Rapapolvo del Consultivo al Gobierno canario por blindar el salario de altos cargos de Sanidad en un decreto sobre discapacidad

Carece de las “razones de extrema urgencia y necesidad” y su contenido es “totalmente ajeno” al resto de la norma. Así de tajante se ha mostrado el Consejo Consultivo de Canarias al referirse a la disposición final que ha colado el Gobierno regional en el decreto de dependencia para blindar el salario de los altos cargos sanitarios, una medida que impide a estos funcionarios cobrar retribuciones inferiores a las que venían percibiendo en sus anteriores trabajos.

Según un dictamen firmado el pasado 1 de septiembre, el órgano consultivo ha afeado al Ejecutivo autonómico, conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), que modificara la Ley 11/1994, de Ordenación Sanitaria de Canarias, a través de una disposición final en el decreto sobre discapacidad impulsado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y aprobado este mismo verano.

La modificación consiste en blindar el salario de los altos cargos del Servicio Canario de Salud (SCS) o del propio departamento liderado por Esther Monzón (CC) impidiendo que perciban retribuciones inferiores a las que venían cobrando antes de sus nombramientos. Si así ocurriera en algún caso, esa persona recibiría un “complemento personal” para cubrir la diferencia entre su anterior nómina y la actual.

La sanidad canaria cuenta con quince direcciones generales, incluyendo las de área de salud insular, el SCS, la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales y la propia Consejería. Las retribuciones varían desde los 52.000 euros anuales que cobra la directora del Área de Salud de La Gomera, Eva Ravelo, hasta los 102.000 euros que percibe la directora de Programas Asistenciales, Antonia María Pérez.

El Consultivo no cuestiona el fondo de la medida, sino la forma. El Gobierno canario justificó en informes previos que la disposición busca “dar los mejores profesionales a la ciudadanía, mediante la captación y retención de talento directivo altamente cualificado (…), asegurando así que el sistema sanitario público pueda contar con perfiles de excelencia y liderazgo”.

Pero ninguno de esos argumentos esbozados, puntualiza el órgano, aduce a “razones de extrema urgencia y necesidad” a los que en cambio sí responde el cuerpo normativo del decreto de dependencia, una regulación que pretende desatascar “la situación de saturación y colapso” en la tramitación de los procedimientos de valoración del grado de discapacidad en el Archipiélago. De acuerdo con el texto, el Ejecutivo regional almacena un total de 40.137 solicitudes al respecto pendientes de resolver.

“Ni la memoria justificativa (que no lo menciona), ni los informes expresamente emitidos al respecto, ni la propia exposición de motivos del DL [decreto ley] ofrecen justificación alguna” sobre por qué el Gobierno de CC-PP coló en este decreto el blindaje de los salarios de los altos cargos sanitarios, “cuyo contenido (…) resulta totalmente ajeno” a la propia norma, remacha el órgano.

Esta no es la primera vez que el Consultivo abronca al Ejecutivo canario por el uso del decreto ley para sacar adelante una norma o una medida que no debería haber sido tramitada por esa vía. Conviene recordar que el empleo del decreto ley está estrictamente restringido a situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”. Pero eso no ha impedido que se haya convertido en la figura legislativa preferida de CC y PP.

En lo que llevamos de legislatura, la Administración encabezada por Fernando Clavijo (CC) ha impulsado dieciocho decretos leyes. El primero fue el que bonificó casi por completo el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y el último es este, el de dependencia. También se ha aprobado bajo esta figura la privatización de los informes técnicos para construir vivienda o la reforma de la ley canaria de cambio climático.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha acusado al Gobierno autonómico de hacer un uso “indecente” del decreto de dependencia, una norma “necesaria” por la “dramática situación” de miles de familia que, no obstante, se ha convertido en un instrumento de “vergüenza” política al blindar los sueldos de los altos cargos en Sanidad.

La diputada Natalia Santana calificó la actuación de “indecencia política” y recordó el reproche del Consultivo en un comunicado emitido este lunes. “NC-BC votará a favor de las personas con discapacidad, por las familias que no pueden esperar más. No por un Gobierno que ha demostrado falta de ética y de respeto hacia la ciudadanía y al propio Parlamento”, señaló Santana.

“Lo que realmente nos duele de este decreto es que se haya mezclado el drama de la discapacidad (con esas 40.000 solicitudes aún pendientes de resolución) para resolver una cuestión de interés particular y garantizar que el nuevo director del SCS [Adasat Goya] pueda mantener el salario que tenía antes de ser nombrado director general”, dijo también la diputada Elena Máñez, del PSOE.

El decreto canario de dependencia establece un procedimiento específico para las solicitudes relacionadas con algunas patologías, como el trastorno del espectro autista, la esquizofrenia, el párkinson o la esclerosis múltiple. También se dará prioridad en la tramitación de expedientes en casos con limitada esperanza de vida o alto grado de exclusión social, entre otros condicionantes.

Por otro lado, la ley indica que, si no se dicta resolución en seis meses, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo, a diferencia de la regla general. Al mismo tiempo, contempla la externalización de informes y estudios biopsicosociales con colegios profesionales de medicina o psicología. Y, a su vez, acuerda un plan de actuación urgente para resolver las solicitudes que llevan más de medio año sin respuesta.

El Consejo Consultivo de Canarias avala la norma, pero vuelve a destacar en sus conclusiones la “absoluta ausencia de justificación o reflexión explícita” del blindaje de los salarios de los altos cargos en Sanidad.