Dimas Martín, en el cierre del juicio: ''En mi casa no hay ni una bombilla pagada con dinero público“

Los acusados del caso Unión, en una de las sesiones en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. (ELVIRA URQUIJO/ EFE)

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

El expresidente del Cabildo de Lanzarote Dimas Martín ha aprovechado este viernes su derecho a decir la última palabra el juicio del caso Unión para poner en entredicho al antiguo edil de Arrecife que ha confesado que se desviaban hacia el PIL fondos públicos de instituciones de la isla.

“Miente y sabe que miente”, ha señalado Martín respecto al exconcejal de Hacienda José Miguel Rodríguez, en la jornada con la que se cierra el primero de los juicios derivados de la trama de presunta corrupción destapada en las administraciones de Lanzarote.

En el uso de la última palabra, Dimas Martín ha negado “rotundamente” que haya contratado en algún momento a Batllori para “ningún servicio privado, ni de ningún tipo”.

“Miente y sabe que miente, porque nunca le he obligado a pagar ninguna factura al señor Batllori, ni a nadie”, se ha defendido el fundador del PIL, quien sí ha confirmado que asesoraba de “forma pública y notoria” a los representantes de su partido.

“Una vez más se quiere echar tierra al muerto”, pero “en mi casa no hay ni el valor de una bombilla” que se haya pagado con dinero público, ha alegado el expresidente del Cabildo de Lanzarote, que se encuentra en prisión desde hace tiempo por otra causa.

Por ello, Dimas Martín ha asegurado que tiene “un patrimonio personal” que no le va a destruir ni el Ministerio Fiscal, ni el comandante de la unidad de la Guardia Civil que destapó el caso; y ese es “su conciencia”, ha enfatizado.

En este proceso, el Ministerio Fiscal ha solicitado a la Audiencia de Las Palmas que condene a ocho años de prisión al exviceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez Batllori y a seis al fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, por dos delitos continuados de fraude en concurso con malversación y prevaricación.

Además, ha juzgado también la actuación en los hechos de dos exediles del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife, así como del gerente y de la consejera delegada de la empresa pública de aguas de Lanzarote, Inalsa.

En la última jornada de la vista oral, los letrados de la defensa han reclamado la libre absolución de los imputados al entender que los hechos no han sido probados por los testigos, ni por las pruebas periciales.

Asimismo, tanto la abogada del gerente de Inalsa en 2008, Rafael Elorrieta, como la letrada de la exconcejal de Recursos Humanos María Luisa Blanco han pedido la nulidad del juicio, puesto que estiman que existen irregularidades en diversas pruebas aportadas al procedimiento.

Por su parte, el abogado del exedil de Hacienda de Arrecife José Miguel Rodríguez (PIL) ha destacado nuevamente el arrepentimiento de su defendido y ha subrayado que su confesión ha sido importante para el desarrollo de la causa.

El también letrado Francisco Rodríguez Batllori, imputado en la causa, ha justificado de nuevo toda su gestión en el asesoramiento a Inalsa y al Consistorio de Arrecife, y ha dicho en su última palabra que nunca ha sido abogado de Dimas Martín.

Asimismo, ha defendido su profesionalidad y ha manifestado que le duele mucho que se compare su actividad con “la del pequeño Nicolás”.

Al respecto, la consejera delegada de Inalsa en el momento de los hechos, Plácida Guerra, ha ratificado que “jamás” nadie le ha presionado, ni le ha exigido “nada para contratar a alguien”.

El gerente de Inalsa y yerno de Dimas Martín, Rafael Elorrieta, ha lamentado que se dude de su profesionalidad y ha añadido que parece que su “mayor error” haya sido “enamorarse de la persona equivocada”, aunque para él no ha sido así, ya que ha calificado de acierto su matrimonio.

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