San Bartolomé de Tirajana rectifica y vuelve a eliminar los sobresueldos de tres altos funcionarios

Nueva vuelta de tuerca en el polémico expediente que arrastra el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana desde el 16 de abril de 2016, fecha en la que el pleno municipal aprobó una modificación presupuestaria que incluía el incremento del complemento específico, en cantidades que oscilaban entre los 1.500 y los 1.800 euros mensuales, para tres altos funcionarios de la corporación: el secretario, la tesorera y el jefe de la Policía Local. A la vista de los últimos informes suscritos por la interventora y por la jefa del servicio de Recursos Humanos, la alcaldesa de esta localidad turística del sur de Gran Canaria, Concepción Narváez (PSOE), ha tenido que rectificar e iniciar el procedimiento de revisión de oficio para anular el decreto con el que hace cuatro meses había restituido esos sobresueldos en la nómina de los trabajadores municipales y había dejado sin efecto una resolución de agosto de 2019 del concejal de Recursos Humanos que suprimió esos pluses en ejecución de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Tanto la interventora municipal como la jefa de Recursos Humanos del Ayuntamiento advirtieron en sendos informes emitidos hace escasas fechas de que ese decreto firmado por la alcaldesa había omitido “total y absolutamente” el procedimiento legal establecido y que era contrario a los intereses generales y al ordenamiento jurídico. El último escrito, rubricado por la técnica de Administración General María Dolores Araña, responsable del servicio de personal del Consistorio, respondía a una providencia de Narváez instando a restablecer el pago de esos complementos específicos retirados en agosto de 2019 a los funcionarios Marcelino López Peraza (secretario), Tania Naya (tesorera) e Isidro Armas (comisario de Policía). 

La funcionaria municipal comparte las tesis ya defendidas por la interventora y plantea dos propuestas de resolución para intentar solventar el “enredo jurídico” creado por ese polémico decreto de la regidora de la localidad sureña. En ese informe, la técnica sostiene que la resolución de agosto de 2019 del concejal de Recursos Humanos que ordenó eliminar esos complementos de las nóminas de los trabajadores e iniciar el expediente recaudatorio para la devolución de las cantidades cobradas de más durante los años anteriores se ajustaba “plenamente a la legalidad”. Se trataba de un acto que se sustentaba en la propia sentencia del TSJC que había anulado la modificación presupuestaria tras los recursos presentados por los sindicatos por la falta de negociación. De no haberse dictado, “se habría seguido manteniendo una ilegalidad en el tiempo y con ello un claro perjuicio a las arcas públicas”, manifiesta la jefa de servicio, que añade que el edil de personal tenía “plenas competencias” para adoptar esa decisión en cumplimiento de una resolución judicial. 

Al igual que expusiera la interventora en el informe emitido a principios de octubre, la jefa de Recursos Humanos incide en que “nunca ha existido” un reconocimiento expreso del derecho y obligación de pago de ese incremento de complemento específico más allá de su inclusión en el “parte de variación” de la nómina de abril de 2016. La funcionaria municipal remarca que el procedimiento mediante el que se debió tramitar es la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), previa valoración del contenido de cada plaza para determinar si concurrían los requisitos de “especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad” para justificar la asignación de esos pluses. 

También reprocha este último informe a la alcaldesa que se hubiera dirigido al Cabildo de Gran Canaria para que le prestase asistencia jurídica sobre “un asunto ya informado y resuelto” por los funcionarios de la propia administración local. “No existía discrepancia alguna” en el seno de la corporación ni ningún informe jurídico para avalar esa ayuda de los servicios jurídicos de la corporación insular, sostiene María Dolores Araña. Por todo ello, concluye que el decreto que restituyó los sobresueldos a los tres altos funcionarios es “nulo de pleno derecho”, por lo que insta a la revisión de oficio finalmente iniciada.  

Fuentes oficiales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aseguran que esos complementos específicos nunca se llegaron a pagar durante este mandato.