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La ola de calor recuerda a Canarias que debe acondicionar sus centros escolares y aumentar la inversión educativa

Un colegio de La Laguna (Tenerife) que cierra su actividad tras conocerse la decisión del Gobierno de Canarias de suspender las clases.

Jennifer Jiménez

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Aulas en las que no funcionan las ventanas, sin posibilidad de propiciar la ventilación cruzada y en construcciones obsoletas de hace más de 40 años en algunos casos. Los colegios canarios no están en condiciones de albergar a un alto grupo de estudiantes en sus clases y hacer frente a temperaturas extremas. Durante varios días se fueron acumulando los reportes por desmayos y otros problemas sanitarios causados por el estado de esas infraestructuras. Todo ello hizo que el Gobierno de Canarias suspendiera por primera vez la actividad lectiva por altas temperaturas, sentando un precedente, pero también que haya anunciado que se trabaja en un protocolo con Emergencias que especifique qué se debe realizar en cada caso. 

El episodio de altas temperaturas, que según los expertos seguirá repitiéndose, lleva a los sindicatos educativos a reclamar mejoras en las infraestructuras. STEC-IC, por ejemplo, insta a que se destinen fondos europeos a este fin en los próximos años. El sindicato, que planteó enmiendas a la Ley canaria de cambio climático, proponía diversas cuestiones como implantar la fotovoltaica en los centros y utilizar materiales que permitan el aislamiento térmico de las aulas. Al igual que ANPE reclamaron la suspensión puntual de las clases pero ambos instan a que se acometa una serie de cambios como dotar de sombras a los patios, una eterna reivindicación. 

La falta de inversión educativa

Esta petición de mejora de las infraestructuras se produce en un momento en el que se acaba de aprobarse una PNL en el Parlamento de Canarias que insta a destinar en los presupuestos de 2024 el 4,75% del PIB a Educación. El Archipiélago debía destinar el 5% de su PIB a esta área en 2022 pero la desidia de Gobiernos anteriores y la pandemia impidieron que se alcanzara. Hoy día no se cumple con la Ley Canaria de Educación, recordó esta semana en el Parlamento la diputada Carmen Hernández (NC) que llevó la iniciativa junto al grupo parlamentario socialista.

La plataforma por el 5% del PIB para Educación había preparado un plan plurianual para alcanzar este fin. La PNL, basada en la propuesta del colectivo, fue respaldada con amplia mayoría, pero sí que contó con las intervenciones de PP y CC, grupos que sustentan el actual Gobierno, que remarcaron que nos encontramos en un contexto de incertidumbre y marcado por las reglas de gasto que vengan de Europa y del Gobierno central. A esta afirmación el PSOE respondió que pese a ello, el Ejecutivo canario ha bajado los impuestos a las grandes fortunas nada más comenzar el mandato.

Canarias necesitaría inyectar 250 millones a sus próximos presupuestos para acelerar la calidad de la enseñanza y cumplir con la Ley Canaria de Educación en unos nuevos plazos. Esas partidas deben destinarse a seguir impulsando la escolarización de menores de cero a tres años, renovar las infraestructuras educativas canarias, apoyar la FP, reconocer y valorar la función docente desde muchas perspectivas, además de cumplir con “una parte de la ley que no hemos desarrollado que es el plan estratégico de atención a la diversidad”, recordó Hernández esta semana en el Parlamento.

Carencias en las infraestructuras

“No contamos con aulas suficientes, tenemos una obra, de cuatro aulas, que tenia previsto finalizar el pasado 30 de septiembre de 2022 y que sigue sin ser terminada. No contamos con sombra ni en el recreo ni en la única cancha. Las ratios de cada curso no están siendo respetados y se tiene como aula principal aquellas instalaciones no destinadas para ello”, denunciaba la pasada semana el IES Magallanes Granadilla de Abona, dispuesto a realizar una huelga si no se suspendían las clases.

Otros seis centros educativos solicitaron por escrito suspender las clases. El IES El Tablero I, que dispone de aire acondicionado en algunas aulas, denunció estar soportando temperaturas de más de 36 grados al no disponer de este sistema en varias clases, además de carecer de sombra en el patio. En su centro anexo, imparte clases el alumnado de Bachillerato, en condiciones obsoletas.

Pese a que en un principio Educación descartaba suspender las clases, los reportes de problemas de salud de alumnado y profesorado llevaron a tomar esta decisión. “La situación es insostenible”, dijo el consejero de Educación, Poli Suárez (PP). Suárez recordó que actuar ante esta situación es “algo nuevo” y teme que las altas temperaturas “han venido para quedarse”.

En Canarias, además de aulas y centros obsoletos existe casi un centenar de aulas modulares o barracones, que aunque suelen contar con aire acondicionado, debe ser una solución temporal y no estancia prolongada para el alumnado. Educación ha explicado a este periódico que su previsión es ir retirando estas aulas. Se ha solicitado información a la inspección educativa sobre ellas y recuerdan que este curso se han retirado las del colegio Parque de La Reina, en Tenerife.

Tomar medidas ante el cambio climático

El sindicato STEC-IC defiende que durante el periodo de exposición pública de la Ley de Cambio Climático de Canarias expuso una serie de medidas en materia educativa. Recuerda que el Archipiélago es un territorio muy vulnerable y que ya estamos apreciando los efectos. Gerardo Rodríguez señala que en las Islas hay más de mil centros educativos y que es una oportunidad que los fondos europeos se destinen en mejorar sus infraestructuras y en que se produzca una transición energética en ellos, con apuesta por la fotovoltaica, por ejemplo, o por los huertos urbanos.

Cree que es necesario dotar a los centros educativos de zonas de sombra, a ser posible vegetal o que se acometan obras de aislamiento térmico. También solicitan que se regule el teletrabajo y que reuniones o claustros que se realizan por la tarde puedan realizarse de manera telemática. También aboga por otras medidas ante el cambio climático como que haya contenedores de separación de residuos así como que la educación ambiental sea transversal.

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