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El exgerente de Sinpromi es llamado a declarar como imputado el 17 de marzo

Sede de Sinpromi en Santa Cruz de Tenerife

N. R.

Santa Cruz de Tenerife —

El exgerente de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi), Víctor García Díaz, ha sido llamado a declarar a las diez de la mañana del próximo día 17 de marzo en calidad de imputado, en relación con la supuesta malversación de fondos públicos. Este caso está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife, a cuyo frente está la magistrada Eva Esther Juárez.

García Díaz y el anterior director financiero de Sinpromi, Andrés Hernández Pedreira, son los dos únicos imputados que actualmente existen en esta causa en la que se investiga si ambos pudieron haberse hecho con grandes cantidades de dinero para uso particular. Las sospechas apuntan a que el montante del supuesto desfalco en esta sociedad dependiente del Cabildo de Tenerife podría sumar 1,7 millones, el doble de lo inicialmente calculado. A García Díaz y a la exconsejera Carmen Rosa García Montenegro se les acusa de no haber ejercido control sobre las cuentas de la entidad.

A principios del pasado mes de diciembre, prestó declaración como imputado en el juzgado Hernández Pedreira, quien supuestamente aprovechó su cargo de gerente de Sinpromi para hacerse con estos fondos.

En aquella ocasión también declararon en calidad de testigos la exconsejera delegada de la empresa pública insular Sinpromi, Carmen Rosa García Montenegro, y el exgerente de esa entidad y actual gerente de Aspronte (Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual), Víctor García, como imputado, en este último caso. En calidad de testigos lo hicieron el personal de administración y responsables de tres parkings dependientes de Sinpromi de los que supuestamente se habría sustraído la mayor parte del dinero público malversado.

Las sospechas apuntan a que los hechos podrían haberse extendido a lo largo de siete años. Las dificultades para investigarlos se concentran en la falta de control en las cuentas de los aparcamientos. Otra forma de conseguir fondos era a través de la venta de bonos de la compañía insular de transportes Titsa.

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