Cárceles en tiempos de coronavirus: cuando el preso aplaude que le aíslen más

Los centros penitenciarios en Canarias han guardado desde la declaración del estado de alarma en España ante la propagación del COVID-19 una total normalidad: los reclusos han llegado a aplaudir, literal y paradójicamente, las medidas que refuerzan en cierto modo su encierro, porque son conscientes de que la amenaza está fuera.

Las direcciones de Tenerife II, Las Palmas I y II y el centro de Tahíche (Lanzarote) comunicaron las nuevas directrices de seguridad módulo por módulo y explicaron, asimismo, que el virus entraría, en cualquier caso, del exterior: familiares, amistades y otros reclusos vueltos de permiso que pueden portar el virus.

Tenerife II acoge en estos días a entre 940 y 950 internos; Las Palmas I a 744, Las Palmas II a entre 780 y 800. Y unos 450 permanecen en Tahíche.

El pasado 15 de marzo el Ministerio del Interior suspendió durante el periodo de vigencia del estado de alarma toda comunicación “ordinaria” de los internos en los centros penitenciarios, dada la limitación de la libertad de circulación que recae sobre los propios internos y sobre sus familiares y amigos.

“Se suspenden las salidas de permiso, salidas programadas y cualquier otra salida, salvo por causas de fuerza mayor o situación de necesidad, para evitar desplazamientos”, reza el comunicado.

Menos permisos, más teléfono

Se ampliaron, eso sí, las comunicaciones telefónicas autorizadas a los internos, especialmente con sus abogados a fin de que en todo momento quede garantizado el derecho de defensa. Interior acaba de avisar a las prisiones de que los presos clasificados en tercer grado (semilibertad) o en régimen abierto podrán cumplir condena en sus casas, controlados por una pulsera telemática o por llamadas telefónicas, aunque serán finalmente las juntas de tratamiento de cada centro quienes decidan aplicar esta medida tras evaluar caso a caso.

La población reclusa ha respondido “muy bien” a la alarma, según el funcionario de prisiones en Tenerife II Antonio Rodríguez, y la convivencia sigue su curso normal en los centros de ambas provincias. Incluso, antes del anuncio de la propia suspensión de permisos, algunos presos decidieron motu proprio renunciar a ese derecho.

“Lo entendieron perfectamente. Algunos hasta aplaudieron las medidas. Son personas, entienden la situación y se preocupan”, cuenta Rodríguez.

La funcionaria de Las Palmas I Laura Rodríguez ha reconocido en esa línea que para los internos esta alarma conllevaría, de algún modo, desaprovechar sus permisos, y tampoco les seducía la idea de guardar una cuarentena de 15 días dentro de prisión una vez regresaran de ellos.

Tenerife II ha habilitado un módulo de 50 celdas que hace las veces de módulo de cuarentena en caso de que haya que aislar a algún preso que dé positivo a las pruebas del coronavirus.

Los reclusos evacuados de este módulo se han recolocado en otros y, por lo tanto, la separación interior que rige el día a día de la prisión (penados de preventivos, jóvenes de adultos, primarios de reincidentes, entre otras) se ha alterado excepcionalmente.

De hecho, si un interno presenta síntomas por coronavirus y diera positivo en una prueba de detección, podría aplicarse la cuarentena a todos los integrantes de su módulo, independientemente de los síntomas que el resto pueda presentar.

Aun así, Antonio Rodríguez subraya que esta sería una medida “muy extrema” que, además, probablemente nunca se deba ejecutar durante el tiempo de alarma.

En los centros de Las Palmas también se han habilitado distintos módulos en sus recintos.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias facilitó el pasado domingo un comunicado a sus empleados públicos sobre las normas de actuación, donde se recomendó “la menor rotación posible” a los funcionarios, la correcta limpieza de todos los lugares de uso común de los centros o la desinfección de los locutorios tras cada turno de comunicación.

Tenerife II solo dispone de una limpiadora en plantilla que se encarga de despachos y oficinas fuera de los módulos debido, entre otros asuntos, a la tendencia a las “privatizaciones” que, según el funcionario, sobrevuela distintos servicios penitenciarios.

Los internos asumen así la limpieza del espacio y ya se les ha facilitado más lejía, herramientas y protecciones. Instituciones Penitenciarias también instó a los trabajadores a lavarse las manos antes y después de cada ruta, y a que aquellas personas “especialmente sensibles” por motivos de salud, bajo patologías previas, medicaciones, trastornos inmunitarios, embarazos o lactancias, informen de su condición para la “adaptación” de su puesto.

Todo el personal de prisiones dispone ya de los equipos de protección individual y trabajan en servicios mínimos con vistas a cumplir el mandato gubernamental y, sobre todo, a proteger a los reclusos: “el riesgo está en nosotros, en el exterior, en la calle, no en ellos”, asegura Rodríguez.

Cubren, eso sí, servicios de vigilancia y guardias desde sus respectivos domicilios, y se organizan por turnos de distinta frecuencia para mantener el menor contacto posible con una población carcelaria que, por lo demás, incluye muchos grupos de riesgo.

Porque en las cárceles, dice Laura Rodríguez, conviven muchas personas con “patologías graves” sobre las que no quieren correr riesgos y a las que habrá de trasladar a un hospital en caso de que presenten síntomas.

Todo ello en unas condiciones “inéditas” que obligan a los trabajadores a improvisar y a adaptarse con rapidez a circunstancias cambiantes y a nuevas órdenes.