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La alcaldesa de Mogán declara ante la Fiscalía por los contratos fraccionados a la productora de las audiencias trucadas

Gregorio Guerra, Onalia Bueno y Pedro Guerra.

Iván Suárez

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La Fiscalía de Las Palmas investiga los contratos adjudicados a dedo y de forma encadenada por el Ayuntamiento de Mogán a dos empresas administradas por los hermanos Pedro Guerra (Etiazul) y Gregorio Guerra (21 Bombillas) para la prestación de servicios de comunicación, promoción y publicidad. El gobierno liderado por Onalia Bueno, alcaldesa con Ciuca (Ciudadanos por el Cambio) y candidata a la reelección con su nuevo proyecto, Juntos por Mogán (en alianza con Coalición Canaria), concedió a esas dos sociedades, bien a través del propio Consistorio, bien mediante la entidad pública Mogán Sociocultural, al menos trece contratos (en su mayoría menores) por un importe total de 236.538,95 euros en tres años (2018, 2019 y 2020). 

El Ministerio Público abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada el pasado mes de junio por Podemos, que advertía de que ese fraccionamiento en la facturación por los mismos servicios (apoyo al gabinete de prensa del Ayuntamiento de la localidad sureña y explotación de la radio y la televisión municipal) constituye un “fraude” en la contratación pública, al vulnerar los principios de libre concurrencia, publicidad y acceso a las licitaciones. La alcaldesa ya ha prestado declaración, según confirman fuentes de la Fiscalía. 

Una de las empresas investigadas, Etiazul, es la productora de los dos programas de la Televisión Canaria que se beneficiaron del presunto fraude de las audiencias que obligó a Kantar Media a retirar varios audímetros en las Islas. Esa multinacional, responsable oficial de la medición de audiencias en televisión, detectó “comportamientos extraños” en determinados aparatos instalados en el Archipiélago en relación con la variable “invitados”, que en el caso de esos espacios de la empresa de Pedro Guerra se incrementaba llamativamente con respecto al resto de producciones de la televisión pública. 

La otra sociedad contratada por el Ayuntamiento de Mogán para las funciones de comunicación, publicidad y promoción es 21 Bombillas, que está administrada por Gregorio Guerra, director de la Radio Televisión de la localidad sureña, investigado en el Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana por un presunto caso de acoso laboral y abuso sexual tras la denuncia de una extrabajadora del ente público municipal. 

La denuncia 

La denuncia de Podemos que ha dado origen a la investigación de la Fiscalía incide en que el Ayuntamiento de Mogán ha concedido, directamente o a través de la entidad pública Mogán Sociocultural, contratos verbales y fraccionados que están “prohibidos tajantemente” por la normativa. Los contratos menores de servicios no pueden superar los 15.000 euros y el año de duración. Todo lo que exceda esas cifras, en dinero o en tiempo, debe resolverse con otros procedimientos (negociado con publicidad o concurso público). Esa limitación, incluida en la Ley de Contratos del Sector Público, pretende evitar los fraccionamientos y, en definitiva, que las empresas puedan encadenar adjudicaciones directas para la misma actividad sin dar la posibilidad a otras empresas que deseen concurrir a presentarse a un proceso selectivo. 

La denuncia sostiene que, para sortear esa limitación, los servicios de prensa y televisión se facturaban de manera alternativa y, en ocasiones, simultánea entre las dos empresas administradas por los hermanos Guerra, utilizando para ello denominaciones “ambiguas y genéricas” que, a juicio de Podemos, pretendían “ocultar el mismo objeto”. De esta manera, subraya el escrito, se garantizaban los pagos “beneficiando de forma directa” a los mismos empresarios. Se ejecutaban “sin expediente alguno de contratación”, “evadiendo el requisito de publicidad”, “sin presupuesto previo” del órgano de contratación y “sin comprobar la exigencia de capacidad de obrar y habilitación profesional” de los adjudicatarios. 

Como publicó Canarias Ahora en junio de 2022, durante esos tres años Etiazul (inscrita en enero de 2015) facturó 157.666 euros por ocho contratos en Mogán (tres con el Ayuntamiento y cinco con Mogán Sociocutural), mientras que 21 Bombillas percibió 78.872,95 euros en otros cinco (tres del Consistorio y dos de la entidad pública). Esta última sociedad, administrada por Gregorio Guerra, se constituyó el 18 de octubre de 2018, catorce días antes del primer contrato verbal con la administración. Se le adjudicaron los servicios de publicidad, promoción turística y apoyo al gabinete de comunicación. 

La denuncia sostiene que Etiazul no era apta para desarrollar determinadas actividades facturadas, de acuerdo con su objeto social (actividad de prensa) y que 21 Bombillas solo lo fue a partir de abril de 2019 (medio año después de constituirse), cuando amplió su objeto social para incluirse como agencia de publicidad, formación o asesoramiento. 

El escrito remarca que el Ayuntamiento de Mogán ya dispone de un gabinete de comunicación y que la entidad Mogán Sociocultural tiene otorgada desde 2007 la gestión directa de la radio y la televisión municipal a través de encomiendas por las que recibió 234.154,68 euros en 2017; 255.624,74 euros en 2018, y 256.624,78 euros en 2019. En los presupuestos de ese último ejercicio se hace constar que Mogán Sociocultural “dispone de los medios necesarios para la realización de una programación propia” y solo faculta a los gestores a acudir a servicios externos “para eventos con una producción muy compleja y servicios anuales de apoyo técnico y producción de contenidos”. 

También recuerda la denuncia que, en febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública estimó parcialmente los recursos presentados por Isabel Santiago, concejala de Nueva Canarias (NC), y Javier Romero, antiguo coordinador de la televisión pública, contra el acuerdo de noviembre de 2019 que aprobó la tramitación del concurso para la adjudicación del servicio integral de prensa y medios de comunicación. El tribunal anuló los pliegos alegando que la corporación ya disponía de medios suficientes para la prestación de ese servicio. 

La denuncia pone de manifiesto que, a pesar de ello, se adjudicaron contratos mediante decretos firmados por la alcaldesa, con idénticos informes de necesidad previos que lo justificaban por el “volumen de trabajo” que soportaba el gabinete de comunicación del Ayuntamiento. El precio “lo fijaba la adjudicataria”. Podemos llama la atención sobre la “aleatoriedad” de las tarifas pactadas. Por prácticamente el mismo concepto, en algunas ocasiones se pagaba 3.192,87 euros al mes y, en otros, 5.278.  

Para los denunciantes, estos hechos constituyen una “infracción continuada, burda y grosera de las normas de contratación pública para favorecer económicamente a los mismos empresarios”, que “han mantenido una relación profesional con el partido de Bueno (Ciuca) en las elecciones de 2019”. 

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