La Prestación Canaria de Inserción será más ágil y las familias con menores recibirán un suplemento

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad un decreto ley que modifica la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que permitirá agilizarla e incorporará un suplemento para las familias con menores a cargo. La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana (Podemos), ha señalado que este decreto “va a conseguir mejorar la vida de las personas” y que era “una cuestión de voluntad política”.

¿Qué van a suponer los cambios? El decreto especifica que se va a “implantar un complemento fijo mensual de 50 euros por cada persona menor de edad integrante de la unidad de convivencia del solicitante que se añade al complemento mensual variable ya existente”. Además, añade que “se trata de un complemento no consolidable en función de la minoría de edad de las personas integrantes de las familias, que se establece como medida destinada a luchar contra la pobreza infantil, dado la escasez de la cuantía establecida actualmente en la PCI, y ante la falta de oportunidades laborales en el actual contexto de crisis económica”. Santana ha explicado que para ello el Gobierno de Canarias destinará 2 millones de euros.

Por otro lado, el decreto convalidado este miércoles en la Cámara Regional pretende agilizar las renovaciones. De este modo, “aparte de la posibilidad de las renovaciones a instancia de parte, ahora de manera subsidiaria también se podrán renovar de oficio previo informe de los servicios sociales municipales”.

Se trata de una medida que llega para aligerar el procedimiento y las cargas administrativas a las personas perceptoras de la PCI ya que los ayuntamientos se están demorando en las citas previas para acceder de manera presencial a las oficinas municipales para presentar las solicitudes de renovación. En el decreto se recuerda que ante la saturación actual de los servicios sociales municipales, se está provocando que solicitudes se presenten fuera de plazo.

Santana ha explicado en el Parlamento que si la administración municipal aprecia que persisten las causas que motivaron la concesión de la PCI a una familia, podrá, “mediante un informe social motivado, proponer su renovación por otro periodo de seis meses, siempre que se acredite que la unidad de convivencia mantiene las mismas circunstancias que motivaron la concesión”. También ha subrayado que estos cambios son fruto de las peticiones y recomendaciones que han venido realizando los trabajadores sociales, “que van a poder actuar de oficio”.

En tercer lugar, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias establecerán una asignación económica destinada a “sufragar los gastos de personal de trabajo social, administrativo y de apoyo a las actividades de inserción necesario para la gestión de la Prestación Canaria de Inserción por parte de estas entidades”. 

Un decreto con respaldo unánime

El decreto fue convalidado por toda la oposición. Poli Suárez, diputado del PP, recalcó que es positivo este decreto, pero incidió en la importancia de que se realice un control de las ayudas y añadió la necesidad de avanzar en la Renta Canaria de Ciudadanía. La diputada de Ciudadanos Vidina Espino lo calificó como “un buen decreto”, pero lamentó “la decepción del Ingreso Mínimo Vital”, por lo que consideró adecuado que el Gobierno de Canarias “reaccione” para mejorar la vida de estas personas. Le parece adecuado completar la PCI en función del número de miembros de la familia, pero recordó que “hay un porcentaje alto de familias que están en riesgo de exclusión social” y que no están recibiendo esta ayuda. Desde Coalición Canaria, Cristina Valido felicitó “el avance y mejora” que supone este decreto para muchas familias y alabó la labor de los administrativos. “Usted tiene hoy la posibilidad de que a través de los decretos ley pueda resolver problemas en un momento en el que la gente lo está pasando tan mal”, apuntó.

Una ayuda que convivirá con el IMV

El decreto ley expone que “ante los enormes retrasos en la aprobación del IMV y el elevado número de solicitudes denegadas a personas de Canarias, se hace especialmente urgente por el impacto económico y social que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 está ejerciendo sobre las personas en situación de vulnerabilidad y el riesgo de cronificación y aumento de la pobreza en el futuro si no se adoptan medidas con carácter inmediato para mejorar las cuantías de la PCI y flexibilizar las renovaciones respecto de las personas y sus unidades de convivencia”.

No es la única modificación que se ha realizado de la PCI, que también ha incorporado otras como el hecho de que Las familias que cobren la Prestación Canaria de Inserción y se les apruebe el Ingreso Mínimo no tendrán que devolver cuantías en 2021.

La idea es que la PCI conviva con el IMV durante un tiempo hasta que la prestación estatal se extienda. Así mismo, se trabaja para que en octubre llegue la Renta Canaria de Ciudadanía, que  proyecta tres tipos de ayudas. Actualmente, 7.396 familias en las Islas reciben esta prestación, un 33% más que el año anterior y otras 7.000 perciben el Ingreso Mínimo Vital; unas cifras aún lejos de lo que aspira la comunidad autónoma.