El Parlamento canario tramitará la propuesta que da autoridad al profesorado, pero aún sin consenso

El pleno del Parlamento de Canarias ha votado por unanimidad tomar en consideración la proposición de ley que reconoce la autoridad del profesorado en las aulas, planteada por los grupos del Gobierno, aunque los partidos de la oposición han denunciado la falta de consenso con la que se plantea y han confiado en que en el trámite parlamentario se llegue a un acuerdo común.

Esta iniciativa dota al profesorado de presunción de veracidad ante conflictos en las aulas y le garantiza apoyo jurídico y psicológico, según han detallado los diputados Yonathan Martín (CC), Sonsoles Martín (PP) y Melodie Mendoza (ASG).

Marcos Hernández, del PSOE, ha criticado que la propuesta parta exclusivamente de los grupos del gobierno, pero ha confiado en que en el trámite de enmiendas puedan mejorarse algunas cuestiones.

Denunció que se plantea sin aportar datos sobre si hay una demanda social respecto al nivel de conflictividad, cuántos profesores y maestros pueden estar afectados por este modo de convivencia o cuántas agresiones hay.

También preguntó si la norma va a tener respaldo financiero o será un brindis al sol.

La diputada de NC Carmen Hernández lamentó que esta norma se remita al Parlamento sin el respaldo del Consejo Escolar de Canarias y sin el consenso de los grupos parlamentarios, por lo que también anunció enmiendas.

El representante de Vox Javier Nieto consideró necesaria la norma, aunque anunció que planteará propuestas para dar más protagonismo a las familias.

Yonathan Martín, de CC, dijo que los principales objetivos de la norma son ofrecer una herramienta al profesorado y a los equipos directivos para que conozcan y hagan valer sus derechos, profundizar en el reconocimiento al profesorado como autoridad pública, con la presunción de veracidad de sus actuaciones, garantizar su protección jurídica y psicológica y fomentar un clima de convivencia escolar positivo, en el que el respeto mutuo sea un valor esencial.

Sonsoles Martín, del PP, aseguró que la norma se justifica porque en las aulas hay “datos que preocupan”, como docentes agredidos física y verbalmente, profesores desautorizados delante de sus alumnos y familias que se enfrentan al centro educativo.

Para Melodie Mendoza, de ASG, defendió la proposición de ley porque “nace del consenso y también de la urgencia”.