Cuando el alimento de 258 familias depende de un propietario
La línea entre poder comer o no es muy fina en Canarias. La muerte de un empresario puede dejar en un limbo el alimento de más de 200 familias vulnerables. Es el caso de los 258 hogares y 600 personas que abastecía la Asociación Vecinal y Solidaria de Arenales (Avesar). Tras la muerte de Antonio de Padua Rodríguez Suárez, el dueño del local donde la ONG desempeñaba su labor hasta este año y quien se hacía cargo del alquiler, sus herederos anunciaron a la entidad que debían ceder el establecimiento. El presidente de Avesar, José Antonio Cardoso Da Silva, confiaba en que esto no supusiera el fin de su labor social y que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria les diera amparo prestándoles un lugar en el que continuar, pero tras promesas que no fueron plasmadas en ningún documento oficial, la ONG se ha quedado en la calle.
El presidente asegura que han sido varias las veces en las que tanto el alcalde de la ciudad, el socialista Augusto Hidalgo, como la concejala del Área de Servicios Públicos y Carnaval, Inmaculada Medina, se han comprometido a dar un local a Avesar. Uno de los establecimientos patrimonio del Ayuntamiento está a la espera de quedarse libre ante el desplazamiento de los trabajadores del Servicio de Salud Pública a otro centro.
Medina ha asegurado a este periódico que estaba previsto que las reformas de la nueva oficina estuvieran listas a principios de año, pero no ha sido así. “Yo soy la primera interesada en que se muden para que estén más cerca. Estoy dispuesta a colaborar con los colectivos, pero no voy a dejar a los trabajadores de Salud Pública sin espacio para trabajar. Yo recibo las presiones justas y necesarias”, justifica la concejala. La responsable de la administración pública también resalta que, si Avesar está avalada por el Banco de Alimentos, entidad de la que recibe buena parte de la comida que después reparte (además de algunas ayudas europeas), es porque cumplen los requisitos y disponen de las herramientas para desempeñar su labor.
La incertidumbre empujó a Cardoso a presentar una queja ante el Diputado del Común. En la respuesta, el jefe de Servicio de Patrimonio y Contratación, Rafael De Francisco Concepción, señala que, de acuerdo con la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la única forma de otorgar un inmueble de forma directa es que “el adquiriente sea un entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública”. Para que una entidad del tercer sector sea considerada de interés público debe ser el Pleno del Ayuntamiento el que asigne esta categoría. “Sabemos que eso no va a ser posible, no contamos con el apoyo de todos los partidos”, lamenta Cardoso, que exige al alcalde que explique “con propiedad” por qué cede locales a murgas y no a organizaciones como la suya.
Más allá de las normas que regulan los inmuebles de las administraciones públicas, el presidente de Avesar apela a la nueva Ley de Servicios Sociales, que estipula que los poderes públicos “fomentarán la solidaridad entre los distintos colectivos de personas y también la colaboración de voluntariado y el tejido de las entidades integrantes del tercer sector en el desarrollo de iniciativas que favorezcan la cohesión social”.
Cardoso insiste en que la atención que prestan a los más de 600 beneficiarios de su actividad va más allá de donar comida. “Hay muchas personas desempleadas que vienen creyendo que son basura por no integrarse en el mercado laboral, otras vienen con depresión, incluso vienen víctimas de violencia de género y nosotros intentamos informarles sobre las entidades a las que tienen que acudir”, explica el presidente. Para poder recibir asistencia por parte de la ONG, los solicitantes deben presentar su documentación y una carta de los servicios sociales que verifique su situación de vulnerabilidad. “Trabajamos en consonancia con las áreas del Ayuntamiento, no entiendo por qué entonces nos dan la espalda”, cuestiona el presidente de esta asociación.
En esta línea, también ofrecen orientación laboral, ropa, apoyo y comprensión “de forma gratuita”, con la intención de crear una red que salve a las personas en situación de pobreza y exclusión social de la capital grancanaria. En Canarias, la cifra de personas en exclusión severa o moderada ya roza el 30% y el último informe sobre Desarrollo Social elaborado por la Fundación Foessa arrojó datos devastadores, como por ejemplo que más de 100.000 personas pasaron hambre con frecuencia en las Islas en los últimos diez años. Por otra parte, del total de canarios y canarias que están en riesgo de pobreza o exclusión solo un 3,4% percibe una prestación mínima, según un estudio de la Asociación de Gerentes y Directores Sociales sobre Rentas Mínimas en España.
Avesar también desempeña un papel determinante en la integración de la personas migrantes y solicitantes de protección internacional que llegan a las Islas. Es el caso de Lisbeth. En medio del pequeño local de la ONG, donde aún quedan muchos kilos de comida, la mujer venezolana afirma que el cierre es “devastador”. “He visto a niños comer de la basura en el país del que vengo. Es una pena que aquí las administraciones no sean conscientes de la necesidad de que asociaciones como esta existan”, asevera. Lisbeth y su marido llegaron a Gran Canaria en enero, y después de ser beneficiarios de la ONG de Arenales, ahora colaboran en ella.
Para ella y para José Antonio Cardoso aún hay esperanza, y de una forma u otra encontrarán la manera de seguir aplicando una filosofía que les ha acompañado a lo largo de sus vidas en distintos continentes y que les ha unido en Gran Canaria. En el local de Avesar aún quedan latas de garbanzos, cacao, huevos, yogures y otros muchos alimentos. “Repartiremos hasta el último grano de arroz”, asegura Cardoso.
