El Gobierno canario aceptó un presupuesto de 1,3 millones para mascarillas y batas sanitarias de una empresa que no existía

En abril de 2020, el Gobierno de Canarias, formado entonces por cuatro partidos (PSOE, NC, Podemos y ASG), aceptó en abril de 2020, en el segundo mes del estado de alarma por la pandemia de COVID-19, un presupuesto de suministro de mascarillas y batas sanitarias por un valor total de 1,34 millones euros formulado por una empresa que todavía no existía, Central de Sanitary Traders Spain SL.

En concreto, se trata de un presupuesto de compra de 133.300 mascarillas quirúrgicas, 133.300 mascarillas FFP2 y 133.300 batas impermeables y antibacterias identificado con el número 100/2020 y emitido el 20 de abril 2020, un día antes de que esa sociedad se constituyera en Las Palmas de Gran Canaria, el 21 de abril.

Son los datos que ha adelantado el diario El Español y que EFE ha corroborado con documentos oficiales publicados, por un lado, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde figura el expediente de toda la operación, y, por otro, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, donde consta que Central de Sanitary Traders Spain SL inició sus actividades el 21 de abril de 2020, con un capital social de 4.000 euros (BORME del 18 de mayo de 2020).

La Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha publicado en la plataforma oficial de transparencia en la contratación varios documentos sobre el encargo adjudicado a Central de Sanitary Traders Spain, porque se detectaron “errores aritméticos” en el presupuesto y la factura inicial y porque la empresa se retrasó meses en la entrega de 90.400 batas.

En un documento con fecha del 4 de junio de 2021, un año después de la operación, la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) en aquellas fechas, Ana María Pérez Afonso, certifica que ese contrato fue adjudicado a esa empresa el 21 de abril de 2020 por un importe inicial de 1.341.417 euros, que siete meses después se corrigió a 1.318.337 euros.

El “error aritmético” detectado consistía en que el presupuesto especificaba que se suministraban 133.300 mascarillas quirúrgicas a 99 céntimos la unidad, por un total de 131.967 euros; 133.300 mascarillas FFP2 a 2,95 euros la unidad por un total de 1.052.700 euros (sic, en realidad la suma correcta era 393.235 euros); y 133.300 batas a 5,95 euros la unidad por un precio total de 156.750 euros (sic, en realidad ese lote sumaba 793.135 euros).

La sociedad a la que ese hizo ese encargo de 1,31 millones por el procedimiento de urgencia no tenía ninguna experiencia anterior en el suministro de material sanitario. De hecho, recibió la adjudicación el mismo día que se constituyó en el Registro Mercantil de Las Palmas con Diego Luis C.M. como administrador único.

El problema en el suministro también consta en el expediente: el 19 de marzo de 2021, el SCS le pidió explicaciones por el retraso en la entrega de 90.400 batas encargadas un año antes (el 67% del lote), a lo que la empresa respondió dos días después alegando demoras en el transporte por mar, incidencias “burocráticas” en la Agencia Española del Medicamento y un problema en aduanas con una remesa donde aparecieron 100 unidades que llegaron mojadas.

También arguyó que tuvieron que cambiar el proceso de fabricación de las batas para elevar su calidad y que, “debido a la gran demanda internacional de transporte”, les cambiaron las condiciones del flete por vía aérea que habían contratado, lo que les obligó a recurrir a una naviera “al ser imposible su traslado por avión”.

El SCS aceptó esas explicaciones, porque seguía necesitando el suministro: las batas, razona la directora de Recursos Económicos en el expediente, seguían “siendo necesarias para paliar las contingencias derivadas de la COVID-19 en los centros sanitarios dependientes del Servicio Canario de la Salud”.

El documento en el que se explica todo el devenir de este expediente está impreso con los emblemas de la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), porque también en esta compra el Gobierno de Canarias aprovechó la opción ofrecida por la Comisión Europea para que la compra de material sanitario en el inicio de la emergencia sanitaria fuera cofinanciada con recursos comunitarios.

Tres casos Mascarillas en las Islas

La primera vez que se escuchó hablar en Canarias de un caso mascarillas fue en mayo de 2022. Entonces, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas anunció que investigaba al Servicio Canario de la Salud, que pagó cuatro millones a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, por unas mascarillas que nunca llegaron. La querella se dirigía al que era entonces el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez (que dimitió de su cargo) por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, mientras que al adjudicatario, Rayco Rodríguez, se le imputa una estafa agravada y blanqueo de capitales. En este caso también se investigó por presunta prevaricación administrativa a la antes mencionada Ana María Pérez Afonso. La causa penal sigue abierta en la Fiscalía Europea.

Casi dos años después del primer caso Mascarillas, la comunidad autónoma vuelve a estar señalada por haber comprado gran parte del material sanitario de la trama Koldo, el presunto fraude por parte de un asesor del exministro José Luis Ábalos. Y en la misma semana se conocía un tercer caso relacionado con la compra de este material y que investiga a cuatro empresarios por delito contra la Hacienda Pública. 

A todo esto se suma ahora lo conocido este martes sobre la adjudicación de un contrato a una empresa que aún no estaba ni siquiera creada.

Este mismo lunes el Gobierno de Canarias ha retirado preventivamente 10 millones de euros de fondos europeos con los que cofinanció la pasada legislatura gran parte de las mascarillas que compró a la empresa vinculada al caso Koldo, tras pedirle explicaciones la Comisión Europea sobre el uso de ese dinero. Esos fondos a los que se ha decidido renunciar se refieren a partidas que fueron justificadas por la Dirección General de Presupuestos y por la Intervención General de la Comunidad Autónoma ante la Unión Europea, en un procedimiento que los servicios jurídicos del Gobierno canario tienen ahora bajo estudio.