Caldera denuncia la incompetencia del Gobierno canario en inmigración
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, criticó este miércoles la “incompetencia del Gobierno canario” que ha impedido, según dijo, la transferencia a esa comunidad de nueve millones de euros para la acogida e integración de inmigrantes.
Caldera respondió así al diputado Alfredo Belda, de Coalición Canaria (CC), quien acusó al Ejecutivo de no cumplir su “compromiso de que el número de inmigrantes menores no sobrepasaría los 300 en los centros del Archipiélago, ya que actualmente hay más de 800 y siguen llegando en un goteo incesante”.
En el pleno del Senado, el ministro esgrimió en su defensa que la Administración central “ha cumplido a rajatabla sus obligaciones y que no es cierto que se comprometiera con el Gobierno autonómico a mantener sólo 300 menores en Canarias”. Además, Caldera aseguró que “entiende que el Gobierno canario es bastante incompetente, tengo que decirlo con absoluta claridad, al alegar que ha puesto a disposición de la Comunidad autónoma nueve millones de euros para la acogida de inmigrantes y, debido a trámites administrativos, no han logrado transferirlos”. Caldera recalcó que estos fondos se han paralizado “por responsabilidad del Ejecutivo de Canarias, que se comporta con tal incompetencia que no está capacitado para criticar al Gobierno de la Nación, que es el que trabaja con los países emisores de inmigrantes y en Europa para resolver este problema”.
El titular de Trabajo adujo que “la capacidad de actuación de su Gobierno está limitada por la aceptación de quien tiene competencia en la atención de estos menores”, dijo en alusión a las comunidades autónomas. Por esta razón, instó a CC a que “convenza a sus socios del PP en Madrid o en La Rioja, para que acepten menores cuya tutela les corresponde de acuerdo con la Constitución y las leyes”, un supuesto ante el que, reiteró, el Ministerio financiaría los traslados.
El diputado de CC preguntó al dirigente socialista por su postura con respecto a la propuesta planteada en el Consejo de Justicia e Interior de la Unión Europea, para la distribución solidaria de menores inmigrantes no acompañados entre los países miembros.
Caldera recalcó que la Administración “trabaja intensamente para que se ponga en marcha, si bien confesó que este avance no está exento de una enorme complejidad jurídica”.
