La justicia investiga a la concejala de Educación de Las Palmas por los contratos de limpieza de colegios

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Lourdes Armas, está siendo investigada penalmente en el Juzgado de Instrucción 3 de ese mismo partido judicial por la gestión del contrato de limpieza de colegios públicos y centros socioculturales, después de habérselo rescindido a la empresa Ralons Servicios y entregado a continuación a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en condiciones supuestamente más ventajosas.

La jueza Luz Calvé Mortes ha admitido a trámite una querella formulada por Ralons Servicios, que acusa a la concejala de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, negociación prohibida a funcionario público y falsedad en documento público. La investigada ya declaró ante la jueza el pasado día 20 de enero después de que el Ayuntamiento remitiera a la magistrada el expediente administrativo con todos los trámites realizados para dar por finalizado el contrato con Ralons después de ocho años de vigencia.

La querella admitida a trámite relata una serie de vicisitudes que la empresa querellante considera penalmente punibles por considerar que a FCC se le otorgaron una serie de ventajas que, de habérsele permitido a Ralons, habrían evitado la situación de impagos y posterior petición de concurso de acreedores en la que se encuentra en estos momentos. Entre otras ventajas, la querellante sostiene que a FCC se le permitió desentenderse de las obligaciones laborales para con los trabajadores de Ralons que debía subrogarse al asumir el contrato y de los despidos de aquellos que considerara que le sobraban, obligaciones que asumió el Ayuntamiento, según los documentos aportados a la querella.

Asimismo, Ralons considera delictivo el modelo de contratación directa elegido para traspasar el contrato a FCC, que quedó en tercer lugar en el concurso que la primera ganó en 2011. El ayuntamiento eligió esa fórmula “cuando se avecinaban elecciones y ante la amenaza de huelga por parte de los trabajadores”, sostiene el querellante. Y lo hizo después de consultar a la empresa que quedó en segundo lugar, Santana Cazorla, que declinó aceptar la oferta a la espera de que se produjera una nueva licitación que mejorara las condiciones respecto a las que se publicaron en 2011.

Precisamente ese cambio de condiciones respecto a las que tuvo que asumir Ralons cuando se adjudicó el concurso le conducen a considerar que ha habido un trato de favor hacia FCC. Porque mientras que el contrato original fue de 5,4 millones de euros, a la nueva empresa concesionaria se le abonan 5,9, de acuerdo con la querella.

Para Ralons, la gestión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en torno al contrato de limpieza de colegios y centros socioculturales ha estado plagada de irregularidades desde que en 2017 presentó la oferta económica más ventajosa en el último concurso convocado y el consistorio no solo no se lo adjudicó sino que atendió la impugnación de otro concursante y le alargó irregularmente la prestación del servicio en “un limbo prestacional” que acabó perjudicándole.

Durante todo este tiempo, desde 2017 hasta la adjudicación a FCC en 2019, Ralons “ha tenido que asumir un servicio conforme a unas normas de 2011 con un coste de personal de 2019”.

Es a esas condiciones desfasadas y a la imposibilidad de negociar ante los bancos el adelantamiento de pagos conforme el importe del contrato (factoring) a lo que Ralons atribuye gran parte de las causas que le han conducido a los impagos y retrasos en las nóminas del personal y, en definitiva, a su situación financiera y societaria actual.

Este periódico ha intentado contactar con la concejala, pero ha preferido no hacer declaraciones.