Los sindicatos de Las Palmas se movilizan contra el cese de trabajadores de Correos y el cierre de oficinas

Imagen de archivo de trabajador de Correos

María Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria —

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Todos los sindicatos de la provincia de Las Palmas (CC. OO, UGT, Sindicato Libre, CSIF y CGT) se han unido para convocar varias movilizaciones, la primera el 11 de diciembre en la Avenida Primero de Mayo, en Las Palmas de Gran Canaria, para denunciar el cese y las condiciones laborales de los empleados del Grupo Correos y los recortes en los servicios públicos que lleva sufriendo la empresa desde hace años. Por su parte, la entidad postal ha negado mediante un comunicado el despido de trabajadores y recuerda la contratación de más de 4.000 personas el pasado verano.

Lo que comenzó siendo en 2001 una “modernización del operador público postal” con la conversión de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos en Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI), para muchos fue el comienzo de una sigilosa “privatización” de la primera empresa pública de España.

Hay que remontarse décadas atrás para entender el descontento general que sienten los empleados de Correos al ver el cese de varios compañeros (cuatro en la isla de Fuerteventura), la atadura de varios de ellos a empleos parciales y el cierre gradual de oficinas. Ángel Cabanillas, delegado sindical del comité de Correos de la provincia de Las Palmas, advierte que la próxima movilización de los trabajadores en las Islas será el 11 de diciembre en la Avenida Primero de Mayo, en Las Palmas de Gran Canaria.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los sindicatos también anunciaron movilizaciones la semana pasada tras varios recortes y la supresión de puestos de trabajo en Tegueste, Tejina, La Guancha, Guía de Isora, Playa San Juan, Alcalá, Puerto Santiago y Güímar, en Tenerife, lo que evidencia “que nos encontramos ante un ERE encubierto y no declarado”.

En respuesta a estos avisos de paros en Santa Cruz de Tenerife, Correos emitió un comunicado en el que aseguró que la pandemia ha provocado el aceleramiento de la caída postal ya que, en lo que va de 2020, “se han enviado 500 millones de cartas menos”, por lo que la compañía prevé pérdidas de hasta “280 millones de euros”. Sin embargo, la entidad señaló en la nota que “no va a realizar ningún proceso de despidos”, pero sí va a adecuar la plantilla de Correos “al nivel de la actividad real”. Además, recuerda que en el pasado mes de julio “se incorporaron 4.005 personas a un puesto fijo y que actualmente hay abierta una convocatoria para otras 3.381 plazas, de las que 96 serán para Canarias”.

Cabanillas afirma que, lejos de verse ampliada la plantilla, en Canarias se han producido “27 cesiones de reparto”. El sindicalista añade que se fundamenta en “datos” a pesar de que “la empresa los desmienta”. Además, especifica que estas cifras le llegan de los documentos firmados por el propio jefe de distribución, es decir, por la propia empresa.

Una de las islas más afectadas, teniendo en cuenta su geografía, ha sido Fuerteventura, donde “han quitado carteros en Antigua, Costa Calma, Morrojable y Gran Tarajal”, sumando un total de cuatro ceses de trabajadores. El sindicalista avisa que, además de los empleados, la gran afectada es la ciudadanía, quien notará el progresivo deterioro de los servicios. “La isla no ha menguado, las distancias son las mismas, pero ahora hay menos carteros, algo que se va a notar, sobre todo, en las zonas rurales”, advierte.

Otra de las denuncias de los sindicatos es que las jornadas parciales parecen estar llenando la plantilla de Correos. “No está habiendo empleo de calidad, es una de las patas de las que cojea” la empresa postal, como indica Cabanillas. Lo que se une a la fuga de funcionarios que se ha producido desde comienzos de siglo, cuando las oposiciones para ingresar en la empresa ya no hacen acceder a los trabajadores como tales, sino como laborales o eventuales, y a la paralización de nuevas contrataciones.

El cierre de oficinas no hace más que acentuar este desgaste. El delegado sindical afirma que la oficina de Coreos del Sebadal “está cerrada, al igual que la sucursal número cinco de Miller Bajo (ambas en Gran Canaria) y los ciudadanos no lo saben”.  

Mantener un servicio público

Al no pertenecer solo al Estado, la entidad postal recibe menos subvenciones públicas, una circunstancia a la que se suma un plan estratégico poco satisfactorio por parte de la empresa. “Correos no genera rentabilidad”, resume Cabanillas.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 destinan unos “exiguos 110 millones de euros” para el Grupo Correos. En 2011, la empresa recibió unos 432 millones y, desde entonces, los empleados solo esperan un nuevo tijeretazo, como el de este año. Cabanillas puntualiza que no quiere defender al PP, pero reconoce que “ni siquiera Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda desde el 2000 al 2004 durante la presidencia de José María Aznar y de 2011 a 2018 en la de Mariano Rajoy, se atrevió a hacer tales recortes”.

A esto se le une que el Servicio Postal Universal y la directiva europea postal obligan a Correos a hacer un reparto diario a lo largo y ancho de la geografía nacional. “Si en la montaña más recóndita hay una vivienda, estás obligado a hacer esa cobertura”. En los últimos años, esto para Correos ha supuesto más pérdidas que beneficios.

Según Cabanillas, el problema radica en que hay acuerdos “internacionales y políticos que se firman” y que, más tarde, se “lastran a la empresa pública”. Por ejemplo, la distribución de envíos que llegan desde China bajo estos acuerdos resultan un problema para Correos. “Si cobramos 30 céntimos por un pintalabios o por una carcasa de móvil que vale un euro y ese paquete lo tenemos que llevar a esa supuesta casa recóndita de la montaña, ¿cómo me va a salir rentable esa cuenta-resultado?”

Por otra parte, afirma que no ayuda que en las oficinas se vendan solo “cupones de la ONCE, de Unicef o libretas y bolígrafos” para generar ingresos.

En este sentido, Cabanillas anima al presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y a su grupo directivo a fijarse en otras empresas internacionales, como la alemana DHL o la francesa SEUR, que se han expandido por varios países y además de realizar un servicio postal, “no han desatendido otro tipo de negocios”, como señala.

El delegado sindical tiene claro que Correos no va a desaparecer, pero, pese a ser portavoz en estas protestas, teme que “se reconvierta en lo que se han reconvertido otras empresas, como Iberia o Transmediterránea”, que ya en su momento dejaron de ser un brazo de unión del Estado. Esto significaría despedirse del carácter público que tiene la empresa postal desde su creación hace más de 300 años.  

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