Coalición Canaria enchufó en un puesto ficticio de Sanidad a su socio en Santa Cruz en los últimos días del Gobierno regional

El futuro vicealcalde de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz (PP), a la izquierda, junto al futuro alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), al registrar la moción de censura contra el gobierno de Patricia Hernández (PSOE).

Guillermo Díaz Guerra es el jefe de filas del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y asegura haber estado un año detrás de que le concedieran la plaza de funcionario del Servicio Canario de la Salud que él insiste le correspondía por su categoría, una vez había abandonado el puesto de subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife por la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy en junio de 2018. Pero sus anhelos solo tuvieron respuesta cuando el escenario político canario fue el propicio, exactamente 19 días después de que su partido, el PP, junto a Coalición Canaria, se vieran recluidos a la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en las últimas elecciones municipales, que este lunes pretenden volver a gobernar por medio de una moción de censura gracias al apoyo de una tránsfuga de Ciudadanos. El 4 de julio de 2019, cuando el Gobierno de CC presidido por Fernando Clavijo ya estaba en los minutos de descuento, se le concedió al que se convertirá ahora en nuevo vicealcalde de la ciudad una comisión de servicios a un puesto ficticio adscrito a la Unidad de Apoyo del director general de Salud Pública con nivel 30 y un complemento específico de 75, es decir, 321 euros más sobre su salario de inspector de esa consejería.

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El puesto concedido a Guillermo Díaz Guerra fue anulado en noviembre pasado tras descubrirse su ilegalidad por haberse otorgado fuera de las excepciones que permite la legislación de función pública de la Comunidad Autónoma, que permite la creación de un puesto ficticio transitoriamente y sólo cuando una sentencia judicial obliga a readmitir, recolocar o crear una plaza para un trabajador o trabajadora pública que gana un pleito laboral a la Administración. Pero en el caso del dirigente del Partido Popular capitalino, se trata de un favor político concedido a quien iba a ser una pieza necesaria para Coalición Canaria en su feudo principal, ya por entonces perdido en manos de un pacto que había nacido con la expulsión de los dos concejales de Ciudadanos que apoyaron a la alcaldesa Patricia Hernández.

Díaz Guerra, efectivamente, tardó un año en ver satisfechas sus aspiraciones de ocupar un destino distinto al que tenía consolidado desde 2009 en su condición de técnico de inspección de Salud Pública, destinado en el Sur de Tenerife, a donde debía desplazarse cada día. Tras perder el puesto de subdelegado del Gobierno pidió su reincorporación, y simultáneamente, una plaza de, como máximo, dos niveles por debajo del suyo (tiene consolidado el nivel 30), pero con complemento específico 75 (hasta entonces tenía el 60). En tres ocasiones Guerra pidió al departamento de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud que se le concediera una plaza con esas características, hasta que consiguió que se le creara una a su medida.

Los trámites los inició el director general de Salud Pública, José Juan Alemán Sánchez, que el 30 de octubre de 2018 pide la creación de una plaza de técnico superior facultativo, con especialidad Farmacia Asistencial (Guillermo Díaz Guerra es farmacéutico) o Veterinaria Asistencial, para adscribirlo a la unidad de apoyo de su dirección general. Los esfuerzos de José Juan Alemán por ocultar el destinatario de ese puesto específico eran inútiles porque un día antes, el 29 de octubre de 2018, el jefe de Sección de Personal Estatutario escribía al director general de Recursos Humanos del SCS que al “funcionario don Guillermo Díaz Guerra (...) se le tramitará una comisión de servicios en la plaza de RPT número 12621610, denominada puesto singularizado en la Unidad de Apoyo a la Dirección General de Salud Pública”. Un error que luego se repitió en algunos escritos posteriores porque tal plaza no existía entonces, como pone de manifiesto el día 30 en un informe la jefa del Servicio de Asignación y Gestión de Recursos, Lucía Salas, al afirmar que “el citado puesto no existe en la RPT del Servicio Canario de la Salud”.

La plaza para Guillermo Díaz Guerra fue convenientemente creada y es entonces, el 3 de diciembre de 2018, cuando el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la pide específicamente, abandonando las generalidades que hasta entonces habían presidido sus escritos.

Pero al no constar en la relación de puestos de trabajo del SCS la plaza para Díaz Guerra no tenía la dotación presupuestaria correspondiente, así que hubo que hacer otras modificaciones administrativas más, en concreto retirar las dotaciones de otros dos puestos que estaban vacantes (los referenciados con los números 258256 y 17156) para dotar el que se había generado para el político del PP.

“Extra Sirhus”

Y ya el 26 de marzo de 2019, la Dirección General de Función Pública da por concluido el proceso y comunica al SCS que la plaza está creada según los parámetros exigidos y con la cobertura presupuestaria correspondiente.

El 1 de julio de 2019, el director general de la Función Pública da instrucciones para que “con carácter urgente” se regularice la comisión de servicios para Guillermo Díaz Guerra mediante una triquiñuela legal, dada la imposibilidad de inscribir esa plaza en el sistema de control de Recursos Humanos de la Comunidad Autónoma, el Sirhus, “al tratarse de un puesto ficticio”.

De este modo, la comisión de servicios ficticia fue concedida a Guillermo Díaz Guerra el 4 de julio de 2019 por la modalidad de “extra Sirhus”.

El Sirhus está precisamente implantado para controlar cualquier desviación de la legalidad en la contratación de personal en la Comunidad Autónoma de Canarias y garantizar la transparencia en la gestión. De hecho, fue gracias a esta herramienta como se descubrió en noviembre 2019, ya con nuevos responsables en Función Pública y en el Servicio Canario de la Salud, la existencia de ese puesto ficticio.

La comisión de servicios fue anulada por orden de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud por ser declarada nula al no figurar en la RPT. En esa misma resolución, de fecha 3 de diciembre, se ordenaba a Díaz Guerra su reincorporación a su puesto al día siguiente.

Preguntado por este periódico, el portavoz del PP en Santa Cruz de Tenerife ha respondido que tiene recurridas esas decisiones ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa y que él se limitó a solicitar le fuera asignada una plaza “que ya estaba creada”. Muy molesto por que la cuestión pueda airearse precisamente en la víspera de la moción de censura, Díaz Guerra aseguró que hizo un interesante trabajo vinculado a la hepatitis C y el colectivo de personas drogodependientes durante los pocos meses que estuvo al frente de la plaza, sometida a vicisitudes tales como la destitución inmediata del director general que lo había designado para ella por el cambio del gobierno a las pocas semanas de su toma de posesión. Ese director general, sin embargo, fue recuperado meses después por el Gobierno de coalición que preside Ángel Víctor Torres.

Díaz Guerra asegura que hasta ahora lo han tenido sometido a la obligación de trasladarse cada día 200 kilómetros a su zona de trabajo, en Santiago del Teide. Este lunes acabará para él ese suplicio.

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13 de julio de 2020 - 07:00 h

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