Concertación

Un sistema democrático de toma de decisiones quedaría vacío de toda sustancia ética sin la efectiva participación de los interesados en el diálogo político, lo que precisamente trata de asegurar el proceso de formación de la voluntad racional. Ante una situación en la que se asiste a procesos de estrangulamiento normativo que provocan situaciones nada deseables desde y para la sociedad, se convierte en urgente la búsqueda de una ética de la responsabilidad colectiva en los ámbitos global y local que asegure no solo un crecimiento económico, sino un auténtico desarrollo social.

A este respecto, la concertación social debe verse como un proceso de maduración de los sistemas democráticos de participación. Con ella se intentan relanzar las facetas de la sociedad en la que la cohesión económica y social sea parte fundamental como base y estructura de cualquier organización moderna y evolucionada en la que la libertad de participación y elección esté presente.

Las sociedades democráticas contemporáneas deben desarrollar un paradigma de negociación basado en el diálogo, con el objeto de desatar interacciones sociales dinámicas resultantes de acciones comunicativas subjetivas. La demanda de este tipo de procesos se hace latente cuando se detecta que falta, por un lado, armonizar la satisfacción de los derechos y deseos privados reclamados por individuos y grupos y, por otro, responder a las necesidades funcionales del sistema.

La concertación social se erige como articuladora de una nueva cultura política y como potenciadora de los actores del desarrollo. A las partes integrantes en los procesos de concertación no hay que dejarlas de ubicar como entidades solo funcionales en tanto defensoras de intereses de sus integrantes, sino que no debe dejar de anotarse que precisamente en la defensa de los intereses sectoriales se encuentra la ligazón con el proceso productivo y la generación de riqueza en la sociedad, dado que ningún aparato económico puede moverse sin el concurso positivo de las entidades profesionales, que trascienden el plano normativo y se mueven operativamente en el sistema social.

Por ello, la filosofía integral de los procesos de negociación de esas características debe comprometerse a luchar por la equidad y la igualdad dentro y fuera del sistema meramente productivo. Debe incluirse la acción en el medio social. Es decir, no solo hay que incrementar la productividad y compaginar lo microeconómico y lo macroeconómico, contribuyendo de ese modo al crecimiento, al desarrollo y a la estabilidad. También, desde el punto de vista de la democracia, las organizaciones que se incluyen dentro de este sistema de toma de decisiones deben participar en la política en su más amplio ámbito.

El proceso de la formación democrática de la voluntad ha de desembocar en la constitución de una voluntad racional en cuyo seno confluirá en el interés común. De lo contrario, regir a espalda de las voluntades solo ocasiona abstención.

José Miguel González Hernández

Economista