Falta de controles, cloro e impacto en la salud humana: la denuncia de la Fiscalía por los vertidos en una playa de Tenerife

“Los hechos relatados presentan indiciariamente caracteres de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente”. Así termina la denuncia que la Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife ha interpuesto por los vertidos de aguas fecales en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz. Tal y como ha adelantado en exclusiva Canarias Ahora, el Ministerio Público ha denunciado por estos vertidos a seis cargos públicos. Entre ellos están la actual consejera insular del Medio Natural y Sostenibilidad, Blanca Pérez; el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), Javier Davara; y el exalcalde de Puerto de la Cruz, Marco González.

La denuncia de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso este periódico, fue interpuesta a mediados de julio ante los Juzgados de este municipio del norte de Tenerife. Tal y como han confirmado fuentes de la Fiscalía a este periódico, los denunciados son el exalcalde de Puerto de la Cruz Marco Antonio González (PSOE); el actual concejal y teniente de alcalde David Hernández (Asamblea Ciudadana Portuense); el concejal de Empleo, Alberto Cabo (ACP); la consejera insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez (Coalición Canaria); el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT), Javier Davara; y el exconsejero de Turismo del Cabildo Alberto Bernabé Teja (CC).

El documento recuerda que ya el 21 de junio de 2024 la Dirección General de Salud Pública emitió un informe en el que se recomendaba abstenerse al baño en Playa Jardín por la ''degradación constatada de la calidad de las aguas de baño''. Fue el 3 de julio cuando el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz decretó el cierre de Playa Jardín, donde el baño ha estado desaconsejado hasta junio de 2025.

El documento de Salud Pública instaba a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias a que adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminación fecal y la degradación microbiológica del agua de baño, ''que puede estar relacionada también con la gestión de las infraestructuras para el saneamiento, competencia del Ayuntamiento''.

Falta de controles sobre el emisario

La denuncia de la Fiscalía indica que Puerto de la Cruz tiene ''importantes carencias en la red de saneamiento'' y ''bastantes viviendas'' no están conectadas a ella. Sobre las autorizaciones de vertidos procedentes de la EDAR Valle de La Orotava, a través del emisario de Punta Brava, titularidad del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), el Ministerio Público recuerda que este órgano dependiente del Cabildo debe realizar de forma ''regular'' programas de vigilancia y control.

Según la denuncia, el CIATF es el responsable de realizar labores de mantenimiento y reparar las fugas y roturas del emisario submarino. El programa de vigilancia y control debe realizarlo el Consejo a través de entidades especializadas en calidad ambiental, elaborando no solo inspecciones sino también análisis de las áreas donde se autorizan los vertidos.

Estas entidades deben, ''como mínimo“, tomar muestras una vez al mes del efluente en el arranque del emisario, otro de aguas receptoras, y de control de sedimentos una vez al año. También tienen que controlar la conducción del vertido, con el objetivo de inspeccionar la calidad de la estructura del emisario submarino con la máxima carga posible. Sin embargo, ''no consta que por parte del CIATF se haya hecho así desde el cambio de titularidad a su favor'', apunta la Fiscalía.

Desde 2016, el CIATF tampoco aportaba datos del caudal del efluente vertido en el programa de vigilancia y control que debía aportar a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, ''incumpliendo los condicionantes de la autorización de vertidos''.

Según la denuncia, en el control del medio receptor no se aportaban los parámetros de salinidad, de oxígeno disuelto, de E.Coli ni de Enterococos intestinales. ''Tampoco sobre la calidad estructural de la conducción de vertido, que fue corrigiendo parcialmente con el tiempo'', añade.

Vertidos no autorizados y un emisario roto

Cerca de Playa Jardín existen dos puntos de vertido desde tierra al mar: el aliviadero de la EBAR El Caletón y el aliviadero de la EBAR de Playa Chica. Para ellos, añade la Fiscalía, ''nunca se solicitó la previa y preceptiva autorización de vertidos al mar por parte del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz''. Las aguas de estas dos estaciones ''carecen de tratamiento previo a los alivios''.

Por ello, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural impuso en 2023 sanciones a la corporación municipal, ''sin que conste que el Ayuntamiento haya solicitado la legalización de los mismos''.

El 10 de julio de 2020, el Consejo Insular de Aguas determinó en una inspección submarina la existencia de una fuga en el emisario de la zona. La reparación no se ejecutó hasta junio de 2023. ''Por parte del CIATF, tras el cierre de Playa Jardín, lo único que ha hecho son reparaciones provisionales del emisario submarino hasta que puedan acometer la reparación definitiva'', recoge el Ministerio Fiscal en su denuncia. Esta infraestructura está ''obsoleta'' y requiere, ''entre otras muchas actuaciones'', la sustitución de un tramo de aproximadamente 240 metros de longitud.

Impacto en la salud

Las analíticas elaboradas por la Dirección General de Salud Pública en Playa Jardín evidencian que la calidad del agua se fue degradando desde 2018 hasta 2024 y, en concreto, la contaminación por E.coli empeoró de forma ''abrupta''. La Fiscalía incide en su denuncia en los efectos para la salud humana de esta contaminación. Las aguas residuales urbanas, detalla el Ministerio Público, contienen microorganismos patógenos que pueden causar enfermedades como la Hepatitis A, E, Enterovirus y Rotavirus, que pueden producir gastroenteritis, enfermedades respiratorias, diarreas, vómitos, miocarditis y meningitis entre otras.

''Es el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz el que debe velar por que la playa se mantenga en condiciones de limpieza, higiene y salubridad, vigilando los puntos de vertido cercanos a la playa para evitar la contaminación de las aguas de baño, con el consiguiente riesgo para la salud humana'', apunt la Fiscalía.

Así, añade que es el gobierno municipal el que debe cumplir con la obligación de recogida, tratamiento y vertido de aguas residuales, identificando la causa y los focos de contaminación y atajándolos.

Cloro para paliar la contaminación

La denuncia de la Fiscalía hace referencia a una serie de muestras recogidas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que indican la falta de depuración de la EDAR. De todas las muestras, el Ministerio Público destaca una tomada en la EDAR donde se aprecia ''un fuerte olor a cloro''. ''El uso del cloro para el tratamiento de aguas residuales puede tener riesgos sobre todo si el agua residual no recibió tratamiento suficiente que elimine la materia orgánica y los sólidos en suspensión'', indica la Fiscalía.

''Aunque pueda ser eficaz para eliminar bacterias y virus, también es riesgo que puede reaccionar con materias orgánicas, produciendo trihalometanos y cloraminas, que son perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente'', concluye la denuncia.

Como ya ha publicado este periódico, se utilizaron reactivos químicos para desinfectar el efluente de la depuradora. En concreto, hipoclorito sódico y sosa cáustica. Así lo refleja un documento en el que la empresa FCC Aqualia, responsable del mantenimiento y la conservación del sistema comarcal de saneamiento y depuración del Valle de La Orotava, pide una modificación del contrato que mantiene con el Consejo Insular de Aguas porque la asignación presupuestaria resultaba insuficiente para hacer frente al “incremento de gastos sobrevenidos en 2023”.

“Se ha detectado una fisura en la conducción del emisario submarino que ha requerido la intensificación de la desinfección del efluente para paliar sus efectos mientras se acomete su reparación”, señala el decreto, firmado el 21 de noviembre de 2023 por la consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez.