El Gobierno de Canarias impulsa un expediente para investigar las ilegalidades del centro comercial de El Camisón

El viceconsejero de Política Territorial de Canarias, Leopoldo Díaz, ha anunciado este viernes en el Parlamento que el Gobierno autonómico impulsará un expediente administrativo, iniciado en 2019 por la Agencia de Protección del Medio Natural, para investigar las ilegalidades del centro comercial de El Camisón, en el municipio tinerfeño de Arona.

En respuesta a una pregunta del diputado de Sí Podemos Manuel Marrero, el viceconsejero desveló que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural abrió un expediente en 2019, a raíz de una denuncia de la Guardia Civil, para investigar la construcción del centro comercial Artslife & Shopping sobre la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, cuyas autorizaciones competen al departamento de Política Territorial.

Leopoldo Díaz explicó que, a lo largo de 2019, la agencia solicitó información de la situación urbanística al Ayuntamiento de Arona. En una primera respuesta, el Consistorio confirmó que las obras estaban paralizadas tras haber descubierto una serie de irregularidades urbanísticas que provocaron la apertura de un expediente de restablecimiento de la legalidad, lo que conllevaba el derribo de la parte del edificio considerada ilegalizable por incumplir el planeamiento municipal.

Las obras consideradas ilegalizables nunca se llegaron a derribar, además de que existen dudas sobre algunas de las irregularidades que el Ayuntamiento, mediante una resolución del exconcejal de Urbanismo Luis García (PSOE), a propuesta de un arquitecto municipal, consideró que podían ser adaptadas a la normativa urbanística vigente para evitar su demolición. Ante esta situación, la agencia volvió a preguntar al Consistorio por el estado de las actuaciones, pero no recibió respuesta.

No hay que olvidar que el hasta hace unas semanas concejal de Urbanismo, Luis García, fue destituido por el alcalde de Arona, el también socialista José Julián Mena, por un conflicto interno que tiene como núcleo la pasividad del Ayuntamiento ante las ilegalidades detectadas en el centro comercial. El cese ha desencadenado la fractura local del partido. Mientras que el alcalde ha asumido las competencias urbanísticas, el exedil ha acudido a la Fiscalía a denunciar hechos que considera delictivos.

Dada la falta de respuesta a la petición de la agencia de enero de 2020, y a raíz de la “trascendencia pública” que ha provocado la publicación en Canarias Ahora de las irregularidades del edificio, el viceconsejero explicó que el Gobierno regional “ha estado analizando los expedientes” y ha tomado la decisión de “reiterar al Ayuntamiento” la petición de la agencia, además de “reimpulsar” las actuaciones iniciadas en 2019 “para determinar las posibles infracciones que se hayan podido cometer en estas obras”.

El autor de la pregunta parlamentaria, el diputado Manuel Marrero, aprovechó su intervención para recordar que el edificio se construyó “al calor” del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística de Los Cristianos, que nunca se llegó a aprobar. El representante de Sí Podemos Canarias insistió en que los conocidos como PMM “se inventaron para favorecer la especulación y algunos acabaron en los tribunales”, como fue el caso del documento aprobado para la zona de Costa Adeje, anulado por el Tribunal Supremo.

Marrero argumentó que en la punta de El Camisón “se ha construido un centro comercial que no entra en las zonas de uso ordinario de la servidumbre de protección, y aun así se ha permitido”. El Diputado de Sí Podemos Canarias concluyó que “el empresario ha contado con la complicidad de las administraciones y la ciudadanía tiene que recuperar lo común; no podemos dejar que la isla se llene de esqueletos de edificios”.

Los permisos

Los permisosEn marzo de 2012, cuando la viceconsejería de Política Territorial estaba en manos de Coalición Canaria, el Gobierno autonómico autorizó la construcción del Artslife & Shopping en la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, a pesar de que la Ley de Costas no considera el uso comercial como ordinario en esa zona del litoral, según advirtió entonces un informe técnico del órgano estatal. En el permiso del Ejecutivo tampoco se tuvo en cuenta que el aparcamiento del edificio también invadía la servidumbre.

La autorización de marzo de 2012 tenía un plazo de vigencia de dos años, por lo que caducó antes de que el proyecto recibiera la licencia municipal de obras, en julio de 2014, y de que comenzaran los trabajos, en enero de 2015.

En cualquier caso, el proyecto que la entidad promotora del centro comercial, Melisofi Consulting SL, propiedad de Diego Cano, ejecutó en la punta de El Camisón no se corresponde con el autorizado por Política Territorial en 2012. Tal y como reconoce la empresa en un documento oficial remitido a Costas en abril de 2018, el edificio se construyó en base a los parámetros urbanísticos del PMM de Los Cristianos, a pesar de que el plan de modernización nunca se llegó a aprobar.

El hecho de que se incumpliera el proyecto inicial fue la causa que motivó la paralización de las obras y la decisión del Ayuntamiento de ordenar, en dos ocasiones, el derribo de parte del edificio y la legalización del resto de irregularidades. A pesar de las resoluciones dictadas por el exconcejal Luis García, en línea con el criterio de un técnico municipal, exconcejal de Coalición Canaria en Vilaflor, a día de hoy no consta que se hayan llevado a cabo actuaciones para restablecer la legalidad infringida. De hecho, imágenes aéreas de Grafcan constatan que los trabajos continuaron después del precinto.

Como el PMM nunca se llegó a aprobar y el Cabildo de Tenerife tampoco dio luz verde a la petición del empresario para declarar el proyecto de interés insular, a la promotora se le han acabado las posibilidades de legalizar el edificio construido. En ese escenario, sin embargo, el anterior viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero (CC), concedió en febrero de 2019 una nueva autorización al centro comercial para ubicar en la servidumbre de protección restaurantes y cafeterías, según confirmó este viernes en sede parlamentaria Leopoldo Díaz.