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La Fiscalía investiga las obras de ampliación del Monkey Beach Club en la costa de Adeje

El Ministerio Público abre diligencias tras la denuncia de una comunidad de vecinos por presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio

Costas informa a favor del aumento de la construcción en dos plantas pese a que reconoce que el inmueble ocupa el dominio público desde 1975 y que "no constan los permisos exigibles por la legislación"

El Gobierno de Canarias autorizó los trabajos según el Plan de Modernización de Costa Adeje, que está recurrido judicialmente

Monkey Beach Club de Adeje, en una imagen de archivo

Monkey Beach Club de Adeje, en una imagen de archivo

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife investiga presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio en la obra de ampliación del Monkey Beach Club, un local de ocio ubicado al pie de la playa de Troya, en el municipio tinerfeño de Adeje, tras la denuncia presentada por la comunidad de propietarios del complejo Residencial Galaxia. 

Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com, el Ministerio Público solicitó en diciembre información sobre el expediente al Ayuntamiento de Adeje y a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, además de requerir un informe acerca de las obras a la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife y al Seprona de la Guardia Civil. Fuentes de la Fiscalía han confirmado que las diligencias para averiguar si existen indicios de delito en la ampliación del Monkey Beach Club siguen abiertas.

La postura de la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife es clave en el conflicto. En un reciente informe firmado por Juan Antonio Troya, jefe del Servicio de Gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre, elaborado a petición de la Delegación del Gobierno tras una reclamación de los vecinos afectados, se reconoce que "la edificación ocupa el dominio público marítimo terrestre y sus servidumbres, sin constar a este servicio los permisos exigibles por la legislación a Costas aplicable en el momento de su construcción". 

A pesar de admitir que la construcción existente antes de las obras se levantó sin los permisos necesarios, el funcionario concluye en su informe que las obras de ampliación "cuentan con las requeridas autorizaciones tanto en la servidumbre de tránsito y protección, como en el dominio público marítimo terrestre, y se han otorgado de acuerdo a la Ley de Costas y al planeamiento aprobado".

El informe del jefe de Servicio de Costas admite que parte de la construcción original, en concreto la terraza del local de ocio, ocupa el dominio público, lo que obliga a su demolición. Para salvar este escollo, el funcionario se basa en un proyecto presentado por los dueños del negocio en marzo de de 2017, que recibió el visto bueno de la Demarcación. Este plantea acometer un derribo que, un año y tres meses después, aún no se ha llevado a cabo.

Las obras de ampliación, que se ejecutaron según otro proyecto aprobado en enero de 2017 por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, finalizaron hace escasos días y la terraza aún sigue en pie. A esto se suma que nunca se llegó a elaborar el acta de replanteo obligatoria al inicio de los trabajos, lo que hubiera permitido delimitar qué cantidad exacta de la construcción invade el dominio público. Pero las dudas sobre la legalidad de la actuación también se extienden a las servidumbres de tránsito y protección.

El informe, que reconoce que la ocupación de la servidumbre de tránsito es "contraria a Ley de Costas", alude a la Disposición Transitoria Cuarta de la norma, que "permite obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes".

El jefe de Servicio de Gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre afirma que el proyecto presentado en marzo de 2017 por los propietarios del Monkey Beach Club, que todavía no se ha ejecutado, contempla "el acondicionamiento de las terrazas y escaleras que se mantienen en la servidumbre de tránsito para facilitar la accesibilidad y mejorar la seguridad". 

Los denunciantes insisten en que no se respeta la obligación de mantener libre el paso por la servidumbre de tránsito, tal y como establece la Ley de Costas. En la actualidad, para atravesar el local de ocio hay que bajar a la arena de la playa, es decir, al dominio público marítimo terrestre, o desviarse por la vía superior, ya que la servidumbre está bloqueada por la construcción. 

La obra que se ha ejecutado corresponde a la ampliación de la edificación que ocupa la servidumbre de protección, sobre la que se han levantado dos nuevas alturas. Tal y como adelantó mirametv.com en diciembre de 2017, durante la ejecución de los trabajos se invadieron tanto la servidumbre de tránsito como el dominio público marítimo terrestre. 

El informe de Costas avala las obras según la autorización concedida por el Ejecutivo autonómico. Juan Antonio Troya argumenta que la Ley de Costas no prohíbe de forma expresa los usos de bar, restaurante o cafetería; por lo que las limitaciones urbanísticas de aplicación "serían las que establezca el planeamiento". 

Plan de Modernización

Desde mayo de 2017, el planeamiento vigente en la zona donde se ubica el Monkey Beach Club se regula a través del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) de Costa Adeje. La norma, que aprobó el Gobierno de Canarias días antes de finalizar la legislatura anterior, se encuentra recurrida judicialmente en el Contencioso-Administrativo. 

El PMM de Costa Adeje revisa en este ámbito las limitaciones establecidas por el Plan General de Ordenación (PGO) de 2004 y aumenta de una a tres plantas la altura máxima de la parcela que ocupa el local de ocio. Una modificación que le ha venido como anillo al dedo a los propietarios del Monkey Beach Club, aunque de anularse el documento en la Justicia se abriría la puerta al posible derribo de la parte construida. 

Uno de los motivos por los que ha sido recurrido el PMM está directamente relacionado con la actuación de Costas. El documento se aprobó sin el informe preceptivo y vinculante del órgano estatal. La Demarcación elaboró un primer dictamen el 20 de mayo de 2015, que se presentó fuera de plazo, en el que realizó una serie de observaciones al texto y pidió su devolución, una vez corregido, para emitir el informe definitivo. El Gobierno de Canarias obvió el trámite y dio luz verde al Plan de Costa Adeje dos días después, el 22 de mayo.

El informe de Costas también concluye que "se deberían solicitar los informes jurídicos que pudieran proceder sobre la aprobación del PMM de Adeje, por no constar su aprobación definitiva por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar".

La empresa promotora de las obras de ampliación, Nuevo Servicio y Turismo JCC, SL, es de los hermanos Cabrera Losada, propietarios del Monkey Beach Club. El gerente, Javier Cabrera Losada, es vocal en materia de Ocio del Consejo Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Adeje. 

El PMM de Costa Adeje fue elaborado por Gesplan, la empresa del Gobierno de Canarias que se encarga de tramitar los planeamientos en municipios donde no se tiene la capacidad técnica para ello. El que era gerente de Gesplan cuando se tramitó el documento, Rafael Castellano, fue reconocido en un acto del Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST) por su participación en la elaboración del Plan. El FAST está presidido por el expresidente de la patronal hotelera en la provincia tinerfeña José Fernando Cabrera, padre de los dueños del Monkey Beach Club, que se han visto beneficiados por la nueva normativa urbanística que ha permitido las obras de ampliación del local de ocio.

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