Derecho al Techo carga contra el último anuncio del Gobierno de Canarias sobre vivienda: “No augura nada bueno”

La plataforma Derecho al Techo ha emitido este domingo un comunicado en el que carga contra el último anuncio hecho desde el Gobierno de Canarias en materia de vivienda: la creación del denominado Observatorio de la Vivienda de Canarias (OBVIA). Según el propio ejecutivo regional, se trata de una herramienta clave para diseñar políticas habitacionales eficaces. “Desde ya nos genera serias dudas”, ha reaccionado la plataforma.

Según el propio Gobierno, se trata de una estructura permanente para analizar el mercado inmobiliario en las Islas. Esto, en opinión del colectivo, evidencia con claridad el enfoque desde el que se plantea: no como un derecho fundamental, sino como un producto del mercado. “Una vez más, la vivienda continúa tratándose como un activo financiero, y no como lo que realmente es: un derecho constitucional y un derecho humano”, denuncia la organización.

Además, considera “especialmente grave” que este observatorio nazca obviando a los colectivos sociales que, día a día, trabajan, denuncian y proponen soluciones reales para garantizar este derecho. “No se ha contado con nosotras. No se ha convocado a quienes llevamos años sosteniendo redes de apoyo, visibilizando la emergencia habitacional, organizando a las inquilinas y señalando a los verdaderos responsables: la especulación, la turistificación y la desprotección institucional”, expone. “Obviarnos desde el principio no augura nada bueno”.

“Tememos, y con razones fundadas, que OBVIA termine siendo otro órgano burocrático más que, lejos de facilitar soluciones, sirva para diluir responsabilidades y seguir legitimando un modelo que favorece a constructoras, promotoras e intereses financieros. Un instrumento más de blanqueo para unas políticas que, hasta ahora, han sido claramente ineficaces y profundamente injustas”, denuncia la organización.

Por ello, reclama aplicar, “con valentía”, las medidas “que ya sabemos que funcionan”, y enumera: recuperar y poner en uso social las viviendas vacías, incluidas las propiedad de la SAREB; limitar y regular los precios del alquiler; declarar zonas tensionadas y aplicar las medidas correspondientes; detener la turistificación que expulsa a las vecinas de sus barrios; invertir en vivienda pública de alquiler y en servicios públicos que dignifiquen la vida en los barrios; y, por último, inspeccionar y erradicar las infraviviendas y los subarriendos ilegales que precarizan a cientos de personas en nuestras islas.

“La solución no es más burocracia, es voluntad política”, explica la organización, que añade que también pasa por “garantizar vivienda digna, proteger a quienes alquilan y recuperar los barrios para vivir, no para especular”.

Por todo ello, rechaza el Observatorio: “Nace ignorando a quienes estamos en primera línea, porque perpetúa un enfoque mercantilista y porque refuerza el camino que nos ha llevado a esta crisis habitacional”.

La plataforma expone los problemas canarios en Bruselas

El pasado mes de mayo, esta plataforma fue invitada por eurodiputados de Sumar, Compromís y Catalunya en Comú a las jornadas sobre la Crisis de la Vivienda en Europa: de la denuncia a la acción celebradas en el Parlamento europeo en Bruselas. Allí expuso la falta de políticas públicas por parte del Gobierno de Canarias, “que se refleja en el fracaso total del Plan de Vivienda 2020-2025, en el que habiéndose propuesto la creación de más de 5.971 viviendas protegidas, no se han finalizado ni 500 a día de hoy”.

Así lo planteó la abogada y portavoz de Derecho al Techo, Isabel Saavedra, que también explicó “el efecto llamada que ha supuesto la tramitación de la ley de vivienda vacacional sin haber realizado previamente moratoria, lo que ha hecho incrementar el parque de viviendas vacacionales de las 33.000 viviendas que había registradas en 2020 a las casi 70.000 que hay a día de hoy”.

“Expusimos también nuestra preocupación por los desahucios sin alternativa habitacional que se siguen produciendo en Canarias, y en particular los que lleva a cabo la Sareb”, detalló Saavedra.

La plataforma se reunió en Bruselas con el vicepresidente de la Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo, Mathew Baldwin, al que trasladó su preocupación por el destino que pueda dar el Gobierno de Canarias a las ayudas o fondos que pueda recibir la comunidad autónoma para políticas de vivienda.