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Plante sindical en Justicia por el "desprecio" del Gobierno al caso de la funcionaria vetada por un juez

Los trabajadores abandonan la reunión del Comité de Prevención de Riesgos Laborales en señal de protesta por el "ninguneo" del Ejecutivo, que no incluye en el orden del día el conflicto en el juzgado de guardia de Las Palmas

La Junta de Personal ha decidido interponer una denuncia contra el magistrado Luis Galván ante la Inspección de Trabajo y ha anunciado concentraciones durante el acto de inauguración del curso judicial

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Protesta ante el juzgado de guardia de Las Palmas. (ALEJANDRO RAMOS)

Protesta ante el juzgado de guardia de Las Palmas. (ALEJANDRO RAMOS)

Los representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia en Canarias han abandonado este jueves la reunión ordinaria del Comité de Prevención de Riesgos Laborales en señal de protesta por el "desprecio" con el que, a su juicio, está tratando el Gobierno el caso de la funcionaria vetada por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Galván Mesa, durante las jornadas de guardia. Este juez ha ordenado a la Guardia Civil  en cuatro ocasiones expulsar a la trabajadora de las dependencias judiciales, alegando pérdida de confianza y atribuyéndole retrasos en la tramitación de las causas. 

Los delegados sindicales se sienten "ninguneados" por el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez. Le acusan de no preocuparse ni siquiera en nombrar a un sustituto para presidir la reunión de este jueves, a la que no acudió por encontrarse en unas jornadas de trabajo en Madrid, y de no incluir en el orden del día la situación de la empleada pública afectada, a pesar de que Intersindical Canaria (IC) pidió el pasado 21 de agosto la convocatoria urgente de un comité extraordinario con el objetivo de que se adoptasen medidas inmediatas para proteger la salud de la funcionaria, que ha acabado en Urgencias con subidas de tensión cada vez que ha sido expulsada de los juzgados.

Desde la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias defienden que el director general no consideró necesario aplazar la reunión ni designar a un sustituto porque el único tema a abordar en el orden del día, vinculado a la evaluación de riesgos psicosociales en los partidos judiciales de Arucas, Telde y La Orotava, "no era delicado". Las mismas fuentes desmienten que el alto cargo se haya opuesto a convocar el comité extraordinario sobre prevención y culpan de que no se haya celebrado a la propia Intersindical, "que se negó en agosto porque lo veía muy precipitado".

Magdalena Felipe, delegada de Prevención de Riesgos Laborales de IC, afirma que la versión de la Consejería de Justicia es "rotundamente falsa". Según la representante sindical, la respuesta a la petición cursada por la central el 21 de agosto llegó una semana después y de forma verbal, a pesar de que el reglamento en la materia exige que los comités extraordinarios sean convocados por escrito y en un plazo máximo de 48 horas desde que se envía la solicitud. Felipe explica que tampoco en esa contestación, proporcionada por vías no oficiales, se respetaron los plazos fijados en el reglamento, puesto que no se avisó con al menos 24 horas de antelación (se comunicó de forma verbal sobre las 14.00 horas del día anterior a la fecha fijada para una reunión que habría de celebrarse a las 10.00). La oposición a esta convocatoria es la razón a la que se agarra la Consejería para atribuir la responsabilidad del retraso al sindicato.

Posteriormente se llegaría a señalar otra día para la celebración del comité extraordinario, el lunes 10 de septiembre, pero la cita sería suspendida por cuestiones de agenda del director general de Relaciones con la Administración de Justicia.

El Gobierno de Canarias sigue defendiendo que "son los órganos judiciales quienes deben solucionar el problema" y que es al Poder Judicial a quien corresponde intervenir, eludiendo cualquier responsabilidad sobre el caso, a pesar de que es el empleador de la afectada y quien tiene la potestad sancionadora que, según los sindicatos, se ha atribuido irregularmente el juez. La Consejería limita su actuación en este conflicto a la de mero mediador y cita como ejemplo de su implicación el documento expedido al presidente del Tribunal Superior de Justicia y al magistrado del Juzgado de Instrucción 6 de la capital grancanaria para garantizar el ejercicio de la libertad sindical dentro de los juzgados.

El presidente de la Junta de Personal de Las Palmas, Luis Piernavieja, ha calificado de "vergonzoso y esperpéntico" el episodio vivido este jueves en el Comité de Prevención de Riesgos Laborales. Para el representante de los trabajadores, este caso es equiparable en gravedad al que derivó en  una condena a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por no proteger la salud de una funcionaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia número 7 de la capital grancanaria.

Piernavieja acusa a Cesáreo Rodríguez, "el peor director general en treinta años", de eludir "conscientemente" la convocatoria del comité y de vulnerar el reglamento de obligado cumplimiento. "Seguiremos adelante en nuestra lucha, no vamos a ser cómplices ni vamos a consentir este maltrato hacia una de nuestras compañeras", ha asegurado el presidente de la Junta de Personal, que ha destacado la unidad de todos los sindicatos en un conflicto que trasciende de lo personal. "Es una cuestión de interés general y de saneamiento democrático ante el desafuero de algunos miembros de la judicatura que creen tener una unción divina", ha manifestado.

Los trabajadores celebraron el pasado lunes una reunión de la Comisión Permanente de la Junta de Personal en la que decidieron emprender una serie de acciones en defensa de la trabajadora vetada por el juez, entre ellas la interposición de una denuncia ante la Inspección de Trabajo y la convocatoria de una concentración ante las puertas del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria en el acto de inauguración del año judicial.

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