ser titular de derechos y pasa a ser “cartera de clientes”.

Pero la privatización sanitaria madrileña no se entiende sin mencionar a otra gran beneficiaria del modelo: Quirón Salud. Isabel Díaz Ayuso ha convertido a este grupo en uno de los principales receptores de dinero público en Madrid. Las derivaciones, conciertos, adjudicaciones y externalizaciones vinculadas a Quirón suman miles de millones de euros pagados con fondos públicos, mientras la red sanitaria pública se infrafinancia de forma deliberada.

La estrategia es clara: descapitalizar lo público para justificar su ineficiencia y, a continuación, derivar pacientes, y dinero, a lo privado. El resultado es un trasvase constante y opaco de recursos desde las arcas públicas hacia grandes corporaciones sanitarias. En otras palabras: el PP gobierna para favorecer un sistema privado que vive directa y cómodamente de fondos públicos a costa de la salud de millones de personas.

Mientras tanto, en el País Valencià, el actual gobierno del PP y Vox amenaza con desandar lo avanzado. Su política sanitaria reproduce el viejo esquema: recortes, externalizaciones selectivas, desprecio por la atención primaria, silencio ante la precarización y complicidad con los intereses empresariales del sector. Han vuelto a colocar la sanidad en el escaparate de los negocios, justo cuando más deberíamos reforzarla. No es casual que el actual conseller de sanidad sea una persona con larga trayectoria de negocios en la sanidad privada.

Por esos desde EUPV hemos presentado la Iniciativa Legislativa Popular presentada en para proteger su sanidad. La ILP propone medidas que abordan directamente los fallos del sistema privatizador.

Defiende una financiación sanitaria suficiente, estable y blindada, situando el gasto sanitario en niveles acordes con las recomendaciones internacionales. Propone fortalecer la atención primaria como eje vertebrador del sistema, evitar las listas de espera mediante planificación pública y no mediante derivaciones privadas, mejorar las condiciones laborales y estabilizar plantillas, reforzar la salud mental, garantizar la equidad territorial y asegurar la transparencia en la gestión.

Incluye un enfoque integral que abarca desde la ampliación de la cobertura bucodental y óptica, hasta la producción pública de medicamentos esenciales para evitar situaciones de desabastecimiento, pasando por la creación de estructuras de gestión que eviten la fragmentación del sistema y pongan fin a décadas de improvisación y mercantilización.

Y, sobre todo, plantea algo esencial: la recuperación progresiva de servicios y gestión privatizados. Ya se demostró que revertir es posible y que mejora la calidad asistencial. Torrejón y Elx son la prueba viva de que es urgente hacerlo allí donde la privatización continúa.

La defensa de la sanidad pública no puede esperar. Los hospitales de Torrejón y Elx es solo un síntoma más de una enfermedad mucho más profunda: la privatización sistemática del sistema sanitario.

Sanidad pública significa acceso universal, transparencia, planificación, eficiencia real y atención de calidad. Sanidad privatizada significa negocio. Porque sabemos, y la experiencia nos lo ha enseñado con claridad, que sólo lo público garantiza universalidad, equidad y transparencia.

Defender la sanidad pública no es una nostalgia ni un eslogan electoral. Es una defensa radical de la democracia: del derecho a la igualdad, de la cohesión social, de la dignidad de las personas. Ya sabemos lo que sucede cuando se cede un derecho fundamental al interés privado. El País Valencià ya aprendió esa lección; ahora toca que la ciudadanía la recuerde, la defienda y la blinde.

Porque donde ellos ven negocio, nosotros vemos derechos. Donde ellos calculan beneficios, nosotros afirmamos vidas. Y donde ellos hablan de clientes, nosotros hablamos, y hablaremos siempre, de pacientes.

*Rosa Pérez Garijo, Coordinadora General de EUPV y Tomás P. Alfonso, Coordinador Joves d’EUPV