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José Alberto Díaz, alcalde lagunero: “Ante la incapacidad de presentar la censura, utilizan la Justicia” con el caso Grúas

José Alberto Díaz, alcalde de La Laguna, de CC

D. M.

Santa Cruz de Tenerife —

El alcalde de La Laguna, el nacionalista de CC José Alberto Díaz, se mantuvo este lunes casi inamovible en su interpretación acerca de lo ocurrido en el llamado caso Grúas, un proceso hoy judicializado (tras la reapertura de la causa a que obligó la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a un juzgado de instrucción en La Laguna) en el que se investiga cómo hizo las cosas ese Ayuntamiento tinerfeño con el citado servicio público de retirada de vehículos, en una etapa en la que el propio Díaz era concejal responsable de esa área en la reseñada Corporación y el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ejercía como alcalde.

En la entrevista que José Alberto Díaz concedió este lunes a Mírame TV, que contó con la participación de cuatro periodistas (el conductor del programa, Manolo Artiles; el director de Canariasahora.com, Carlos Sosa, y los informadores Esaú Hernández y Óscar Martín, este de Onda Cero), el hoy alcalde de La Laguna no dejó de repetir varios mensajes principales, a saber: la “decisión” que se adoptó en relación con las grúas municipales fue para “garantizar este servicio público”; el “expediente seguido cumple con todos los requisitos legales”, y, “ante la incapacidad de presentar una moción de censura, se utiliza la Justicia” contra el grupo de Gobierno local por parte de la oposición (por los hoy exconcejales del PSOE, entre ellos Javier Abreu; XTF-Nueva Canarias y Unidos Se Puede).

Además, José Alberto Díaz repitió una y otra vez que las grúas del municipio “no han costado un solo euro al Ayuntamiento”, y dijo más: “No han supuesto ningún coste y sí ha habido una ganancia del 4%”, en alusión a los intereses del préstamo concedido (120.000 euros) a la empresa privada que realizaba el servicio con el argumento de la existencia de un “desequilibrio económico en esta concesión desde hacía tres años”. Ello tuvo su origen, relató el alcalde, en una caída del presupuesto local aprobado para tal fin (en el año 2012, se pasó de 879.000 euros a 650.000). Díaz también trasladó su clara intención de “ejercer su derecho a la defensa”, pero eludió hablar de su posible dimisión como regidor local si al final resulta investigado o imputado en este proceso.

Aparte de estas cuestiones básicas y del recurso a leer y releer declaraciones y notas del expediente del caso Grúas, tanto por parte del alcalde como de algunos periodistas, la entrevista televisiva se desarrolló con el traslado de un reproche central: “Ha habido dos años de acusación y de condena, como si yo ya estuviera condenado”. “Ha habido una condena desde el principio”, y los “procesos judiciales tienen consecuencias cuando se terminan”. Por ahora, “solo se dice que hay indicios” y que “se investigue”, en referencia a que el alcalde actual no ha sido llamado a declarar como investigado o imputado en esta misma causa.

Díaz, que es abogado de profesión, centró su esfuerzo durante toda la entrevista en dejar claro que, según sus planteamientos, “ha habido máxima transparencia” con el llamado caso Grúas, con “todos los expedientes sobre la mesa”, a la vez que lamentó que “ir al juzgado”, en alusión al “escrito” presentado ante la Justicia con firma de concejales de XTF-NC y Unidos Se Puede, “no es la manera más correcta de hacer política”.

En relación con el préstamo otorgado por el Ayuntamiento a la empresa concesionaria del servicio público de grúas tras ser adquirida (Autogrúas Poli) por los supuestos amigos de Fernando Clavijo, el alcalde afirmó que el crédito era “necesario para garantizar ese servicio público”, que corría el peligro de ser realizado de forma inadecuada debido a la reducción presupuestaria ya señalada.

Según subrayó José Alberto Díaz, “el proceso seguido con las grúas en La Laguna es digno de aplicarse en otros municipios”. Sobre quién gestionó el dinero del préstamo, recalcó que los fondos siempre estuvieron bajo el control de dos administradores públicos nombrados por el Ayuntamiento.

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