El comité de empresa pide la retirada del contrato de emergencia de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria
El comité de empresa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado este viernes la retirada “inmediata” del contrato de emergencia de limpieza viaria y recogida de residuos, puesto en marcha esta semana con carácter temporal hasta la adjudicación definitiva de los dos contratos de servicios, actualmente en tramitación.
En un comunicado, el comité de empresa del Consistorio ha denunciado que la reciente contratación de emergencia, que se presenta como una medida transitoria, “constituye en realidad una privatización encubierta”.
“Bajo el pretexto de garantizar la higiene urbana y la salubridad, se externaliza de forma exprés lo que durante años se ha dejado degradar de manera deliberada: el Servicio Municipal de Limpieza (SML)”, ha señalado.
El comité opina que, tras diez años de gobierno tripartito (PSOE, Nueva Canarias y Podemos) el resultado ha sido una plantilla “exhausta, reducida y envejecida”, vehículos “obsoletos por falta de inversión planificada”, falta de reposición de personal y bloqueo administrativo permanente y “promesas incumplidas sobre la modernización del Órgano Especial de Administración”.
A su juicio, el Gobierno municipal “ha permitido esta deriva” y ahora “usa el deterioro que él mismo provocó como excusa para entregar el servicio a manos privadas”.
“No se puede hablar de emergencia cuando el deterioro ha sido planificado. No se puede hablar de defensa del servicio público mientras se trocea su gestión”, sostienen los representantes laborales al reiterar que este contrato es “la puerta de entrada a la externalización definitiva de la recogida de residuos y la limpieza viaria, pilares esenciales del bienestar ciudadano y del empleo público digno”.
Desde el comité han solicitado la retirada inmediata del contrato de emergencia y la reactivación del Servicio Municipal de Limpieza como servicio de gestión directa con medios y personal suficientes, un plan de inversión real y transparente en flota, maquinaria y contratación pública, así como “el respeto absoluto” a los comités de empresa y a la negociación colectiva, garantizando su participación en cualquier proceso de reorganización, “tal y como se dijo y no han cumplido”.
Igualmente, han pedido una auditoría independiente sobre la gestión del Servicio Municipal en los últimos diez años con el propósito de depurar responsabilidades políticas y administrativas.
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