La exarquitecta municipal afirma que Santa Cruz de Tenerife pagó 34 millones de euros de mas por el frente de Las Teresitas

La exarquitecta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pía Oramas, ratificó que la Corporación local pagó 34 millones de euros de más por las parcelas del frente de la playa de Las Teresitas. Según la tasación hecha en el año 2001, el valor de estos terrenos no supera los 19 millones frente a los 53 pagados en aquel entonces. Oramas abrió este miércoles el juicio civil de Las Teresitas, y es que la decisión municipal de no incluir su tasación en el expediente dio lugar a que se anulara la compraventa. “Yo me mantengo”, llegó a decir en un momento dado.

Ángel Guimerá Ravina, abogado de los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, propietarios de Inversiones Las Teresitas (ILT), intentó que la funcionaria incurriese en contradicciones, pero más bien al contrario, Oramas le acusó de incurrir en errores como confundir el precio con el valor o tener que aclarar en varios momentos que ella valoró aprovechamientos, no lo que costaba el metro cuadrado.

La exarquitecta municipal ha sido llamada a declarar en calidad de testigo por el Ayuntamiento de Santa Cruz y durante su comparecencia indicó que, en el año 2001, recibió el encargo de elaborar un informe. En el mismo se debían reflejar los diferentes precios que podían tener los solares, según estuvieran condicionados por determinadas hipótesis y distintas metodologías.

El resultado de esta tasación y otras dos ajenas elaboradas por aquel entonces arrojó un resultado tozudo: 3.200 millones de pesetas, esto es 19 millones de euros. Fue con posterioridad cuando aparecieron otras valoraciones que llegaron a alcanzar los 60 millones de euros. Oramas asegura que intentó buscar fórmulas para aumentar el valor de los terrenos. Por ejemplo, traspasar los aprovechamientos de las parcelas afectadas por el deslinde, pero resultaba imposible a no ser que se cambiara el Plan General.

Recuerda que en aquel entonces también surgió la posibilidad de que la moratoria impidiera la construcción de los nueve establecimientos turísticos previstos, después de que hubiese perdido la categoría de residencial. Defendió que no se ha ejecutado obra de urbanización alguna en este entorno y negó que el proyecto de infraestructuras estuviera aprobado o en ejecución, excepto en Las Huertas. Es por ello, que el suelo tiene la categoría de Urbano No Consolidado (SUNC).

La exarquitecta municipal se defendió de las críticas sobre que tendía a valorar por debajo de los precios del mercado, como ocurrió también en Cabo Llanos. En este punto señaló que se estaban hablando de casos totalmente diferentes y acusó a Guimerá de intentar confundir.

Llamativa resultó la intervención del veterano arquitecto y urbanista Javier Domínguez Anadón, quien elaboró un informe a petición de ILT, cuya conclusión más sorprendente es que el valor de los terrenos es de 71 millones, 18 más de lo pagado. Domínguez Anadón negó que el precio del frente de playa se haya visto aminorado por la moratoria, los estándares turísticos o el deslinde de Costas. En el primer caso porque defiende que, en aquel momento, Santa Cruz era un municipio de ámbito turístico y por lo tanto podía haber mantenido edificado sus hoteles, en el segundo porque ya se contaba con un planeamiento aprobado aunque fuera por silencio positivo y tercero porque la totalidad de los aprovechamientos “aunque sea muy teórico” pueden ser traspasados a otras parcelas.

Pero además plantea una sentencia de la Audiencia Provincial (AN) que anuló el deslinde de 2009 y obliga a tramitar otro nuevo y que según su interpretación dejará fuera de dominio de costas el fondo de la playa. Sobre este mismo fallo judicial, Oramas había dicho que resulta irrelevante, ya que lo importante es el deslinde que estaba en vigor cuando se compraron y vendieron los terrenos.

Del curriculum de Domíguez Anadón trascendió que trabajaba para la Federación de Empresarios de la Construcción (Fepeco), presidida hasta hace unos meses por Antonio Plasencia, como representante en la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), y tuvo que hacer frente a una “tacha” al ser familiar de uno de los abogados que participan en la causa.

Domínguez Anadón es un arquitecto urbanista que ha ejercido diversos cargos como consejero de Política Territorial en la década de los años ochenta, presidente de la Comisión de Urbanismo, de Gestur y Prosa y asesor de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). También llegó a presentar un proyecto al concurso de ideas de la playa y ha actuado en varias ocasiones como asesor de Plasencia.

En otro punto de su intervención dijo que no había visto movimiento por parte de ninguna administración para que este enclave recupere los aprovechamientos que se anularon en el frente de la playa. También planteó el viejo argumento de que sólo el valor de la parcela propiedad municipal en la que se iba a construir un hotel equivale a lo gastado en la compra de las once parcelas. En el día de mañana seguirá la vista oral con más pruebas periciales.

También participaron los técnicos municipales Elías Medina y Berta Álvarez para defender el estudio que han realizado sobre la edificabilidad que trae consigo el proyecto del arquitecto Dominique Perrault. Y especialmente, en la parcela 103 que se corresponde a donde se sitúa hoy el mamotreto y la 12, 13 y 14.