Esperanza entre los estafados por el 'time-sharing' en Tenerife tras las condenas en Reino Unido
La abogada del millar de afectados por el negocio del time-sharing en el sur de Tenerife, Eva Gutiérrez, ve con esperanza la noticia de que el responsable de la empresa Sell My Timeshare, Mark Rowe, y una docena de colaboradores hayan sido condenados por la justicia británica a siete años y medio de prisión, que cumplen desde agosto pasado.
La noticia ha sido dada a conocer por la cadena pública BBC, que hace nueve años llevó a cabo un programa con cámaras ocultas en el que los periodistas se hacían pasar por compradores de apartamentos en régimen de tiempo compartido en Tenerife.
La emisión del reportaje provocó un importante revuelo y dio lugar a una investigación que ha acabado con la condena de 14 procesados por estafar cerca de 30 millones a 3.500 propietarios de apartamentos en el sur de Tenerife, la mayor parte entre 60 y 80 años, alguno de los cuales perdió hasta 12.000 euros.
La abogada recuerda que en 2019 presentaron una denuncia en la vía penal que quedó archivada, en la que pedían a la Fiscalía abrir la posibilidad de condenar a los dueños de sociedades como Silverpoint, con fallos firmes en contra en la vía civil por valor de 12 millones.
La abogada desconocía tanto la emisión de este programa en su momento como el nombre de la compañía, lo que, según alegó, es normal dada la existencia de numerosas entidades con múltiples denominaciones.
El problema es que esas compañías ya no existen en la práctica, sus responsables se encuentran en paraderos desconocidos y unas 70 sociedades están ubicadas en paraísos fiscales.
Recuerda que en su momento la UDYCO, la unidad de la Policía Nacional encargada de la lucha contra el crimen organizado, llegó a investigar este entramado hasta reunir 19 tomos, una labor en la que participó también la Tesorería de la Seguridad Social.
La Fiscalía llegó a presentar una denuncia en julio de 2020 por supuesta frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, insolvencia punible y estafa procesal, que quedó archivada de forma provisional.
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