El Parlamento canario coincide en aumentar los inspectores para las residencia de mayores: “Los datos del informe no son actuales, el debate sobre residencias, sí”

El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha defendido este martes en el Parlamento de Canarias que los datos recogidos en el informe extraordinario sobre las residencias de mayores “no son actuales” (datan de 2019), pero que “el debate” sobre esta cuestión es “de total y absoluta actualidad”.

Yanes ha comparecido en la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud diez meses después de que la institución que preside entregara dicho informe a la Cámara autonómica, motivo por el que la mayoría de diputados ha pedido disculpas.

Un informe en el que se habla de la presencia de ratas, cucarachas, chinches, deficiencias de higiene y de laxitud normativa y de control de su seguimiento por parte de la administración, tras la visita a 26 residencias a lo largo de 2019, de las cuales se observaron deficiencias en menos de la mitad.

Rafael Yanes ha indicado que “la mayoría” de los 232 centros residenciales para mayores en Canarias “cumple perfectamente su función”, así como la práctica totalidad de los 7.769 trabajadores del sector. Pero en el informe extraordinario, ha continuado el Diputado del Común, “hemos detectado que, efectivamente, existe una minoría” de centros donde había chinches, cucarachas, roedores en todas las dependencias... esto es inaceptable, aunque sea solo uno. Tenemos la obligación de evitar que suceda en el futuro“, ha reflexionado.

Años sin inspecciones

Ha indicado que uno de esos centros donde se detectaron las más graves deficiencias no había recibido una inspección por parte de la Consejería de Derechos Sociales en tres años, y otros llevaban más de cinco y hasta diez años sin recibir a un inspector de la administración.

Yanes ha hecho hincapié en que en lo que va de 2021 se han realizado 33 inspecciones, y ha calculado que para visitar todas las residencias con los cinco inspectores disponibles en estos momentos harían falta cuatro años y medio.

Al respecto, la consejera Noemí Santana ha avanzado, en declaraciones a la Cadena Cope, que en los próximos meses se aumentará a once la plantilla de inspectores.

También ha indicado la consejera que en las próximas fechas se dará prioridad a la inspección de las residencias donde se detectaron graves deficiencias y no contestaron a los requerimientos de la Diputación del Común, y que en vista de la insuficiencia de inspectores solicitará la colaboración de la Policía Canaria, como se hizo en la peor parte de la pandemia.

Sobre la escasez de inspectores, el Diputado del Común ha recalcado que mientras en Castilla la Mancha y Andalucía hay uno por cada 16 residencias, en la Comunidad Valenciana, uno por cada diez, en Cantabria y La Rioja, uno por cada siete, en Murcia, uno por cada cinco, y en Baleares, uno por cada cuatro, en Canarias hay un inspector por cada 46.

Por eso, ha concluido que “para llevar a cabo su función -en la Consejería- se necesitan más medios humanos. No se le puede exigir más responsabilidad si no se le dan más medios”.

Por lo demás, el Diputado del Común ha señalado que pese a la gravedad de algunos aspectos recogidos en su informe “no debemos mirar atrás sino tener perspectiva de futuro”; y ha esgrimido que con él no pretenden ir “contra nadie” ni buscar “culpables”.

También ha explicado, tras las preguntas de varios diputados, que si fue entregado al Parlamento antes que a la Consejería fue por lealtad institucional y porque así lo recoge su estatuto, y ha añadido que cuando un documento de este tipo lo remiten a Fiscalía “no se lo vamos a decir a nadie, porque puede restar eficacia a la acción judicial”.

La práctica totalidad de los diputados intervinientes en el debate ha pedido disculpas por la parte de responsabilidad que le toca por el retraso en incluir en el orden del día este informe sobre las residencias.

Vidina Espino, del Grupo Mixto ha aprovechado una pregunta a la consejera Noemí Santana que había registrado antes de que trascendiera dicho informe para cuestionarle si hoy por hoy hay garantías de que en las residencias de Canarias no hay ratas, chinches, sarna o si los mayores están “sujetados o medicados”.

También ha preguntado a la consejera “por qué fallaron los cauces de comunicación” con la Diputación del Común y si recibieron los dos requerimientos de información aludidos en el informe, o por qué Fiscalía no le trasladó su existencia, como tampoco su compañera en Podemos, María del Río, presidenta de la comisión, cuya dimisión ha sugerido.

Noemí Santana, que se ha referido a Espino como una “diputada tránsfuga” y ha tachado su intervención de “absurda” y “miserable”, se ha reafirmado en que su departamento supo del informe de las residencias por la prensa.

También ha pedido evitar las “llamadas al alarmismo” porque, según ha defendido, “la realidad es que la mayoría de los centros sociosanitarios dan un servicio de calidad”, lo que no quita para que haya que “combatir lo que se está haciendo mal”.

Noemí Santana ha garantizado que su departamento está centrado en optimizar la gestión y también los recursos, pues lo que hay, ha admitido, “es poco y muy mejorable”.

Un informe sonrojante “de la etapa de CC”

En el debate sobre el informe de la Diputación del Común, la diputada de Podemos María del Río ha deslizado que su contenido “nos ha sonrojado a todos”, pero a la vez pone en evidencia “las deficiencias del pasado”.

Del Río ha abundado en que el informe se refiere a “la etapa de CC” en el Gobierno de Canarias, en la que las empresas “han contado con el beneplácito” de determinados partidos políticos para avanzar en la privatización de “muchas” residencias.

En la misma línea, María Teresa Cruz Oval, del Grupo Socialista, ha proclamado tras conocer el contenido del informe: “Nada nuevo bajo el sol. Desgraciadamente es algo que se ha venido gestando desde hace muchísimos años”, en los que se han “guardado a mayores” en las residencias de Canarias, aunque no en todas.

Oval ha recalcado que no se puede culpar a quien visibiliza esta realidad, en alusión al Diputado del Común, sino que hay que poner el foco en “quién ha sido el autor de esta situación”, en su opinión, los anteriores gobiernos, de CC.

Más allá de repartir culpas, la diputada socialista ha subrayado que la situación de las residencias “no tiene una solución mágica”, pero sí hay “cinco palabras mágicas” para garantizar la calidad de vida en ellas: registro único, autorización, acreditación, inspección y sanciones. “Si las empresas privadas que gestionan residencias son impunes, van a seguir cometiendo infracciones”, ha aseverado.

La diputada del Grupo Nacionalista y exconsejera del ramo, Cristina Valido, se ha quejado de que el Gobierno y los partidos que lo sustentan proclamen que la mayoría de los centros funciona bien, cuentan con “maravillosos profesionales” y que “gracias a ellos” la incidencia de la COVID en las residencias fue la más baja de España, y al mismo tiempo aseguren que las deficiencias detectadas son “culpa de CC”.

Valido ha apuntado también que hay “muchos” centros residenciales para mayores que son de titularidad pública y están gestionados por cabildos y ayuntamientos donde CC no ha gobernado durante los últimos años, y se ha preguntado qué parte de responsabilidad les corresponde.

La diputada nacionalista ha planteado, al igual que Vidina Espino, por qué la Consejería no contestó a los dos requerimientos de “información clave”, como la relación de quejas y denuncias de los centros inspeccionados por parte de la Diputación del Común, y ha exigido una aclaración a la “maraña de declaraciones cruzadas” entre ambas instituciones.

Y, sobre todo, ha pedido que se ponga nombre y apellidos a las residencias en las que se detectaron las deficiencias más graves.

Cristina Valido ha recalcado también que en dos años, entre 2018 y 2019, teniendo menos inspectores y menos recursos que los actuales, el Gobierno de Canarias cerró ocho centros y trabajó estrechamente con la Fiscalía.

Poli Suárez, del Grupo Popular, ha terciado en la discusión para afirmar que el informe “debe sonrojarnos a todos ante la sociedad. No si la culpa es del anterior gobierno o de este. A quienes padecieron esta situación denigrante eso les da igual. Lo que les duele e indigna son las deficiencias”.

“Debemos pedir disculpas con absoluta sinceridad y humildad. Esta situación jamás debió producirse”, ha proclamado Suárez, quien como el resto de colegas de otros partidos ha indicado que lo descrito en el informe “no es la realidad” de la mayoría de las residencias en Canarias.