La Guardia Civil denuncia 39 infracciones en centros de buceo de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Comandancia de Las Palmas ha realizado en los meses de abril, mayo y junio una serie de inspecciones en materia de prevención y fiscalización administrativa a 67 empresas y centros de buceo de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y ha procedido a la denuncia de 39 infracciones cometidas, así como al precinto temporal de dos compresores.

El principal objetivo de estas inspecciones es actualizar los datos de los centros y clubes de buceo de los que la Guardia Civil tiene conocimiento de su funcionamiento, así como de registrar los nuevos que se habían dado de alta. Asimismo, con estas inspecciones se pretende comprobar que todo club o centro que se dedique a la actividad del buceo está conforme a la normativa vigente.

En el mes de abril, en la isla de Lanzarote se llevaron a cabo un total de 42 inspecciones entre los centros y clubs de buceo, algunas de ellas in situ. En este tipo de comprobaciones la Guardia Civil tiene la capacidad de abarcar el control administrativo en el propio local donde está constituida la empresa o asociación deportiva y el control del desarrollo de la actividad en el lugar donde se desempeña la misma, habitualmente en conocidos lugares de inmersión, desde el litoral.

En total fueron detectadas 26 infracciones administrativas de diversa índole, como carecer de despacho de la embarcación (3 infracciones), carecer de la autorización de la Viceconsejería de Pesca al Decreto 35/2006 por el que se regula los centros de buceo y las enseñanzas deportivas subacuáticas (20 infracciones) y otras 3 infracciones remitidas a Industria por carecer de inspección anual (visual) o quinquenal (de contraste) en botellas o compresor conllevando al precinto de un compresor en un centro de buceo.

En los meses de abril y junio el GEAS de la Guardia Civil se desplazó hasta la isla de Fuerteventura en la que realizaron un total de 15 inspecciones en centros de buceo ubicados en diferentes municipios en los que detectaron 6 infracciones por carecer de autorización de la Viceconsejería de Pesca; una infracción remitida a Industria por carecer de inspección visual o quinquenal en botellas o compresor, conllevando al precinto de un compresor en un centro de buceo, y una denuncia remitida a la Inspección Provincial de Trabajo, por detectar un contrato no acorde con la actividad que se estaba desarrollando.

El mes de mayo, el GEAS se desplegó por la isla de Gran Canaria y realizó un total de 10 inspecciones de las que se detectaron 5 infracciones por carecer de autorización de la Viceconsejería de Pesca.

Resumen de las actuaciones

Por los datos manejados, y tras concluir las inspecciones en la provincia, se puede apreciar que el precepto más denunciado es la carencia de la correspondiente autorización para ejercer la actividad, expedida en la Comunidad Autónoma por la Viceconsejería de Pesca. Esto es debido en ocasiones a que los centros no reúnen los requisitos exigidos a nivel documental y están en período de subsanación, porque la administración los ha autorizado positivamente mediante silencio administrativo y no tienen ningún documento acreditativo de dicha autorización, o porque no han tramitado aún su petición.

Las denuncias amparadas bajo la ley de Industria (R.D. 809/2021 por el que se regulan los equipos a presión) están estrechamente vinculadas con la seguridad en el buceo, ya que tanto compresores como botellas requieren de un mantenimiento y revisiones específicas para prevenir accidentes, pudiendo ser bastante graves las consecuencias de los mismos en caso de producirse.

Por último, las infracciones vinculadas a Capitanía se deben a la carencia de las autorizaciones pertinentes para patronear las embarcaciones profesionales o la documentación relacionada con ellas (como seguro, despacho o ITB). Cabe destacar que este resumen refleja el compromiso autoridades con la regulación y la seguridad en las actividades de buceo, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.