La Oliva, Tías, Puerto del Rosario y Arrecife, a la cola en servicios sociales

Cuatro municipios de Canarias se encuentran entre los más precarios en materia de servicios sociales de España. Con una inversión que no superó los 50 euros por habitante en 2017, Puerto del Rosario (47,30 euros), La Oliva (43,17 euros), Tías (46,66 euros) y Arrecife (47,02 euros) se sitúan en este listado que incluye a 56 ayuntamientos españoles de más de 20.000 censados.

Según el informe realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en el que se han estudiado los presupuestos que los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a Servicios Sociales y Promoción Social, en España hay 31 Consistorios con una inversión excelente, 40 con una inversión pobre y 56 con una inversión precaria. Los datos corresponden a los municipios que han presentado el presupuesto liquidado en 2017 publicado por el Ministerio de Hacienda el pasado 28 de diciembre.

En el documento se explica que solamente 3,5 millones de los 30,8 millones de habitantes que viven en municipios de más de 20.000 residentes, son beneficiarios de unos servicios sociales de Excelencia. Andalucía se pone a la cabeza con el mayor número de ayuntamientos (9), seguida de Catalunya (6), País Vasco (5) y Comunidad Valenciana (4). En la tabla no hay ningún municipio canario que invierta más de 100 euros por habitante, lo que viene a decir que ninguno llega a ser excelente en esta materia.

El informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España ya lo advertía en el mes de octubre, Canarias tiene una tasa de exclusión social y pobreza del 40%, más de 840.000 personas se ven afectadas por estos números. Sin embargo, parece que al Gobierno regional se le están escapando estos datos y la Ley Canaria de servicios sociales lleva tres años atascada en el Parlamento. Así, la comunidad se sitúa como una de las regiones con los peores números de toda España.

Hay que tener en cuenta que le ley por la que se administran los servicios sociales en las islas en la actualidad es de 1987. La norma ha quedado totalmente obsoleta y no da garantías a la población canaria. En febrero de 2018, hace casi un año, fue llevada una nueva ley al Parlamento, pero fue duramente criticada por la oposición por no incluir una ficha financiera que asegurara que no iba a caer en saco roto.

La provincia de Las Palmas es la única afectada por estos datos. En Fuerteventura el municipio de La Oliva, gobernada por Coalición Canaria en un pacto con Nueva Canarias y PPMajo, con 25.349 residentes, tiene una inversión de 43,17 euros por habitante, un 6,7% menos que el año anterior (2016). Puerto del Rosario, también presidido por el partido nacionalista en un pacto con el PSOE, tiene 38.711 censados e invierte 47,30 euros por habitantes, un 5,1% más que en el anterior ejercicio.

Lanzarote también cuenta con dos municipios que se encuentran entre los más precarios en servicios sociales de todo el país. En Arrecife, la capital de la isla, gobierna en minoría el PSOE con dos concejales del PIL que fueron expulsados de su partido por mantenerse en el grupo de gobierno municipal. En ese municipio hay 59.771 personas censadas y la inversión por habitante es de 47,02 euros, que descendió un 15% con respecto a 2016. En aquel año se invertían 55,33 euros por residente. Tías es el cuarto municipio canario que se encuentra en esta tabla. La inversión por habitante de este Consistorio lanzaroteño es de 46,66  euros por habitante, un 8,8% más que en 2016.

En el informe se destaca, como “dato positivo”, que la precariedad en el gasto social de los Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes ha bajado en un 25% en toda España. Sin embargo, lamentan que el 71% de los Ayuntamientos Precarios en 2016 mantienen la misma situación en 2017.

Hoy en día las secuelas de la crisis económica de 2008 siguen perdurando en la sociedad canaria. La dificultad para acceder a una vivienda digna y los datos de pobreza han generado que en las islas surjan nuevos perfiles de personas y familias en riesgo de exclusión social.