Prudente rebeldía, insumisión imposible
La LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) comienza este curso a aplicarse en las aulas del conjunto del Estado. Lo hará de manera progresiva. De hecho, este año escolar sólo afectará a primero, tercero y quinto de Primaria, así como a los que opten por la FP Básica. En algunas comunidades, las que no dirige el PP, sus gobiernos han mostrado su abierto rechazo a una ley elaborada sin consenso educativo, social ni político.
Este es el caso de las islas, en las que la Consejería de Educación, en manos del PSOE, se ha manifestado siempre en contra de la nueva norma y anunciado medidas para tratar de atenuar sus efectos más negativos. Una moderada y prudente rebeldía frente a la reivindicación más atrevida de sindicatos docentes y colectivos de padres y madres de alumnos, que hubiesen preferido una insumisión a una norma que la práctica totalidad del arco parlamentario –a excepción de PP, Foro, UPN y UPyD- se ha comprometido a derogar en caso de que las próximas elecciones generales posibiliten una mayoría alternativa a la actual conservadora; asunto, por cierto, que de momento las distintas encuestas electorales publicadas no confirman en modo alguno.
En la segunda semana de septiembre se produjo la paulatina incorporación de los niños y niñas a las aulas canarias en los distintos niveles educativos. En un clima de normalidad y solo con algunos menores incidentes, vinculados a retrasos que afectaban a las infraestructuras de algunos centros.
El de mayor relevancia, probablemente, el del colegio Boliche, en Las Palmas de Gran Canaria, esperando por el fin de las obras en el Siete Palmas, que acumula retrasos y que obligó a que la Administración optará por sacrificar el patio del Boliche, estableciendo aulas modulares, una especie de contenedores que todavía perviven en algunos centros del Archipiélago; con el lógico enfado de los padres y madres que llevan demasiado tiempo esperando por el fin de las obras del CEIP Siete Palmas. Al final se llegó a una solución: el traslado diario en guagua a otros centros hasta que se culminen las obras en el Siete Palmas.
Volviendo al comienzo de curso en las Islas, primero se estrenaron o regresaron a las aulas los pibes de Infantil y Primaria. Más de 167.000 alumnos y alumnas, de los que 131.399 (78,36%) corresponden a la educación pública y 36.295 (21,64%) a la concertada.
Posteriormente les tocó el turno a los de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de las distintas modalidades de la Formación Profesional, así como a los de Bachillerato. Lo últimos en incorporarse son los de enseñanzas de Música, tanto elementales como superiores, Artes Plásticas y Diseño y Escuelas de Idiomas.
En el conjunto de Infantil, Primaria, Bachillerato y ESO se han inscrito un total de 281.291 estudiantes, distribuidos a nivel insular como sigue: 1.234 en El Hierro, 10.400 en La Palma, 2.282 en La Gomera, 118.046 en Tenerife, 112.527 en Gran Canaria, 16.038 en Fuerteventura y 20.764 en Lanzarote. En el caso de la Formación Profesional, aún con cifras provisionales, se estima que superará las 38.000 matrículas.
Primaria
PrimariaLa LOMCE inicia su andadura con el comienzo de la FP Básica y la implantación de la nueva ley en tres cursos de Primaria: primero, tercero y quinto. Aunque supone cambios en los currículos, la mayoría de las comunidades autónomas, entre ellas la Canaria, ha decidido no modificar los libros de texto, lo que hubiese significado un palo económico más para las familias, que han visto cómo se reducían significativamente las ayudas para su adquisición en medio de esta profunda y prolongada crisis económica.
Para la viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, se trata de poner todos los medios posibles para frenar los elementos más nocivos de la nueva ley educativa. Para ello, la Consejería se apoyará en los contenidos de la Ley Canaria de Educación, aprobada hace unos meses por el Parlamento de Canarias.
Este es el caso de la atención a la diversidad el alumnado. “Por ejemplo, hasta ahora teníamos los PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial), que lograban que una parte del alumnado ‘desahuciado’ lograra titular en la ESO. No se les cerraban las puertas y muchos accedían finalmente a ciclos medios de Formación Profesional”, asegura Manuela Armas.
Sin embargo, la viceconsejera recuerda que al desaparecer con la LOMCE los PCPI y ser sustituidos por la FP Básica la situación cambia sustancialmente. “No tienen opción de titular, convirtiéndose en una tapadera del abandono escolar, salvo la obtención de un certificado de cualificación. Lo que vamos a hacer es aumentar el módulo académico de estos estudios para que los chicos y chicas puedan sacarse el título de Secundaria y poder acceder a ciclos formativos de grado medio”.
Reválidas
ReválidasCon relación a la Primaria, su mayor preocupación es que la introducción de las pruebas externas (a modo de resucitadas reválidas) inciten a trabajar en el aula en función de los resultados de las mismas. “Pese a las imposiciones de la LOMCE vamos a seguir trabajando los temas competenciales”, asegura.
Igualmente señala que la ley Wert se carga la estructura de ciclos, que estaban basados en la atención a la madurez del alumnado, imponiendo como único criterio los niveles. La Administración canaria asegura que seguirá teniendo en cuenta los ciclos en los centros educativos, en consonancia con la psicología infantil y por razones pedagógicas.
Por otra parte, la Consejería quiere mantener el papel de los Consejos Escolares, completamente descafeinados por la LOMCE, de manera que la voz de las familias pueda seguir teniendo relevancia en los centros educativos.
Las infraestructuras educativas cuentan este año con unos 18 millones de euros. Una buena parte, casi siete millones, se destina a obras de reforma, ampliación y mejora de los centros educativos. Otro cuatros se dirigen a sustituir aulas modulares, además de mejoras en instalaciones deportivas.
Financiación privada
Financiación privadaEn este nuevo curso se pretende sacar adelante la propuesta de construir quince centros públicos con financiación privada, mediante el que las empresas privadas pagarían los costos de construcción de colegios e institutos y, a cambio, se externalizarían servicios como el de comedor, cafetería o limpieza, que quedarían en manos de las adjudicatarias durante 27 años.
Los centros inicialmente previstos, con un costo de unos 80 millones de euros, son el instituto de Gáldar y la ampliación de colegio del Cardón, en Gran Canaria; el colegio El Quintero y los institutos de Haría y La Medular, en Lanzarote; los colegios de El Castillo, Villaverde y Morrojable, en Fuerteventura; los colegios de Arico, Tijoco Bajo y Punta Larga y los institutos de Las Chafiras y Guaza, en Tenerife; y el colegio de Valverde y el centro Juan XXIII, en El Hierro.
La viceconsejera de Educación indica que se está solo pendiente del visto bueno del Ministerio de Hacienda, al que Canarias ha trasladado un último documento. Por la novedad del modelo (hasta ahora aplicado solo en el campo de la Sanidad) y para evitar que esta financiación privada compute como déficit, teniendo en cuenta el techo al que están obligados todas las comunidades autónomas.
Se espera que en los últimos meses de este año 2014 pueda producirse la licitación de estas obras. Habrá que esperar la respuesta empresarial ante un modelo novedoso y que no tiene las mismas condiciones que las de un hospital o un centro de salud.
Por último, con relación al compromiso establecido en la Ley Canaria de Educación de alcanzar el 5% del PIB en los próximos años (actualmente Canarias se encuentra en torno al 3,8%), la viceconsejera Armas se muestra confiada. “Este primer año espero que no sólo mantengamos sino que aumentemos ligeramente el peso presupuestario de la Educación pese a los nuevos recortes del Gobierno de Rajoy; y en los próximos ejercicios presupuestarios estoy convencida de que se alcanzarán los objetivos señalados por la ley”.
STEC
STECEn este punto, Fernando Pellicer, del STEC-IC se muestra especialmente contundente. Considera imprescindible que en las cuentas públicas de la Comunidad Canaria para 2015 ya comiencen a reflejarse incrementos sustanciales en las partidas destinadas a la Educación pública.
En ese sentido, rechaza las palabras del consejero, José Miguel Pérez, que señalaba recientemente su intención de al menos “contener” las cifras que el Presupuesto dedica a Educación. “El incremento de la inversión en materia educativa hasta alcanzar el 5% en un plazo de seis años, tal y como contempla la Ley Canaria de Educación aprobada por nuestro Parlamento, debe comenzar a reflejarse de manera nítida en estos próximos presupuestos; para comenzar a superar el grave retroceso que hemos padecido en los últimos años, con recortes que han lastrado al sistema educativo”.
Una preocupación que también comparte el Consejo Escolar de Canarias, quien mediante una resolución trasladada a los grupos parlamentarios y al Gobierno ha instado a que en los Presupuestos de la Comunidad Canaria para 2015 “se garantice la inversión educativa que permita el sostenimiento del sistema con calidad y equidad”. Lo que a su juicio pasa por “un incremento con respecto al presupuesto de 2014, en consonancia, además, con el cumplimiento de la recientemente aprobada Ley Canaria de Educación, que establece el incremento progresivo de los recursos económicos destinados al sistema educativo”.
Por otra parte, el STEC-IC asegura que no se conforma con “naturalizar” y “normalizar” los recortes que han sufrido la educación pública y los trabajadores/as de la enseñanza. “Resulta inconcebible que se castigue al profesorado por enfermar, practicándoles descuentos, que se haya incrementado la jornada laboral, que no exista suficiente atención temprana para el alumnado ni suficientes programas ni recursos para el refuerzo educativo, que se privaticen servicios tan esenciales como los comedores escolares...”, afirma Pellícer.
El sindicato no se olvida de la responsabilidad del Gobierno estatal. Denunciando “las políticas de recortes y privatizadoras impuestas por el PP, así como la imposición unilateral de la LOMCE”. Pero entiende que eso no quita los compromisos del Gobierno canario, que puede y debe hacer otras políticas educativas. “No basta con la crítica hacia el Gobierno central. Es necesario un cambio de rumbo, en cierta medida plasmado en la recién aprobada Ley Canaria de Educación. Reclamamos la puesta en práctica de las medidas positivas para la Educación Pública contempladas en dicha norma, especialmente las referidas al incremento presupuestario, así como la recuperación de los recortes practicados en los últimos cursos escolares”.
Movilización
MovilizaciónPara el sindicato mayoritario en el sector docente en el Archipiélago es precisa la movilización conjunta de todos los sectores de la comunidad educativa para reclamar al Gobierno canario y a la propia Consejería la puesta en práctica de todas las medidas positivas que contempla la Ley educativa aprobada en el Parlamento, así como la recuperación de todos los recortes sufridos en los últimos años.
En su opinión ha llegado el momento “de pasar de las palabras a los hechos. La Ley Canaria de Educación, que ha contado con relevantes apoyos sociales, educativos y parlamentarios, no debe quedar en papel mojado. No es de recibo continuar con recortes del pasado ni practicar nuevos recortes”.
En el ámbito del Estado, CCOO ya ha anunciado una huelga para el mes de octubre, convocatoria que inicialmente no ha sido apoyada por el resto de sindicatos del sector. Colectivos estudiantiles han hecho lo propio. Por su parte, CEAPA, que agrupa a las AMPAs de la escuela pública, ha apuntado que no se sumarán directamente a los paros, como ocurrió en el curso anterior en el que recomendó a los padres y madres sumarse activamente a las huelgas convocadas en el sector, no llevando sus hijos e hijas a clase; aunque la medida no fue respaldada por todas las federaciones y su seguimiento fue muy desigual.
Por último, para Fernando Pellicer, este curso 2014/2015 debe traducirse en avances para la educación pública de Canarias y una mejora sustancial de las condiciones laborales y profesionales del profesorado. “No valen las declaraciones de buena voluntad del Ejecutivo de CC y del PSOE. El reclamo ”’ni LOMCE, ni recortes’“, reiterado en los dos últimos cursos académicos por todas las comunidades educativas, debe de pasar de las palabras a los hechos. Lo vamos a estar exigiendo en todos los ámbitos”.
Sindicatos docentes y AMPAS son muy críticos con un sistema, el que impone la LOMCE, que, a su juicio, acrecienta las desigualdades y no afronta los grandes retos del sistema educativo.
En el caso de las familias, la presidenta de la Federación de AMPAs GAldós, Alicia Reyes, considera que en Educación se vive en una “normalidad aparente”. Pero en medio de una situación de enormes dificultades para muchas familias, que influye también en el proceso educativo de los menores. “Entendemos que en este curso los recortes seguirán afectando. Este es el caso del aumento de cuotas en algunos centros por la privatización de los auxiliares de los comedores escolares”.
Recuerda que las partidas destinadas a la adquisición de libros de texto no se han incrementado, mientras empeora la situación de muchas familias por las altas cifras de paro (y de desempleo de larga duración), los bajos salarios y las elevadas tasas de pobreza de Canarias.
Para la Galdós, hay, además, una insuficiente respuesta de la Administración a las demandas de Formación Profesional del alumnado. Coincide con el Consejo Escolar de Canarias y con el STEC en la necesidad de incrementar la inversión educativa y exige que “los planteamientos recogidos en la Ley Canaria de Educación comiencen a trasladarse a las aulas y, aún sabiendo las limitaciones, sirvan de freno a algunos de los aspectos más regresivos de la LOMCE”.
FP Básica: polémica y sin financiación
FP Básica: polémica y sin financiaciónLa otra novedad es la Formación Profesional básica, a la que se dirigirá a aquellos estudiantes con dificultades para terminar la ESO, posibilitándoles adquirir competencias en alguna rama laboral. Su duración es de dos años y vienen a sustituir a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Para acceder a los mismos hay que tener entre 15 y 17 años y haber cursado segundo de la ESO.
Para Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, la FP básica servirá “para reducir el abandono a nivel estadístico”. Para Enguita la nueva ley pretende maquillar la situación “por la puerta de atrás, ‘por la vía baja’, aceptando el ‘fracaso’ en el tronco común y despachando a un tercio de los alumnos por el evacuatorio de una formación profesional venida a menos, vulgo ‘básica’. Así se reducirá el abandono, pero a costa de conformarse con mucho menos”.
Además, con el curso ya comenzado Canarias, como el resto de comunidades, no dispone de financiación específica para la puesta en marcha de la FP básica, que ha tenido que ser realizada con recursos propios.
Algunas novedades y datos del nuevo curso
Algunas novedades y datos del nuevo cursoCasi 168.000 alumnos de Infantil y Primaria.
Más de 113.000 estudiantes de ESO y Bachillerato.
Otros 38.000 en Formación Profesional.
Puesta en marcha de la Red de Centros Innovadores para la Continuidad Escolar, que trata de promover la mejora de los aprendizajes, avanzar hacia la reducción del abandono escolar temprano y fomentar la innovación educativa.
Implantación de la asignatura Educación Emocional y para la Creatividad.
Se pone en marcha por primera vez, y como experiencia piloto en dos centros públicos de Canarias, el Bachibac, programa de doble titulación de Bachillerato español y francés.
Se implantan 12 de los 14 títulos publicados en Formación Profesional Básica.
Siete nuevas titulaciones en los Ciclos de Formación de Grado Medio y Superior.
Aumenta el número de plazas de los comedores escolares en 2.000.
Unos 26.000 estudiantes harán uso de alguna de las 1.300 rutas de transporte escolar previstas.
Más de 800 alumnos y alumnas estarán acogidos en las Residencias Escolares del Archipiélago.
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