Bermúdez descarta recuperar el servicio de aguas pese a incumplimientos valorados en 20 millones

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, descartó este viernes, en el transcurso de un pleno ordinario, que tenga la intención de recuperar el servicio de abastecimiento de agua. Dijo el alcalde que sólo actuaría de esa manera si sobre su mesa los técnicos o juristas municipales ponen un informe en el que se recoja la obligación de resolver el contrato, “cosa que en este momento no ocurre”.

Bermúdez recordó que para anular la concesión se debe seguir un procedimiento estipulado que no se puede basar en “caprichos o ideologías”. Por ello, el grupo de gobierno prefiere resolver los problemas a través de otra vía, ya que el Ayuntamiento tendría muy difícil ganar en los tribunales.

El alcalde salía así al paso de una moción presentada por el grupo municipal socialista elaborada tras tener acceso a un informe “demoledor” realizado por Intervención en el que se recogen incumplimientos por parte de la concesionaria, Sacyr-Vallehermoso por valor de 20 millones. Una cifra que, según el concejal Andrés Martín Casanova es lo suficientemente importante como para resolver el contrato “y que el agua vuelva a manos de los chicharreros”.

El concejal de Servicios Municipales, Dámaso Arteaga calificó de “irresponsabilidad y temeridad absoluta” la anulación de una concesión de sesenta millones. Indicó que han realizado trescientas encuestas en las que los vecinos plasman que consideran “bueno” el servicio que se le ofrece, y señaló que tras la intervención llevada a cabo se ha producido una mejora en la prestación.

El director general de su Departamento llegó a conclusiones muy diferentes sobre el informe de Intervención: no hay incumplimientos que avalen la resolución del contrato y en todo casos estos se pueden reconducir a través de sanciones.

El portavoz de Sí se Puede, Pedro Arcila, opina lo contrario y cree que se sigue produciendo una infracción muy grave como es las subcontrataciones de servicios esenciales que permitirían recuperar la prestación. “Ustedes están al dictado de Sacyr hasta el punto de que no les importa dejar tirados por el camino a sus propios técnicos”, afirmó.

Por otro lado, el grupo de gobierno (CC-PP) se opuso a una moción presentada por Si se Puede en la que se pedía anular el convenio de inversiones suscrito con la compañía suministradora del servicio de aguas, Emmasa.

El alcalde señaló que entre las bondades del acuerdo está que las inversiones se llevarán a cabo por cantidades concretas en un tiempo determinado y no a lo largo de los treinta años de la concesión como ocurría previamente. El alcalde criticó la postura del PSOE, que firmó y apoyó el convenio cuando formaba parte del grupo de gobierno.

Arteaga anunció que la aplicación del acuerdo supondrá la reducción de un 60% en las tarifas cuando se culmine la ampliación de la desaladora. El concejal acusó a la oposición de torpedear el convenio y fue especialmente crítico con los socialistas, que lo apoyaron cuando estaban en el grupo de gobierno. Sin embargo, Arcila no lo ve de la misma manera y criticó que el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a 45 millones a fondo perdido, tal y como se apunta en siete informes. Una carga que calificó de “insostenible” para el Ayuntamiento y los usuarios.

El pleno aprobó que Emmasa acometa las obras que sean precisas para mejorar el abastecimiento de agua del Camino de Las Barranqueras, en el que los vecinos tienen que asumir de su propio bolsillo el impulso de aguas. Arteaga relató que se han ejecutado algunas actuaciones que van en este sentido y que formalmente Emmasa cumple en cuanto al índice de impulsión al que está obligada. Arteaga pidió que en la moción socialista se incluya una coletilla para que esta actuación se incluya en el plan de inversiones de la compañía.