Mamotreto: ni se puede derribar ni puede seguir en pie
Se le considera un símbolo de la corrupción. En este caso, corrupción urbanística. Se ha hablado y escrito día sí, día también, sobre él. Unos piden que se derribe ya, y otros, que se mantenga y se le dote de “nuevos servicios”. Pero no es posible ni lo uno ni lo otro. El Mamotreto que ocupa toda la entrada a la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, ni se puede derribar, al menos de momento, ni se puede dejar en pie.
Sí, la situación es complicada, tras la euforia popular por una sentencia en la que se condena a los que fueron pilares de la ATI profunda, como Manuel Parejo, mano derecha de Miguel Zerolo durante dos mandatos, el primero de ellos clave en la construcción del edificio. Complicado, primero, porque la sentencia no es firme y todo apunta a que acabará en el Tribunal Constitucional, algo que ya ha anunciado Eligio Hernández, abogado defensor de tres de los condenados por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio
Tanto Alfonso Delgado, abogado defensor de la que fue gerente de Urbanismo, Luz Reverón, y la única absuelta en el juicio por este caso, como el abogado Pedro Fernández Arcila, que presentó denuncia en Fiscalía en nombre de la Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza (ATAN), coinciden en que habrá recursos de apelación ante la Audiencia Provincial en contra de la sentencia por la que se condenaron a penas de prisión e inhabilitación para cargo público, además de a costear de sus bolsillos el derribo de la construcción, a los ex ediles Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domínguez Pastor, además de los técnicos Epifanio Gómez, Loreto Ariz y Candelaria Benítez.
Los abogados también coinciden en que la sentencia, de más de cien folios y que tardó en redactar más de dos meses la magistrada de lo Penal 5 de Santa Cruz de Tenerife, Beatriz Pérez Concepción, “es bastante contundente y limita mucho las posibilidades de que los recursos prosperen”, afirma Fernández Arcila, en la actualidad, concejal en el Ayuntamiento chicharrero por Si Se Puede. “Creo que ha cerrado bastante la posibilidad de modificar el sentido del fallo condenatorio”.
Tampoco deja de lado la “labor de hormiga” que ha llevado la fiscal especial para Medio Ambiente y delitos contra la ordenación del territorio, Inmaculada Violán, que “ató las responsabilidades de los encausados”, en palabras del concejal. Su labor ha sido alabada salvo por Eligio Hernández, quien ha amenazado denunciar a la fiscal y a la jueza si el Constitucional le da la razón.
Pero Delgado considera que “la Audiencia Provincial sí podría matizar la sentencia y todo apunta a que será finalmente el Tribunal Constitucional el que tenga la última palabra”. O lo que es lo mismo: aún faltan en torno a unos tres años para saber, definitivamente, que va a pasar con el coloso de cemento que debía servir para sustituir los actuales aparcamientos públicos por otros de pago, con un centro comercial como complemento.
Para los concejales de la oposición del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Sí Se Puede, Ciudadanos de Santa Cruz y XTF, el derribo del Mamotreto debe efectuarse ya. “No cabe otra que demolerlo porque no es posible legalizarlo. No se puede destinar a otros usos, como han pedido en algunas plataformas de vecinos, porque no se puede legalizar. No entra en el ámbito de lo posible mantenerlo en pie”.
En el mismo sentido se han pronunciado Guillermo Guigou (Ciudadanos de Santa Cruz) y José Manuel Corrales (XTF), quien además ha anunciado que si el derribo no se lleva a cabo, denunciará al alcalde José Manuel Bermúdez (CC) y a su equipo de Gobierno por “prevaricación y malversación de caudales públicos”.
Posibilidad de retranqueo
Frente a estas férreas posiciones están las opiniones de otros juristas consultados que señalan que “el edificio no debe tocarse hasta que la sentencia sea firme. Si el caso llega hasta el Tribunal Constitucional, las condenas quedarán en suspenso porque, de lo contrario, se vaciaría de contenido el recurso de amparo”.
El defensor de Luz Reverón insiste en que “ni siquiera se ha determinado el importe del derribo, y ello, porque a estas alturas tampoco está claros los deslindes. Hace apenas dos semanas que el Tribunal Supremo fallaba en contra de algunos tramos de esos deslindes. Se sabe que el edificio invade dominio público, pero no se sabe con exactitud cuánto”.
No solo eso, sino que en medio de la euforia por este fallo judicial, hay aspectos que no se han tenido en cuenta, como la posibilidad de derribar solo la parte ilegal y mantener la restante.
“Lamentablemente, muchos de los políticos que están comentando acerca de la sentencia y el Mamotreto no tienen ni idea de lo que están hablando, porque parte de la infraestructura se levanta sobre una parcela municipal, la única en todo el tinglado del frente de playa de Las Teresitas y el entorno de urbanización en Valle Las Huertas, y parte de la construcción sí podría legalizarse”, sostiene Alfonso Delgado.
En su opinión, “cabe un retranqueo de la edificación actual y que se derribe solo la parte que invade dominio público y espacio marítimo terrestre. Porque cabe recordar que esa parcela municipal es para uso público y está destinada a equipamiento, que era una de las finalidades del Mamotreto, y de esa forma, lo que quede de edificio es legalizable”.
Fue una posibilidad que salió en la vista oral que se llevó a cabo entre el 18 de noviembre y el 7 de diciembre en el juzgado 5 de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife. Los peritos aportados por la Fiscalía provincial de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Lama y Carlos Rúa, dejaron claro que ese retranqueo era posible, con lo que ya no se invadiría el dominio público.
“Opinaba entonces y opino ahora”, afirma Delgado, “que ese edificio, guste más o menos, no es un atentado contra el interés general, sino todo lo contrario, y en eso coincidí con los demás abogados defensores de los ahora condenados”.
Lo que no rebate este abogado es que la parte o totalidad que haya que demoler deberá ser costeada con el patrimonio personal de los condenados.
José Manuel Corrales cree, por su parte, que se está mezclando la responsabilidad penal con el derribo en sí, y estima que la construcción debe ser tumbada por completo, sin que queden siquiera los pilares.
“Hubo un acuerdo plenario del año 2009 en el que se acordó la demolición y fue con los votos favorables del PP y todos los partidos de la oposición, entre los que estaba el PSOE. Ese acuerdo fue recurrido ante los tribunales por Miguel Zerolo y los concejales de CC, pero la justicia ha dicho que era un acuerdo plenario legal y por lo tanto, se debe acatar”.
“El siguiente paso para dilatar este derribo fue sostener que se trataba de una pieza de convicción esencial en la investigación judicial. Ya no lo es, y lo que ocurre es que no hay voluntad política. Además, y con respecto a que este asunto llegue al Tribunal Constitucional, eso es lo de menos porque si la Audiencia Provincial desestima los recursos, la sentencia ya es ejecutable”.
En efecto, una sentencia de lo contencioso-administrativo 3 de Santa Cruz de Tenerife, dada a conocer el pasado miércoles, ha ratificado en todos los puntos ese acuerdo y ha dejado sin efecto la gran mayoría de las expropiaciones de terrenos llevadas a cabo en el Valle de las Huertas, en la trasera de la playa de la capital tinerfeña, al tiempo que desestimaba el recurso presentado por la constructora Desurcic, que pretendía la nulidad del acuerdo, por considerar que es propietaria de los terrenos, tras haberlos comprado a Inversiones Las Teresitas.
Inversiones Las Teresitas, de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, representa las dos caras de una moneda. Lo que iba a ser un negocio boyante escudado tras un proyecto de “remodelación” de la playa, se ha venido abajo, sobre todo tras anular el Tribunal Supremo la compra-venta del frente de la playa en 2008 y ahora, anularse las expropiaciones de terrenos que eran propiedad privada y que se pretendían urbanizar.
Una muralla llena de pintadas
En los siete años que se ha tardado entre la primera denuncia ante Fiscalía, que interpuso Lola Schneider, vecina de Montaña Morera, verdadera heroína de la defensa del litoral de San Andrés y cabeza de la Asociación de Amigos de la Playa de las Teresitas, hasta que se celebró el juicio, hay detalles y hechos que han quedado en el olvido.
La verdad es que la génesis del Mamotreto arranca en 1998 y el procedimiento administrativo para su construcción se inicia en 2001, pero nada llamó la atención hasta que un día, mientras paseaba a sus perros, Lola Schneider “empezó a ver con sorpresa como un gigantesco edificio surgía de la tierra sin que ni siquiera un simple cartel explicara cómo se financiaba y qué uso iba a tener”.
En una entrevista con el periodista Noé Ramón para Canarias Ahora, el 8 de marzo del pasado año, Schneider afirmaba que primero llevó sus sospechas ante Costas, después ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, y finalmente, ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
Puede que no supiera que junto con el Mamotreto, estaba sentando las bases para acotar una de las mayores operaciones especulativas que se ha gestado en un ayuntamiento español. El informe que hizo como perito el arquitecto Joaquín Galera Gaspar a petición de Amigos de la Playa de las Teresitas sirvió de base a las posteriores denuncias ante la fiscal Violán.
Al recordar el proyecto completo del arquitecto Dominique Perrault, incluido el frente de playa de Las Teresitas y un gran hotel de 12 plantas, 40 metros de altura, 180 metros de longitud y 60.000 metros cuadrados construidos, el Mamotreto es incluso lo que menos impacto visual iba a crear en el entorno.
Por suerte, fue lo primero que comenzó a levantarse y por lo que saltaron todas las señales de alerta. Para Lola Schneider, el mamotreto “es el símbolo del tinglado de Las Teresitas”, un ejemplo de la aparente impunidad en materia urbanística con la que se actuó desde el Ayuntamiento de Santa Cruz durante los mandatos de Miguel Zerolo, especialmente a partir de 2001.
En el informe de Galera Gaspar se detalla que el edificio destinado a aparcamientos y centros comerciales supone “generar una auténtica muralla o barrera física y visual entre el pueblo de San Andrés y el ámbito de la playa, eliminando para siempre una relación intrínseca que se mantenía históricamente entre la población existente y la totalidad de su entorno marítimo y costero”.
“Es, era, un disparate”, ha afirmado Schneider a diferentes medios de comunicación. Entre la rasante del pueblo de San Andrés y la nueva rasante creada hay una altura de siete metros.
Pedro Fernández Arcila señala que “era evidente que la obra era ilegal, por volumen y por ser contraria al Plan General de Ordenación Urbana, y tanto los funcionarios como los políticos que lo permitieron, lo sabían. Y también lo sabía la Consejería de Medio Ambiente, que miró para otro lado”.
La muralla sigue en pie. En sus paredes, muchos ciudadanos han expresado su indignación. “El cemento de hoy será tu tumba de mañana”, reza una de ellas.
¿Qué pasó con Domingo Berriel?
No se ha hablado de él estos días, pero para algunos de los entrevistados, fue una pieza clave en el entramado que permitió que se levantara la mole de cemento. Domingo Berriel, que era consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias cuando estalló el caso Mamotreto, ha escapado de puntillas de la imputación penal.
“La sentencia sería completa si también hubiesen sido condenados representantes del Gobierno autonómico y del Cabildo de Tenerife, que sabían que la obra era ilegal”, sostiene Fernández Arcila.
“Berriel lo sabía porque la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) le hizo llegar la necesidad de que la edificación contase con un informe de impacto ambiental, pero ese informe nunca se redactó. La inactividad de la Consejería podría haber sido calificada como una prevaricación por omisión”, añade.
En el mismo sentido se expresa la abogada y diputada regional por el PSOE, Gloria Gutiérrez Arteaga, que articuló la denuncia del PSOE contra la construcción del Mamotreto y que señaló en el Parlamento canario a Domingo Berriel su “ceguera ante la notoriedad de la obra, porque 4.000 metros de construcción no se nos escapa a nadie”.
En esa comparecencia parlamentaria del 14 de octubre de 2008, Gutiérrez señaló que la obra invadía zona de servidumbre sin contar con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Les recordamos la comparecencia y la respuesta de Berriel, que se alegó el principio de lealtad institucional y cooperación entre las administraciones. El consejero contó con el apoyo expreso del diputado del PP, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, y por extensión, de ese partido.
Gloria Gutiérrez: “Por si esto fuera poco ya, lo que es la obra en sí, el 27 de diciembre de 2007, es decir, un mes después del inicio de la construcción, la Demarcación de Costas le comunicó a la Agencia de Protección la existencia de esta obra que invadía la zona de protección de servidumbre y que era competencia, como es obvio, del Gobierno de Canarias. Se reiteró la notificación el 28 de enero de este año. Por si fuera poco, la Consejería de la Presidencia le volvió a decir que la obra invadía la zona y carecía de la preceptiva autorización”.
“En mayo, los técnicos de la Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano informaron de que la obra invadía la zona de protección. Después de todas estas comunicaciones y de la obra en sí, que, vamos, es pública y notoria, y el que no la quiere ver es que no quiere verla porque es de considerables dimensiones, el señor Pacheco, en informe de abril de este año, a requerimiento de la Consejería de la Presidencia, manifiesta que se ha procedido a la apertura del correspondiente expediente administrativo, encontrándose en fase de comprobación de los hechos. Después de todo lo que le he dicho, todavía tienen que comprobar”
“Señor consejero, ¿por qué expediente administrativo y no expediente sancionador? ¿Por qué no suspensión cautelar de la obra? La pregunta, señor consejero, es por qué ante tanta evidencia tanta sordera y tanta ceguera. ¿Quizá esta dejación de sus competencias tiene que ver con que la obra sea promovida por el Ayuntamiento de Santa Cruz, gobernado por Coalición Canaria y Partido Popular o, mejor dicho, por ATI y el Partido Popular?”
“¿Por qué ha contribuido con su silencio, por qué ha contribuido presuntamente a la comisión, por parte de los responsables políticos, de delitos contra la ordenación del territorio? ¿Por qué ha permitido con su silencio que los ciudadanos de Santa Cruz tengan que pagar, en concepto de daños y perjuicios, la cantidad de 30.000 euros mensuales? ¿A quién y a quiénes obedece la Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano?, porque desde luego al interés general no, señor consejero”.
Domingo Berriel: “En primer lugar, señoría, he de empezar mi intervención negando categóricamente las afirmaciones y la acusación de dejación de competencias del departamento que dirijo en relación con la construcción por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de lo que denominan un centro comercial y aparcamiento en su petición de comparecencia en la playa de Las Teresitas. No oirá usted de este consejero ninguna otra calificación despectiva, de Mamotreto ni cosas de ese tipo, porque suelo ser muy respetuoso con los proyectos de los profesionales. En este caso, además, de un profesional de prestigio, del que forma parte ese proyecto, cuando diseñó todo el nuevo frente marítimo de la playa de Las Teresitas”.
“Y ello es así porque si su señoría se refiere a las funciones de disciplina urbanística, territorial y ambiental, estas le han sido expresamente atribuidas, en el artículo 129 del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias, como usted conoce, a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, configurada como un organismo público de naturaleza consorcial entre la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos, con personalidad jurídica propia y plena autonomía en cuanto a la adopción de medidas cautelares de suspensión de edificaciones o uso del suelo, y que estas solo resultan procedentes cuando aquellas se realizan sin los presupuestos legitimantes o contraviniendo sus previsiones o no hayan sido acreditadas y la existencia de estos no gozaren de presunción”.
“Sin embargo, resulta improcedente la adopción de tales medidas en aquellos casos en los que las actuaciones provengan de órdenes de ejecución de las administraciones públicas o se trate de proyectos aprobados por las mismas y que, consecuentemente, señorías, gozan salvo resolución judicial en contrario, que no se ha producido de presunción de legalidad, como puede colegirse del indubitado contenido del artículo 176 del citado texto legal”.
Según dijo el consejero de Medio Ambiente, “la Agencia tuvo conocimiento, mediante el traslado por la Demarcación de Costas, de una denuncia formulada por particulares ante aquella por la realización de obras consistentes en movimientos de tierra y acumulación de áridos, ocupando zona de servidumbre de protección en la playa de Las Teresitas, efectivamente, el 28 de enero de 2008”.
“Con anterioridad, se tenía conocimiento, a través de la Dirección General del Servicio Jurídico, de un procedimiento contencioso-administrativo por demanda de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza ATAN contra la ejecución de la expresada obra, alegando la existencia de una vía de hecho. En el mismo habían solicitado medidas cautelares de paralización de las referidas obras, que le fueron denegadas por auto del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, de 22 de febrero de 2007, y ratificada su denegación en la resolución de la apelación por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 12 de junio de 2007”.
“Ante dicha denuncia, la Agencia de Protección del Medio abre expediente, con inicio de actuaciones previas, concluyéndose con el informe de inspección, en el que se constata que el acopio de áridos está en la zona de servidumbre y parte del dominio público y que, en relación con la construcción, esta se ubica parcialmente en la zona de servidumbre, en un ancho de 2 metros de servidumbre de protección, 4 o 6 metros según las distintas versiones de la Demarcación de Costas, pero este hecho es irrelevante a los efectos que nos ocupan”.
El consejero de Ordenación Territorial recalcó en otro momento de su intervención que para la concesión de las licencias, “se ha de tener en cuenta que la obra referida por su finalidad es autorizable en virtud de lo previsto en el apartado 2 del artículo 25 de la vigente Ley de Costas y el 46 de su reglamento. La actuación es acorde al planeamiento vigente, esto es, a la modificación y adaptación básica del Plan General de Ordenación Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, aprobado el 29 de diciembre de 2004”.
En su segundo turno de palabra, Gutiérrez Arteaga, señaló a Miguel Zerolo, de quien dijo que parecía que actuaba como “testaferro de intereses privados en contra de los intereses públicos, con el apoyo suyo, con el apoyo del Gobierno de Canarias.
La respuesta de Zerolo en aquel momento, fue inmediata: “Al parecer, y solo al parecer, la señora diputada utiliza este tema políticamente con ánimos espurios y bastante raros”, dijo. Seis años después, Miguel Zerolo no abre la boca, quizás porque con el Mamotreto se ha desgajado una pieza importante del caso Las Teresitas“.
Aún quedan otros frentes abiertos en el entorno de esa playa, como el puerto deportivo de San Andrés, proyecto que sigue su curso y que, según Fernández Arcila, es el verdadero motivo por el que no se construye el dique que salvaría a la población de ese barrio de las inundaciones por pleamares.
[Este es un contenido Premium de CANARIAS AHORA SEMANAL. Hazte Lector Premium para leerlos todos y apoyar a sus periodistas]
