Los tentáculos del 'jefe' Dimas Martín en Lanzarote: del capitán de la Guardia Civil al director de la prisión

No solamente era el jefe de la presunta trama de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife, el “líder de una asociación ilícita” con roles perfectamente definidos. También ejercía una evidente capacidad de influencia en las más altas esferas de la isla de Lanzarote y mantenía conexiones fluidas, entre otros, con el entonces jefe de la Guardia Civil en la isla o con el director de la prisión de Tahíche, en donde se encontraba encarcelado por otra causa. El primero le llegó a pedir que intercediera ante el Ayuntamiento de Teguise para que le otorgase obra pública a un amigo suyo. Al segundo trató de solucionarle su futuro laboral en administraciones gobernadas por la formación política que dirigía, el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), ante su inminente marcha de la institución penitenciaria en la que el jefe había obtenido el beneficio del tercer grado.

Estas y otras cuestiones que figuran en el sumario del caso Unión en relación con la figura del histórico dirigente del PIL Dimas Martín, uno de los principales acusados de una de las mayores causas por corrupción en Canarias por número de piezas e imputados, han sido ratificadas por los dos capitanes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ejercieron hace más de una década como instructor y secretario en la investigación y que han declarado como testigos este miércoles en el juicio, durante la tercera sesión que celebra en Las Palmas de Gran Canaria la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

“Dimas impartía órdenes que no eran cuestionadas. Decía: a este se le paga, a este no. No eran consejos, eran órdenes (…) Había una sumisión de todos los miembros de la organización. Dimas había hecho muchos favores y entendían que le debían su medio de vida”. Así lo ha resumido el primer instructor policial de la investigación, hoy comandante, que no ha dudado en calificar a Martín como “líder” de lo que, con el actual código penal en la mano, se denominaría “organización criminal” con un “reparto claro de roles”. El veterano político “nunca se exponía”. En su lugar, lo hacían intermediarios. Y entre ambas escalas se situaban cargos públicos, concejales del PIL.

El investigador ha recordado que las pesquisas se iniciaron desde una unidad central de la Guardia Civil, la UCO, radicada en Madrid, precisamente por los recelos de los denunciantes ante el conocimiento de los vínculos de Dimas Martín con altos cargos de diferentes instituciones en Lanzarote. Tanto Carlos Espino, entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, como el empresario José Antonio Castellano y su hijo, el otrora diputado del PIL en el Parlamento de Canarias y actual consejero de Turismo del Gobierno regional, Isaac Castellano, decidieron no denunciar ante la delegación de la Guardia Civil en Lanzarote por esas sospechas de connivencia. Así lo reconoció también Castellano padre durante su declaración del martes.

Buena parte de la sesión de este miércoles ha vuelto a girar sobre las grabaciones de las conversaciones que incriminan a los acusados. Sus abogados sustentan las defensas en las supuestas deficiencias durante la instrucción de la causa. Por ello han incidido en errores de fechas y han tratado de asimilar este procedimiento al denominado caso Guateque, en el que resultaron absueltos los 30 procesados después de que la Audiencia de Madrid anulase las pruebas, unas grabaciones que, según el tribunal provincial, habían sido preconstituidas por una unidad territorial de la Guardia Civil (sin contar con autorización judicial) para inculparlos.

La grabación que da origen al caso Unión, la que registró la conversación en la que el empresario Fernando Becerra, actuando de intermediario del abogado y promotor inmobiliario Luis Lleó, ofrece una dádiva al consejero Carlos Espino a cambio de desbloquear un proyecto urbanístico en el sur de la isla, ya fue avalada por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El alto tribunal canario, con el voto discrepante de su presidente, Antonio Doreste, tumbó el auto que la había anulado, firmado por el polémico magistrado Salvador Alba, hoy suspendido y pendiente de juicio. En el transcurso de esa vista, el fiscal Javier Ródenas deslizó que Alba había dictado esa resolución pensando en su propia defensa. Finalmente se ratificó la prueba al estimarse que había sido obtenida de forma correcta y como refuerzo de la denuncia del consejero.

Los capitanes de la Guardia Civil explicaron en la sesión de este miércoles los primeros pasos de la investigación. Se desplazaron a Lanzarote el 4 de junio de 2008, cumpliendo órdenes de sus superiores, para verificar la denuncia de Espino sobre el primer intento de soborno el día 22 de mayo en su propio despacho. El secretario hizo acopio de materiales necesarios y solicitó una grabadora al equipo técnico. El instructor relató que tomó declaración a Espino en ese mismo lugar siguiendo el modo de operar habitual en pesquisas vinculadas a casos de corrupción, alejado de las dependencias territoriales de la Guardia Civil. “No se trata de una sospecha generalizada hacia los compañeros, es una cuestión de precaución. No conocemos los vínculos locales”, ha justificado el inspector, que ha añadido que fue el propio Espino quien les pidió un dispositivo para poder grabar el segundo encuentro que él mismo había concertado, sin la mediación de los agentes, con Becerra, para poder asimilar todos los datos, ya que en el primero había acabado algo confuso ante la avalancha de información.

A partir de ese momento, se activó el operativo y el inspector encargó una labor de vigilancia “discreta”, con evidencias fotográficas incluidas, para ratificar que esa reunión con el intermediario, Becerra, se producía, y cuánto duraba. A última hora de ese 5 de junio Espino finalizaba su segunda denuncia, que ya incluía la grabación que los investigadores aún no habían escuchado. Con esas diligencias comenzó la instrucción del caso y las intervenciones telefónicas, en un principio solo a Becerra, pero después ampliada a Luis Lleó (a quien el intermediario fue a ver a la cafetería Unión después de su reunión con Espino) y al resto de investigados.

La grabación de Castellano

Los esfuerzos de los abogados de los procesados se centran ahora en otro audio, el que presentó Isaac Castellano nueve meses después de que lo hiciera Espino, en marzo de 2009. El actual consejero de Turismo grabó por sus propios medios (una grabadora Panasonic de su propiedad) la conversación que mantuvo con Ubaldo Becerra, entonces concejal del Ayuntamiento de Arrecife, en la que este le exigía el pago de una comisión del 8% para desbloquear una deuda pendiente del Consistorio con la empresa de su padre que ascendía ya a 1,4 millones de euros.

En su declaración de este miércoles, los investigadores de la Guardia Civil han remarcado que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso Guateque, esa grabación de Castellano no contó con autorización judicial porque se produjo a iniciativa propia del denunciante y con sus propios medios. Tanto el instructor como el secretario de las diligencias policiales han remarcado además que en ese momento el caso ya se encontraba judicializado, pues Castellano padre había denunciado esos ofrecimientos para cobrar la deuda a cambio de una mordida que, en principio, era del 20 y, después, del 10%. Lo hizo a través de un agente del Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de Las Palmas al que conocía para sortear de esta manera a la delegación del cuerpo de la Guardia Civil en Teguise, con cuyo jefe Dimas Martín mantenía una estrecha relación, según el sumario.

Los investigadores del caso Unión han asegurado que la línea de investigación abierta a raíz de la denuncia presentada por los Castellano no guarda relación con la incoada a partir del relato de Espino. Según han manifestado ambos en la sesión de este miércoles, con posterioridad a la denuncia del padre y al audio aportado por el hijo, se registraron otros tres encuentros en los que se grabó esos intentos de soborno. A todos ellos acudió el empresario provisto de un medio de grabación encubierto proporcionado por la Guardia Civil, con autorización judicial, y de la grabadora propia, la que había utilizado su hijo. El instructor llegó incluso a admitir cierta “vergüenza” al explicar que fue esta grabadora de uso comercial la que mejor registró los diálogos, ya que la aportada por el cuerpo no se activó en dos ocasiones, la primera de ella debido a los nervios del empresario.

El ahora comandante de la Guardia Civil reiteró que en ningún caso dio indicaciones a Castellano sobre la forma de proceder en esas reuniones, más allá de advertirle de que no podía ser él quien ofreciera las dádivas, ya que incurriría en un delito, y subrayó que esos encuentros siempre fueron concertados por el empresario y que en ningún momento trataron de forzarlos. “Eramos simples observadores”, dijo. También negó haber inducido a los investigados a reconocer los hechos en las declaraciones prestadas después de las detenciones, como ha sugerido la defensa, y recordó que esos testimonios se prestaron en presencia de sus abogados, que no elevaron ninguna queja ni protesta.

La contratación de Dimas Martín

En la sesión de este miércoles también hubo espacio reservado para una rama ajena a la de las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife, la que juzga si el empresario Juan Francisco Rosa cometió un delito de falsificación documental por simular la contratación laboral de Dimas Martín como capataz agrícola en sus viñas en La Geria y en los jardines del hotel Los Fariones. Una acción que habría permitido al dirigente del PIL la recuperación del tercer grado penitenciario. El propio Rosa reconoció este extremo en sus dos primeras declaraciones en la fase de instrucción, aunque se desdijo en la tercera y en su último testimonio, en el juicio, ya como procesado. Según el sumario, el empresario obtendría a cambio de este favor una serie de ventajas para legalizar dos de sus hoteles, el Princesa Yaiza y el Son Bou.

El instructor policial del caso Unión explicó ante la Sala que las pesquisas no lograron detectar ningún vínculo laboral efectivo entre Martín y Rosa, a pesar de que este segundo había firmado un contrato con una de las empresas de su propiedad, Galerías Rosa, por 40 horas semanales. El abogado del empresario ha sugerido con las preguntas formuladas este miércoles que Martín pudo trabajar esas horas durante los fines de semana, ya que las conversaciones telefónicas interceptadas descartaban cualquier posibilidad de que lo pudiera haberlo hecho entre semana.

El juicio del caso Unión continúa este jueves con la declaración de peritos.