El nuevo gobierno de Santa Cruz no investigará dos de las irregularidades detectadas por su antecesor: pagos a Sacyr y contratos en la Sociedad de Desarrollo

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado este viernes dos propuestas para mejorar la transparencia en la gestión de los fondos públicos del municipio, formuladas desde la oposición. Los 14 votos de la nueva mayoría conformada por Coalición Canaria, Partido Popular y la concejal no adscrita Evelyn Alonso han rechazado en el pleno tanto la creación de una comisión de investigación que analice la gestión pública del agua en la capital, servicio en manos de la empresa Sacyr-Emmasa, como la constitución de una oficina de control en la Sociedad de Desarrollo para velar por el cumplimiento de la normativa vigente en las contrataciones que realice esa empresa municipal.

Estas dos iniciativas han centrado la primera sesión plenaria tras la moción de censura que desalojó a la socialista Patricia Hernández de la alcaldía santacrucera después de apenas trece meses con el bastón de mando -desde el 15 de junio de 2019 hasta el pasado 13 de julio. Ambas propuestas apuntaban a la existencia de posibles irregularidades en la administración de recursos municipales durante los mandatos de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, a partir del conocimiento en las últimas semanas del contenido de acuerdos, auditorías e informes en ese sentido.

La moción sobre la situación de Sacyr-Emmasa fue presentada por Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida-Podemos-Equo), quien había argumentado la oportunidad de la misma en “una nueva irregularidad a las ya consabidas” en el contexto de las condiciones en que se produjo en 2005 -con Miguel Zerolo como alcalde de Santa Cruz y ahora en prisión por el caso Las Teresitas- la venta de la empresa municipal de aguas a la multinacional Sacyr. “Desde 2007, sintetizó Trujillo, cada año se devuelven 2,3 millones de euros euros a Sacyr, la empresa adjudicataria del agua, con el propósito de reintegrarle en 25 años los 59 millones de euros abonados como canon adelantado y como precio de la concesión de la gestión de este servicio esencial”.

A Trujillo le resulta “realmente llamativo y preocupante que una empresa que ha sido intervenida por el Ayuntamiento y objeto de varias auditorías obtuviera unos ingresos tan cuantiosos sin justificación legal” pues “ hasta 2018 parece que nadie detectó que un pago de tal cuantía era injustificado, y, por tanto, alteraba la validez de las cuentas de Emmasa”.

Patricia Hernández llegó a calificar lo ocurrido con Sacyr como un “escándalo” y el alcalde anterior -y regidor de nuevo ahora-, José Manuel Bermúdez, dijo desconocer esa devolución del canon.

Durante su defensa de la moción en pleno, Trujillo insistió en las numerosas interrogantes que quedan por despejar y que sustentarían la oportunidad de crear la comisión de investigación demandada, y se refirió a la credibilidad de las cuentas de resultados de Sacyr en estos últimos años, las razones que explicarían el acuerdo de 27 de junio de 2017 del Consejo de Administración de Sacyr-Emmasa, “enormemente perjudicial para Santa Cruz”, dijo, y en especial, el hecho de encargar a un particular un informe (elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Francisco Villar) y no acudir a los servicios del secretario, de intervención, ni del equipo jurídico del propio Ayuntamiento.

De igual forma se pronunciaron el portavoz socialista, José Ángel Martín, y la concejala de Ciudadanos, Matilde Zambudio, y respaldaron la creación de una comisión “ante la profunda herida sufrida por el interés público”, dijo Martín, ante una decisión “que convirtió en un canon lo que era precio de licitación”, sin que ello estuviera contemplado en el contrato, pliego de condiciones o título habilitante. En sus respectivas intervenciones ambos recordaron los recientes informes de los servicios jurídicos, secretario e interventor municipal sobre la irregularidad de la devolución de un canon que no tiene base legal y el acuerdo de la Junta de Gobierno de Santa Cruz por el que decidió impugnar el acuerdo de 2007 ante el juzgado de lo Mercantil, plantear un procedimiento contradictorio del contrato para su impugnación, la suspensión del pago de la cuota anual de 2,3 millones y la exigencia a Sacyr del reintegro de los 28 millones ya recibidos por ese concepto. 

Guillermo Díaz Guerra, primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, fue la única voz que habló en nombre del equipo de gobierno y de los grupos que lo sostienen, y señaló que hablar de una comisión de investigación sobre este asunto “suena muy grave”. Se refirió como a la “transparencia” de la que “siempre hará gala”, dijo, en su gestión para subrayar que ese tema “ya se está investigando y se podrá seguir haciendo en todas las comisiones de control que hagan falta”.

No obstante, el dirigente popular aseguró que acepta y respeta los últimos acuerdos de la Junta de Gobierno del mandato anterior para reclamar la recuperación de los fondos abonados a Sacyr.

Díaz Guerra planteó a Trujillo, “y para no darle el gusto de que los titulares digan que rechazamos la investigación” convertir esa comisión en “un pleno informativo, extraordinario y monográfico” donde se abordara “a fondo” la situación de la gestión del agua en Santa Cruz. Ese cambio fue rechazado por el portavoz de UP al entender que “una comisión de investigación es mucho más”.

Una vez rechazada la constitución de esa comisión por 14 votos a 13, tomó la palabra el alcalde Bermúdez, quien aseguró que una vez que se termine la tramitación del expediente administrativo abierto sobre la interpretación del contrato con Sacyr y si del mismo se desprende que hay supuestos ilícitos, y a su vez esa posibilidad es ratificada por el Consejo Consultivo, “iremos a los tribunales contra Sacyr; que nadie dude de ello”.

Contratos de la Sociedad de Desarrollo

La otra moción destacada fue la presentada por la concejala de Ciudadanos, Matilde Zambudio, para pedir “la creación de una oficina de control en la Sociedad de Desarrollo”, cuyo objetivo sea “vigilar que los procedimientos administrativos cumplan con la Ley de Contratos del Sector Público”, así como “desarrollar un Plan de Acción incluyendo una planificación sobre todas aquellas acciones a realizar en el futuro”, primando “licitaciones, convenios marcos y homologación de precios”.

La iniciativa de Zambudio a favor de crear un órgano que fiscalice los procesos de contratación en la Sociedad se producía a rebufo de la difusión de una auditoría externa encargada por ella cuando ejercía como responsable del área de Promoción Económica -a cargo de la Sociedad de Desarrollo- y de la cual se desprendía que el 95% de los gastos suscritos por este organismo en 2017 y 2018 vulneraban la ley de contratación pública, según los resultados extrapolados de la muestra de contratos analizados. Zambudio precisó que los trabajadores de la Sociedad de Desarrollo “siempre han realizado un gran trabajo”, y que la auditoría, lo que viene a constatar, “es un problema de gestión y de directrices políticas”.

Con posterioridad se supo que Alfonso Cabello, concejal responsable de la Sociedad de Desarrollo en el periodo auditado, adjudicó durante los últimos 30 meses de su mandato contratos por valor de más de 141.000 euros a favor del grupo empresarial JFT, del que pasó a ser adjunto en el otoño de 2019. Sobre este hecho, Cabello ha preferido guardar silencio.

Ya en el curso de la defensa de su moción en el pleno, la exprimera teniente de alcaldesa señaló que la creación de ese órgano sería altamente provechoso para dotar de mayor transparencia y seguridad las contrataciones de la empresa pública, “algo que me hubiera gustado hacer si hubiera tenido tiempo”. La moción decayó por cuanto el apoyo del PSOE y Unidas Podemos fue insuficiente ante la negativa de los 14 concejales del grupo de gobierno.

En respuesta a Zambudio intervinieron Evelyn Alonso, actual titular del área; Alfredo Cabello, de CC, y Carlos Tarife, portavoz del Partido Popular, quienes coincidieron en los argumentos de desacreditación de la auditoría (tanto en la validez de los resultados como en la credibilidad del autor) e insistieron en la validez de los procesos de contratación seguidos en la empresa municipal. “Ya se hacen auditorías” en la Sociedad de Desarrollo, dijo Alonso, “y se harán más sobre el 100% de los contratos”. “No hace falta crear una oficina, porque ya hay suficientes órganos de control”, apostilló.